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Boletín N°. 1915 Aprobar presupuesto 2017 responsable, inteligente y con franca orientación social, es el reto: César Camacho
  • Rector de la UNAM, Enrique Graue, hizo votos por que en educación básica se abandonen posiciones “fundamentalistas, corporativistas y radicales”

 

23-08-2016.- Durante la presentación del “Informe del Desarrollo en México 2015”, elaborado por la UNAM, el diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó que el reto es aprobar un Presupuesto de Egresos 2017 inteligente, responsable y de franca orientación social.

 

El compromiso legal y ético es un Paquete Económico que impulse y consolide el desarrollo del país con equidad, desafío que se afrontará con responsabilidad y convicción en tiempos de dificultades financieras como los actuales.

 

En presencia del Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, César Camacho destacó la responsabilidad de la Cámara de Diputados con la política social, la cual es la ética de la política.

 

Resaltó que el Informe, elaborado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, convoca al diálogo para tomar decisiones y romper los ciclos de lento crecimiento y la concentración de la riqueza.

 

Este informe, dijo, “no sólo diagnostica, sino que traza propuestas y da noción de la complejidad y de los múltiples factores que inciden en el desarrollo que obliga a reconocer que hace falta hacer más para que crezca la economía de forma dinámica”.

 

Uno de los retos es aumentar los recursos fiscales del Estado para financiar un sistema robusto de protección social, sin aumentar tasas ni creando impuestos, sino con mayor eficiencia en la recaudación, destacó.

 

Asimismo, mejorar el marco jurídico para dar claridad y sentido homogéneo a las actividades del Estado en materia de garantía de los derechos sociales, perfeccionar las políticas públicas en un marco federalista y municipio libre para enfrentar y resolver las condiciones de vulnerabilidad que viven los ciudadanos.

 

“El desarrollo debe ser la mejor cara de la democracia traducido en una mejoría económica, material y cultural de los ciudadanos, y propiciar el crecimiento de forma sustentable, sostenida y con equidad”.

 

El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, diputado Javier Guerrero García, enfatizó que las políticas sociales “no sólo deben atacar carencias y fortalecer derechos, sino también evitar riesgos sociales”.

 

Resaltó la importancia de retomar el diálogo entre la Cámara de Diputados y las instituciones de investigación como la UNAM, a través de la presentación de este informe, el cual “muestra el avance en la disminución de carencias, el esfuerzo por parte del gobierno de la República para combatirlo, particularmente para disminuir la pobreza”.

 

Refirió que las enfermedades erradicadas regresan a los sectores más vulnerables, donde niños y adultos mueren por padecimiento evitables, al igual que se registran carencias como la calidad educativa por la falta de empleo digno, factores de los riesgos que previene el informe.

 

En su oportunidad, el rector Graue Wiechers, dijo que los cambios generados en educación básica no han estado exentos de dificultades que todos nosotros conocemos.

 

“Desde la Universidad hacemos votos por que se abandonen las posiciones fundamentalistas, corporativistas y radicales, se pongan por delante los intereses de los mexicanos y se escuchen todos los puntos de vista, para conciliar y encontrar soluciones en beneficio de la educación básica de calidad, que representa una mejor ciudadanía y un mejor desarrollo social integral”, expresó.

 

Indicó que una de las mayores aspiraciones que debe tener México es ser un país mejor educado, “a nadie escapa que, para conseguirlo, debemos reformarnos, empeñar esfuerzos y recursos, y sin duda, sortear los problemas que vayan surgiendo”.

 

Al referirse a la educación media superior y superior, el rector de la Máxima Casa de Estudios afirmó que esos dos niveles deben crecer, aumentar la matrícula y mejorar su calidad, pues revisten gran importancia para el desarrollo social, político, económico e industrial del país.

 

“Un incremento de la matrícula del cuatro o cinco por ciento anual en educación media superior y superior, puntualizó, requiere un incremento presupuestal no menor del cuatro por ciento”, explicó.

 

Apuntó que la meta es que en 2022 todos los mexicanos tengan acceso al nivel medio superior, y la cifra de estudiantes deberá aumentar de cinco millones a seis millones 200 mil; es decir, que anualmente deberá haber espacio para 240 mil nuevos alumnos en bachillerato, durante los próximos cinco años, lo cual ejercerá una presión notable sobre la educación superior.

