• Firmas privadas concentran el 94 por ciento de la elaboración de semillas en México

06-12-2016.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 404 votos, el dictamen que reforma los artículos 4 y 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, para apoyar las empresas nacionales productoras y distribuidoras de semillas.

El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, prevé considerar la formación de recursos humanos y redes de conocimiento para la generación de empresas semilleras nacionales, con apoyo de Instituciones de enseñanza superior y tecnológica y centros de investigación.

La agricultura, explica, es el sector más afectado por el cambio climático. Los resultados de los análisis multimodelo indican que la combinación del incremento en la temperatura con el estrés nutricional, por falta de nitrógeno, reducirá de manera significativa el rendimiento de los principales cultivos en las regiones productoras de nuestro país.

Precisa que es necesario apoyar a las empresas nacionales que son productoras y distribuidoras de semillas, así como al financiamiento público para la investigación y el desarrollo, cuyo propósito fundamental sea la transferencia de tecnología que genere opciones para el sector productivo del campo mexicano.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, diputado Germán Escobar Manjarrez (PRI), consideró importante especificar que los apoyos que brinda el Estado para la conformación y consolidación de empresas productoras y distribuidoras de semillas, deben dirigirse de manera exclusiva a empresas nacionales, con el objetivo no sólo de fomentar la seguridad alimentaria, sino evitar su desventaja frente a empresas extranjeras que se dedican a la producción y distribución de semillas.

La producción de semillas en México está concentrada, en un 94 por ciento, solamente por las empresas privadas; en cuanto al sector público, únicamente es el 6 por ciento.

Relató que la semilla original la produce el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), el Colegio de Postgraduados, la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Agraria Antonio Narro, y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, y los sectores privado, público y social son los encargados de reproducirla y venderla.

Escobar Manjarrez mencionó que ese sector es el más afectado por el cambio climático. Los resultados de los análisis multimodelos indican que la combinación del incremento en la temperatura con el escaso valor nutricional por la falta de nitrógeno, va a reducir de manera significativa el rendimiento de los principales cultivos de las regiones productoras del país.

“Nos encontramos en un momento decisivo para generar políticas públicas con el fin de reconvertir áreas productivas, producir nuestros propios alimentos que mitiguen la dependencia alimentaria con otros países y, a su vez, incrementen la actividad primaria con opciones de crecimientos reales”, añadió.

Se busca fortalecer, por parte del gobierno federal, la creación de empresas semilleras nacionales, así como utilizar las herramientas tecnológicas que permitan la investigación en el mejoramiento de variedades de semillas que contribuyan a dotar al productor del insumo a mejores costos, y de mayor resistencia a las variaciones del cambio climático.

En los posicionamientos, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro Social) mencionó que este dictamen va a permitir generar una política pública que sirva al fortalecimiento de las empresas de semillas nacionales y, de esta manera, ser más competitivas y generar empleos.

De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados, realizado en agosto de 2015, la producción de semillas certificadas en el país alcanzó un total de 320 toneladas de cultivos básicos, como el maíz, frijol, arroz y soya.

Ángel García Yáñez, legislador de Nueva Alianza, argumentó que conforme a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el suministro de semillas de alta calidad es fundamental para garantizar seguridad alimentaria y en México, la producción de semillas se encuentra básicamente en manos del sector privado tanto nacional como internacional.

El objetivo del dictamen es robustecer a las empresas nacionales productoras y distribuidoras de semillas. Se requiere establecer en la ley los apoyos que brinda el Estado para la formación y consolidación de empresas. “A través de un sector agropecuario eficaz, productivo y sustentable se logrará aumentar en México la producción de alimentos que nos permita dejar atrás la dependencia”.

De Movimiento Ciudadano, el legislador Moisés Guerra Mota, expuso que el sector semillero tiene una importancia de trascendencia nacional, ya que de forma directa reserva la diversidad genética de los productos agrícolas del país. Sin embargo, permanece la ausencia de un organismo que regule este mercado e impulse la producción nacional para evitar la concentración del mercado de semillas en manos de las empresas trasnacionales.

Se manifestó por alentar a los productores para que inicien programas de suministros de semillas para pequeños agricultores, a precios accesibles y acordes a las condiciones de cada región, y así fortalecer el desarrollo en las zonas donde los campesinos no cuentan con los recursos financieros que les permitan disponer de tecnologías avanzadas.

El diputado Miguel Alva y Alva (Morena) relató que para la economía nacional este dictamen será una herramienta de mayor utilidad, dado que su objetivo es traer competencia al mercado de semillas, a la agricultura y a la alimentación en su conjunto.

Creará nuevas fuentes de empleo dedicadas a “mejorar el futuro del campo desde el campo”, deberá ser el detonante para que el Estado vuelva a promover las participaciones de la iniciativa privada nacional y del mismo Estado en ramas tan importantes como la agricultura. “Queda mucho por hacer si no queremos que nuestro campo quede en el abandono”.

Omar Noé Bernardino Vargas, diputado del PVEM, subrayó que es fundamental adecuar el marco normativo para crear una red de conocimientos conformado por recursos humanos y centros de enseñanza e investigación en el ámbito agropecuario.

“Dejémonos de legislar para favorecer oligopolios de empresas privadas y, peor aún, de extranjeros. Los mexicanos tenemos la capacidad para crear empresas nacionales en beneficio de los productores del país, y también ayudar siempre a los pequeños trabajadores de México”, abundó.

El diputado Felipe Reyes Álvarez (PRD) puntualizó que México es deficitario en semillas certificadas para cultivos básicos, de ahí la importancia de impulsar el acceso a las de calidad y en cantidades suficientes. El 85 por ciento de las semillas de maíz, son producidas en México, sin embargo el 95 por ciento de las que se utilizan son importadas.

Destacó que el país ofrece más de 300 variedades de semillas para los principales cultivos. El Estado, indicó, debe brindar los apoyos suficientes para la conformación y consolidación de empresas productoras y distribuidoras de semillas nacionales, y éstos deben dirigirse de manera exclusiva o, en su caso, prioritaria a las empresas del país.

Por Acción Nacional, el diputado José Erandi Bermúdez Méndez se manifestó a favor de mitigar el rezago y el desequilibrio que sucede en el campo mexicano. “Hoy tristemente, el 94 por ciento de las semillas de este país son importadas y manejadas solamente por 5 empresas”.

Se plantea llevar esa transferencia de tecnologías a las instituciones que le han dado gloria al país, como son la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Chapingo y el Colegio de Posgraduados, así como instituciones agrarias dedicadas a la investigación para que los agricultores tengan las condiciones adecuadas.

El diputado José Hugo Cabrera Ruiz (PRI) señaló que para la agricultura la semilla representa un insumo estratégico e indispensable para generar productos de calidad. “El dictamen robustece la seguridad alimentaria y permitirá que las empresas mexicanas dedicadas a la producción de semillas compitan, en igualdad de condiciones, frente a las extranjeras”.

Añadió que en México prevalece la necesidad de mejorar la calidad, sobre todo de la alimentación y el incremento de la producción agrícola. “Dicha situación evidencia la urgencia de tecnificar al campo. Debemos retribuirle todo lo que nos ha dado y legislar a favor del sector primario de México”.

Al hablar a favor, la diputada Natalia Karina Barón Ortiz (PRD) mencionó que es vital fomentar y proteger por el Estado a empresas semilleras y redes de conocimiento de carácter nacional, ya que “el panorama que tenemos actualmente en el mercado de semillas mantiene a las empresas nacionales, tanto públicas como privadas, de simples peones de los grandes consorcios agroindustriales”.

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