Diputados y senadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PVEM y Morena presentaron ante el pleno de la Permanente cinco iniciativas para crear el ombudsperson turístico; hacer que el presidente de la República responda en 15 días requerimientos de información de los legisladores respecto a la glosa del Informe de Gobierno; impedir transferencias de fondos federales a cuentas bancarias no autorizadas; manejo de zonas históricas, y uso industrial de la cannabis sativa.

Piden instituir el ombudsperson turístico

La primera de ellas, presentada por el diputado José Luis Toledo Medina (PRI), plantea la creación de la figura de ombudsperson, quien velaría por la calidad de los servicios turísticos y concientizaría al sector turístico sobre la importancia de conocer y hacer respetar los derechos de los visitantes.

La reforma, que modifica el artículo 61 y adiciona un artículo 62 Bis a la Ley General de Turismo, destaca que en México esa actividad crecerá este año un 4.9 por ciento más que el 2015, lo que significa una derrama de poco más de 18 mil millones de dólares. Se turnó a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados.

Buscan dar celeridad a respuestas del Ejecutivo ante glosa de Informe Presidencial

Otra, presentada por el diputado Federico Döring Casar (PAN), reforma el artículo 69 de la Constitución Política con el fin de establecer que el Ejecutivo federal responda un requerimiento derivado de la ampliación de información de la glosa del Informe Presidencial a cualquiera de las dos cámaras del Congreso de la Unión, en 15 días.

El propósito es que ambas colegisladoras tengan la posibilidad de requerir datos adicionales en el ejercicio de la glosa durante el primer periodo de sesiones de cada año de una Legislatura, si es que no les satisfizo la información o la respuesta referida por el Ejecutivo.

Fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

Cárcel al servidor público que transfiera fondos federales a cuentas bancarias no autorizadas

El senador �ngel Benjamín Robles Motoya (PRD) propuso reformas a los artículos 85 y 86 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para sancionar con pena de dos a siete años de prisión, y multa de mil a 500 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a los servidores públicos que realicen transferencias de recursos federales a cuentas bancarias no autorizadas por la Secretaría de Hacienda.

“La propuesta tiene como finalidad crear mecanismos legales que enfrenten esta grave problemática que afecta negativamente la aplicación del gasto público�, señaló el legislador. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

Establecer planes de manejo para zonas históricas y arqueológicas

También, fue presentada por el senador Jorge Aréchiga �vila (PVEM) una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con la finalidad de establecer un capitulo IV Bis “De los Planes de Manejo�.

El objetivo, contar con un documento técnico operativo, resultado de un proceso de planeación, que dirija, organice y regule la ejecución de estrategias, proyectos y actividades encaminadas a la conservación, protección y mantenimiento integral en un corto, mediano y largo plazo, así como las acciones y medidas para su uso y aprovechamiento responsable y racional de dichas áreas y patrimonios. Se envió a la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores.

Buscan regularizar el uso industrial del cáñamo derivado de la mariguana

Por último, de la fracción parlamentaria de Morena, la diputada Norma Xochitl Hernández Colín (MORENA) planteó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal para permitir el uso industrial de la cannabis sativa con concentraciones de tetrahidrocannabinol menores a 0.5 por ciento.

“En este caso no nos referiremos a esa variedad que se usa para uso médico o recreativo, sino a la variedad que se usa industrialmente y es más conocida como cáñamo�, explicó.

Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia de la Cámara de Diputados.

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