 

Explicó que en ese lapso deberá haber cinco millones 300 mil estudiantes en bachillerato, y cuatro millones en la licenciatura. Ello significa, que se tendrá que crecer casi un millón de educandos en licenciatura para que cuatro de cada 10 jóvenes tengan acceso, aunque seis no tendrán oportunidad de estudiar el nivel superior.

 

Además, hay estados como Oaxaca y Guerrero, donde ni siquiera dos de cada 10 tienen acceso a la educación. “La Universidad ha venido haciendo grandes esfuerzos para cubrir estas carencias. Hemos abierto campus foráneos y hemos incorporado nuevas licenciaturas, pero estamos lejos de alcanzar las cifras deseadas”.

 

Dijo que el informe elaborado por el PUED es un análisis de la situación del país para conocer las fortalezas, debilidades y propuestas de cambio, así como las estrategias y medidas que se siguen para solucionar la desigualdad social.

 

El documento, continuó, resalta avances, examina logros, señala rezagos y las razones por las que algunas de las medidas no han conseguido el efecto deseado y que es importante redireccionar o corregir.

 

Además, aborda los rasgos estructurales de la economía mexicana, que condicionan la desigualdad en el país. Asimismo, propone medidas que deben implementarse para que México siga un ascendente curso en el desarrollo social.

 

Rolando Cordera Campos, coordinador del PUED, afirmó que investigar el desarrollo en México coadyuva a esclarecer los dilemas actuales, ya que se vive un momento de “exacerbada turbulencia y enraizada confusión” que obliga a evaluar la crisis global y su impacto en los ciudadanos y en las decisiones del país, porque “es un auténtico cambio de época”.

 

“La austeridad debe aplicarse con equidad y racionalidad, no recortando salud, educación ni ciencia y tecnología. Crecimiento sí, y con urgencia con vocación social y redistributiva, porque se ha dejado de crecer como deberíamos por 30 años. Proyecto y unidad nacional con la participación y coordinación virtuosa de todos los sectores”, señaló.

 

Convocó a consolidar un compromiso social entre los grupos dirigentes y las comunidades, base social, que debe constituir el cimiento político de un país democrático y fuerte, capaz de afrontar los grandes retos que plantea la época actual.

 

Compromiso, añadió, en el que se encuentran la UNAM y toda su comunidad, para ampliar la democracia y fortalecer la República, garantizó.

 

Cordera Campos sostuvo que el desarrollo debe ser la mejor cara de la democracia traducido en una mejoría económica, material y cultural de los ciudadanos. El progreso debe propiciar el crecimiento económico de forma sustentable, sostenida y con equidad, finalizó.

 

Al expresar comentarios respecto al Informe del Desarrollo en México 2015, presentado por la UNAM, el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal (PRI) subrayó que el progreso es una responsabilidad del Estado, así como de todas las instituciones públicas y actores políticos. “Es necesario diseñar estrategias que maximicen el impacto de la inversión social y contar con instrumentos idóneos de medición”, apuntó.

 

Sostuvo que el Estado se debe esforzar en alcanzar los consensos necesarios para construir políticas que generen un modelo de desarrollo, con el propósito de mantener la estabilidad macroeconómica, y crear instrumentos eficaces para reducir la desigualdad entre las personas, las familias y las regiones, sobre todo del sur-sureste de México.

 

La diputada Ximena Tamariz García (PAN) mencionó que el informe presentado por la UNAM es un elemento importante para la toma de decisiones en materia económica y social. “Llega en un momento crucial que reclama una actuación gubernamental eficiente, ante el triunfalismo del gobierno que sólo encuentra mejoras en las condiciones de las familias”.

 

Las situaciones dramáticas que enfrentan millones de personas en el país y los grandes grupos de población en entornos de vulnerabilidad y exclusión, son motivo para reconocer que hace falta imaginación para atender y resolver los problemas sociales, afirmó.

 

Del grupo parlamentario del PRD, Cecilia Soto González refirió que el informe muestra los resultados magros de la política social de los últimos 30 años, donde “es claro que no todo ha sido negativo y ha habido avances; se ha formado un potente sector exportador, se han corregido excesos del anterior modelo de desarrollo y, aunque no se ha erradicado la pobreza, la extrema ha disminuido”.

 

Consideró que deben ejecutarse políticas que terminen con las transferencias monetarias condicionadas y comenzar una implementación del ingreso básico universal “que permita desfasar, paulatinamente, los más de 5 mil 900 programas sociales que plagan el presupuesto y mantienen a los pobres muy pobres”.

 

La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza (PVEM) argumentó que el mayor problema de México es la desigualdad y que el actual modelo económico produce brechas económicas, sociales y culturales que, año con año, se hacen más profundas.

