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Boletín N°. 2745 Comisión aprueba incentivos a empresas que den servicios de telecomunicaciones en Zonas Económicas Especiales
  • También avala aumentar a 49 por ciento participación de inversión extranjera en transportes aéreo nacional, especializado y aerotaxis

08-12-2016.- A fin de otorgar incentivos a las empresas que faciliten la penetración de los servicios de telecomunicaciones en las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y áreas de influencia del país, la Comisión de Economía, presidida por el diputado Jorge Enrique Dávila Flores (PRI), aprobó reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La iniciativa con proyecto de decreto, presentada por el diputado del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, define a las Zonas Económicas Especiales como un área geográfica del territorio nacional, determinada en forma unitaria o por secciones, sujeta al régimen especial previsto en la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, que beneficien la incorporación social e innovación.

Con las modificaciones a los artículos 2 y 14 de ese marco jurídico, se promueven diversas acciones para que las empresas concursantes en las licitaciones tomen decisiones que propicien generar condiciones de vida dignas y desarrollo económico igualitario para la población de más bajos recursos.

Por otra parte, los integrantes de la instancia legislativa avalaron modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera, con el propósito de elevar el porcentaje de participación del capital externo en el transporte aéreo nacional, especializado y aerotaxi al pasar de 25 a 49 por ciento.

“Eso alentaría la participación del capital extranjero para que invierta en empresas mexicanas y garantizaría la competitividad, reflejándose en más competencia en el sector y menores precios para los usuarios, ya que México es uno de los países que restringe en mayor medida la inversión externa en esos rubros”, se dijo.

El diputado Dávila Flores aseguró que esta última reforma se sustentó en consultas, opiniones y análisis de la Secretaría de Economía, la cual emitió un informe positivo para llevarla a cabo, así como de los órganos reguladores del sector como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

El diputado del PAN, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, proponente de la iniciativa, resaltó que el sector privado aeronáutico nacional se beneficiará con estas modificaciones alentando el desarrollo de las aerolíneas, ya que se había excluido la aviación civil privada y comercial. Se promoverá la competencia y competitividad, apuntó.

Refirió que la Ley de Inversión Extranjera se creó en 1993 con la finalidad de mejorar la competitividad e impulsar el desarrollo del país, definiendo los porcentajes en los cuales puede participar el capital externo en las diversas ramas productivas mexicanas.

Explicó que, actualmente, sólo el sector cooperativo permanece con una participación de capital foráneo del 10 por ciento; el resto de las ramas productivas, como la ferroviaria, agricultura, marina y pesca, tiene ya autorizado el 49 por ciento.

Al participar, la legisladora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, cuestionó el porcentaje de 49 por ciento como límite de la inversión extranjera en las aerolíneas nacionales, y señaló la necesidad de solicitar a los organismos reguladores una opinión y un informe sólido para sustentar la reforma.

Por el PAN, el diputado Gerardo Gabriel Cuanalo Santos propuso que se ofrezcan incentivos a empresas que inviertan no sólo en el sector de telecomunicaciones en las zonas marginadas, sino también en otras ramas que contribuyan a crear infraestructura y, con ello, generar oportunidades de empleo, para que detonen desarrollo e inversión, mediante una estrategia definida claramente. Pidió solicitar una opinión a la Comisión Especial de Zonas Económicas Especiales.

El diputado panista Miguel Ángel Salim Alle señaló que impulsa una iniciativa para frenar la demora y cancelación de vuelos nacionales, porque impactan negativamente la economía del país y de las empresas, al perderse citas de negocios y conexiones de vuelos.

Se requiere que la Procuraduría Federal del Consumidor intensifique las acciones para garantizar los derechos de 37 millones de mexicanos que usan al año los servicios aéreos, y se estipule una bonificación no menor al 25 por ciento del costo del boleto de avión, que deberá pagar la aerolínea, en caso de incurrir en demora o cancelación.

Además, propone que los permisionarios informen verdaderamente las causas de la demora o cancelación, y de ser imputable a la compañía aérea, se le sancione. Recomienda ofrecer electrónicamente el folleto de derechos de los usuarios y la posibilidad de que por esa vía se presente una queja por esos motivos.

La legisladora Anaya Mota refirió la necesidad de que se privilegien los derechos de las personas con discapacidad en la red aeroportuaria del país, debido a que no existen instalaciones adecuadas para atenderlas cuando abordan los aviones, lo cual demora la salida de las rutas en perjuicio de todos.

El legislador del PRI, Juan Manuel Cavazos Balderas, destacó la importancia de reformar el marco jurídico nacional que coadyuve a alentar la competitividad de las empresas mexicanas en sectores tan sensibles como el de telecomunicaciones y el de la inversión extranjera.

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