21-12-2016.- El director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, Sadot Sánchez Carreño, afirmó que la independencia, autonomía y objetividad, son factores importantes para que el Poder Judicial cumpla sus funciones.

En el marco de los Diálogos Constitucionales, ahora con el tema “El desarrollo de los medios de defensa constitucional de 1917 a la fecha y su futuro previsible”, manifestó que “en la Cámara de Diputados, que es donde se expresa la voluntad política de la sociedad mexicana, hoy existe una inercia irreversible que busca fortalecer a los poderes Legislativo y Judicial”.

Agregó que la ciudadanía no sólo tiene derechos y puede ampararse con lo que establece la Constitución, sino que ese marco de protección “se ha ampliado con los instrumentos y la justicia internacionales”.

Al iniciar los diálogos, la jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero estimó que actualmente existe poca credibilidad en los juzgadores del país, y persiste el descrédito de su función; sin embargo, “a quien rinde cuentas nuestro trabajo es a la Constitución”.

Resaltó que hay derechos importantes como el de igualdad y no discriminación, y aseveró que a todos los ciudadanos se les tiene que aplicar la norma por igual. “No debe haber estado de excepción. Tenemos que salir del rol que existe en el país en el cual la aplicación de la ley puede ser discrecional o en función de poderes políticos, económicos o género”.

“Los jueces, por ejemplo, tenemos la obligación legal de suplir la deficiencia de la queja cuando vemos a un grupo en situación de vulnerabilidad o a alguien que, por su situación de extrema pobreza, no puede hacer los argumentos debidos en los juicios, o una persona con alguna discapacidad”, detalló.

El magistrado Julio César Vázquez Mellado, al referirse a los juicios de amparo, dijo que se debe dejar que las instituciones locales funcionen y que el Poder Judicial sólo refuerce en aquellos casos que lo merezcan.

Por otro lado, señaló que las normas claman por ser interpretadas y mucho depende del sentido que se le dé para los efectos que se puedan derivar; ello dijo, tiene que ver con que la doctrina constitucional que está elaborando la Suprema Corte. Por tanto, los senadores tienen un encargo histórico para que los nombramientos que hagan de las y los ministros de la Suprema Corte, se realicen con temperamento, carácter, ideología y visión garantista de los derechos humanos.

El doctor Vicente Fernández consideró que el juicio de amparo “es un recurso que no debía llegar a un Juez de Distrito, cuando antes de él, otros impartidores de justicia tienen la obligación de garantizar los derechos de las personas”.

Apuntó que “ha habido una apertura en cuanto a la protección de los derechos, pero aún estamos lejos de llegar a lo ideal. En el futuro, se ven problemas, no con los juzgadores, sino con las demás autoridades”.

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