 

Subrayó que problemas como el desempleo, crimen organizado, terrorismo, cambio climático y la migración, minan la calidad de vida de las personas y la capacidad de los Estados para actuar en consecuencia. “El desarrollo social es un pilar importante para garantizar el mejoramiento de vida de todas las personas”, reiteró.

 

De Morena, la diputada Norma Xochitl Hernández Colín consideró que las políticas sociales implementadas a lo largo de tres décadas han sido poco exitosas e insuficientes, y “lo único que ha cambiado es su nombre”, por lo que se requiere atender de manera distinta el bajo desarrollo social.

 

Refirió que la falta de crecimiento económico del país se debe a la falta de inversión y la mala distribución de los recursos. “Además, la extensión de la pobreza se ha vuelto asimétrica y las zonas rurales son las más marginadas”.

 

De Nueva Alianza, el diputado Ángel García Yáñez comentó que el informe revela la magnitud de las diferencias en aspectos y rasgos estructurales que han definido la economía mexicana durante tres décadas. Da la posibilidad de ver las áreas vulnerables para reajustarlas y lograr el desarrollo social que tanto requieren, agregó.

 

“Cerrar las brechas de desigualdad entre el norte y el sur del país, entre las zonas rurales y urbanas, entre las mujeres y los hombres, y el respeto irrestricto a los derechos de los ciudadanos, es un pendiente en la agenda legislativa”, reconoció.

 

El diputado de Morena, Juan Romero Tenorio, indicó que el informe marca la ruta crítica hacia el Presupuesto 2017. “La tarea es de la Cámara de Diputados, que debe trabajar en una propuesta que se acerque a un crecimiento con justicia social”.

 

La distribución de la riqueza es el principal problema que se enfrentará; sin embargo, ya hay una ruta encaminada con la propuesta que el Ejecutivo envía sobre ingresos y egresos, apuntó.

 

La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, diputada Araceli Damián González (Morena), destacó que no se podrá modificar la situación de pobreza que vive el país si “no nos constituimos en un verdadero contrapeso para el Ejecutivo. Estamos convencidos de que las reformas estructurales no han servido; por el contrario, han exacerbado la concentración del ingreso, lo que no permite que se genere realmente un crecimiento”.

 

Respecto a la situación de la educación en México, exhortó a los partidos políticos a comprometerse en superar la meta de jóvenes en edad de estudiar, que actualmente corresponde al 40 por ciento, cuando debería ser 80 por ciento. En materia ecológica, señaló que un asunto a tratar es el de las mineras, la cuales “no pagan casi nada por realizar su actividad y sí destruyen inmensidades del medio ambiente”.

 

Fernando Alberto Cortés Cáceres, investigador y docente en la Especialidad de Desarrollo Social del Programa Único de Especialidades en Economía de la UNAM, dijo que los estudios de pobreza muestran que el principal problema no es la política social, sino el crecimiento económico y la carencia de seguridad social.

 

Recordó que en el pasado se tenía la visión de que la desigualdad era buena para el crecimiento, se planteaba que había que concentrar el ingreso para luego crecer. Esa idea está sobrepasada, pues el Fondo Monetario Internacional, en su último informe, señala que los países con menos desigualdad crecen más rápidamente.

 

Marginación social no disminuye, pese al mayor gasto social: Informe del PUD de la UNAM

 

El “Informe del Desarrollo en México 2015”, presentado por la UNAM, refiere que México ha recorrido tres décadas con un patrón de escaso crecimiento, desigualdad y pobreza, en un marco de baja inflación y un acotado déficit presupuestal.

 

En la actualidad, la política social se ejerce a través de una multiplicidad de programas sociales. En 2014, refiere, el Coneval contabilizó 5 mil 904 programas de los tres órdenes de gobierno, lo que muestra uno de los principales problemas: dispersión de recursos entre un número excesivo de apoyos y su duplicidad.

 

Explica que el gasto social y los recursos ejercidos para superar la pobreza han crecido en las últimas décadas. No obstante, la incidencia de la marginación se muestra estática. Recomienda que, antes de considerárseles un fracaso, se debe revisar si estos ámbitos de la política han sido ineficaces o si existen factores adicionales.

 

Subraya que las políticas para combatir la pobreza deben ser parte de un modelo de desarrollo incluyente, que favorezca el crecimiento económico y la generación de empleos dignos, así como un régimen de mejora que provea bienes y servicios sociales básicos para toda la población.

 

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