• La tala clandestina causa pérdidas a la Federación por alrededor de mil 300 millones de pesos anuales

08-01-2016 El diputado Ángel García Yáñez (Nueva Alianza), integrante de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, denunció que en nuestro país el 50 por ciento de la madera que se comercializa es ilegal, es decir, se extrae sin contar con la autorización para el aprovechamiento de recursos forestales que exige la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El legislador manifestó que según datos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), el valor del mercado de madera ilegal en México es de aproximadamente 4 mil 200 millones de pesos al año, lo que representa una pérdida para la Federación de cerca de mil 300 millones de pesos anuales, equivalente a poco más de la mitad del presupuesto 2016 asignado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Subrayó que la comercialización clandestina de madera promueve un círculo vicioso de ingobernabilidad, ya que la corrupción y violación a las leyes debilita el Estado de Derecho y desestimula la inversión del negocio legal.

Aseguró que este ilícito no sólo afecta a la economía del país, sino que contribuye directamente a la pérdida desequilibrada de los recursos forestales como la merma del hábitat de gran variedad de especies de fauna y flora, lo cual implica el riesgo de extinción de las mismas; la afectación de los mantos freáticos, y la reducción en la absorción de gases de efecto invernadero.

Ante este panorama, García Yáñez propuso reformar el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de que en la adquisición de muebles y suministro de oficinas fabricados con madera, el Estado solicite a sus proveedores certificados registrados ante la Semarnat que garanticen su origen y manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de donde proviene este material.

Indicó que esta reforma también pretende que las adquisiciones de papel para uso de oficina tengan como mínimo 50 por ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias primas provenientes de aprovechamientos forestales certificados.

Puntualizó que si el Estado pretende que sus decisiones de compra de madera no impacten negativamente al medio ambiente y a la sociedad, entonces deberá aumentar la calidad de sus criterios de adquisición sustentable y, con ello, garantizar la compra de producto maderable certificado no solamente en origen, sino a lo largo de toda la cadena hasta llegar al consumidor final.

“Es necesaria una reforma tal que obligue al Estado a que sus adquisiciones de madera o de productos de oficina fabricados con madera vayan respaldadas con un certificado de cadena de custodia”, insistió.

Destacó que con esta certificación se evaluará todo el proceso por el cual pasa el recurso maderable, desde su extracción hasta la elaboración y comercialización del producto final.

Finalmente, reiteró que esta reforma obligará al Estado a comprar únicamente material nacional, lo cual asegurará la comercialización para los productores y proveedores de madera que actúan apegados a la ley y que se certifican, cuya competitividad se ve afectada en términos de precio, ya que la venta clandestina de este producto resulta más barata al no pagar impuestos, deprimiendo los precios de los productores legales.

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