16-12-2016.- Es necesario que las autoridades puedan intercambiar información sobre extranjeros que cometieron un delito en sus países, a fin de prevenir su ingreso al territorio nacional, y que los tres órdenes de gobierno realicen funciones preventivas y de investigación con nuevas tecnologías para la búsqueda y localización de fugitivos.

Para atender estas circunstancias, la diputada Adriana Sarur Torre (PVEM) impulsa reformas a diversos ordenamientos legales para crear un sistema de registro biométrico policial, de inteligencia y preventivo para emitir una Alerta criminal, de alcance a todas las autoridades del país, cuando un extranjero cuente con antecedentes penales por delitos graves, sin importar dónde o cuándo los haya cometido.

Se busca ampliar las facultades de las autoridades para negar el ingreso al país a delincuentes prófugos de la justicia en sus países de origen o que hayan cometido delitos graves de acuerdo con las leyes mexicanas, puntualizó.

Ello, continuó, impediría el ingreso de transgresores de la ley en sus países de origen, se evitaría la corrupción de estructuras gubernamentales que permitan su ingreso y se prevendría que grupos delictivos de otras naciones se asienten en México para destruir sistemas económicos nacionales e influir en las esferas políticas y judiciales “para adquirir impunidad”.

El documento, signado por legisladores del mismo grupo parlamentario, y turnado a Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública para dictamen, refiere que no se busca regular delitos de extranjeros en México, ya que son juzgados conforme a la leyes nacionales y las penas pueden ser purgadas en sus países de origen, siempre que no sea un delito grave o que otro país lo solicite en extradición.

Considera el derecho de las personas a saber si corren riesgos al tener una vecindad con alguien que ha cometido delitos como pederastia, violación o violencia contra las mujeres y, en esa medida, “las autoridades estarían obligadas a observar con mayor vehemencia la seguridad”.

Sarur Torre propone establecer el registro de datos biométricos como información obligatoria que debe proporcionarse a autoridades como la PGR, Instituto Nacional de Migración, secretaría de Gobernación y las de Seguridad de los estados, para inhibir el desplazamiento de extranjeros buscados por delitos graves en sus lugares de origen.

“Es elemental para atacar un fenómeno delictivo globalizado”, tendente a persistir por la permeabilidad de las fronteras, la debilidad de las instituciones del Estado, la flexibilización de voluntades políticas para combatirlo, el incremento de movimientos migratorios, las facilidades para ejecutar operaciones financieras y la posibilidad de ocultar el producto de ellas, y los métodos convencionales de ejecución de la ley.

En México, alrededor de mil 983 presos extranjeros están sujetos a procesos penales por la comisión de delitos federales y permanecen en las cárceles del país.

Es de conocimiento público que bandas de colombianos que operan en México, han sido encarceladas y erradicadas mediante procedimientos legales; sin embargo, regresan con pasaportes falsos o suplantando identidades. “Esos grupos podrían ser plenamente identificados si al ingresar al país se requiriesen datos biométricos, lo que guiaría a las autoridades a emitir una alarma para impedirlo, con la certeza de su identidad”.

Baja California tiene la Unidad de Enlace Internacional, como conexión directa con el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y con la United State Marshall, Immigration and Customs Enforcement (ICE), Customs and Border Protection (CBP), Border Patrol, y la Marina de los Estados Unidos. Como resultado de esa cooperación binacional se han detenido secuestradores, violadores, acosadores y pederastas.

En los últimos dos años, México recibió mil 523 alertas migratorias relacionadas con pederastas y abusadores sexuales que intentaron ingresar al país. De ellos, 393 lograron su cometido: a 142 no se les pudo impedir la entrada por ser ciudadanos mexicanos que acumularon su historial como pederastas fuera del territorio nacional, y el resto comprobó que acudía por actividades legítimas.

La propuesta de los diputados del PVEM pide modificar la fracción V del artículo 6 de la Ley de Seguridad Nacional, para incluir como información gubernamental confidencial, los datos biométricos registrados con motivo de una alerta criminal.

Agregar en la fracción II, del artículo 5 que deberá construirse la base de datos biométricos de extranjeros que ameriten una alerta criminal por sus antecedentes criminales dentro o fuera del territorio nacional.

Por lo que hace al párrafo segundo del artículo 118 de ese mismo ordenamiento, estipula que se integrará una base de datos biométricos para el perfilamiento de quienes propicien una alerta criminal, en su caso, extranjero con antecedentes penales por delitos graves.

La fracción I del artículo 37 de la Ley de Migración plantea agregar el inciso d) para que los extranjeros que pretendan internarse en el país, presenten, además, carta de no antecedentes penales o equivalente del país en el que hayan residido por último o últimos 5 años, con una vigencia máxima de 30 días.

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