• De acuerdo con CNDH: 67.4 por ciento de los il铆citos cometidos contra ellos suceden en Veracruz, Tabasco y Chiapas

11-01-2016.- El diputado Felipe Reyes 脕lvarez (PRD), secretario de la Comisi贸n de Asuntos Migratorios, urgi贸 reformar diversas disposiciones de la Ley en la materia, a fin de prevenir la violaci贸n de los derechos humanos de los migrantes por parte de los cuerpos policiacos a nivel federal, estatal o municipal, y por personal del Instituto Nacional de Migraci贸n (INM).

Detall贸 que anualmente ingresan al pa铆s 150 mil personas de forma ilegal a trav茅s de la frontera sur; a su vez, el Colegio de la Frontera Norte (Colef) estima que cruzan la frontera hacia Estados Unidos alrededor de 350 mil mexicanos.

Expuso que la Comisi贸n Nacional de los Derechos Humanos document贸 que el 67.4 por ciento de los il铆citos cometidos contra migrantes sucedi贸 en Veracruz, Tabasco y Chiapas, mientras que el 29.2 por ciento ocurri贸 en la zona norte y el 2.2 por ciento en el centro del pa铆s, datos alarmantes que ponen en evidencia la vejaci贸n de las garant铆as de este grupo de personas.

Subray贸 que el INM, por su parte, ha documentado diversas denuncias por actos de corrupci贸n y delitos, entre los que destacan: secuestros, extorsiones, trata de personas, violaciones, homicidios y robo de 贸rganos, entre otros.

Al respecto, continu贸, el director Jur铆dico del Instituto Nacional de Migraci贸n, Antonio Musi Leyva, reconoci贸 que personal de esta dependencia se ha involucrado con redes del tr谩fico de personas y colaborado con el crimen organizado, e inform贸 que se despidi贸 a cerca de 500 servidores p煤blicos qu茅 no pasaron los controles de confianza.

鈥淓sta situaci贸n pr谩cticamente ha transformado al Instituto Nacional de Migraci贸n en un verdadero negocio que se mantiene en la impunidad鈥�, consider贸 el diputado.

Resalt贸 que para el pa铆s la seguridad y protecci贸n de los migrantes es un problema real no resuelto por las autoridades mexicanas, a pesar de los diferentes esfuerzos realizados por distintos sectores y organizaciones.

En muchos casos, subray贸, 鈥渟on las mismas autoridades de todos los niveles quienes violan los derechos humanos, lo que provoca una verdadera crisis鈥�.

Reyes 脕lvarez record贸 que los migrantes son v铆ctimas no solo del crimen organizado, sino tambi茅n de funcionarios del INM, de polic铆as de cualquier orden de gobierno e, inclusive, de miembros de las Fuerzas Armadas, por lo que se debe legislar para sancionar a los servidores p煤blicos que atenten contra los derechos humanos fundamentales de esa poblaci贸n.

Puntualiz贸 que las reformas a la Ley de Migraci贸n buscan prohibir expresamente que ning煤n elemento de las Fuerzas Armadas, de las corporaciones policiacas o de seguridad p煤blica federales, estatales o municipales podr谩 detener a las personas para comprobar su situaci贸n migratoria o por tener una estancia irregular en el pa铆s.

De igual manera, plantea que la protecci贸n y defensa de los derechos e intereses de los migrantes, nacionales y extranjeros, estar谩 a cargo de la Procuradur铆a Federal de la Defensa de los Migrantes, que se crear铆a como un Organismo P煤blico Descentralizado, no sectorizado, con personalidad jur铆dica y patrimonio propio, con autonom铆a t茅cnica, funcional y de gesti贸n.

Indic贸 que esta procuradur铆a se encargar谩 de prestar, gratuitamente, los servicios de asesor铆a y representaci贸n legal para que los migrantes, nacionales y extranjeros, tengan acceso a la justicia en la materia ante el INM y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Tambi茅n tendr谩 facultades para realizar visitas de inspecci贸n a las Estaciones Migratorias, con el objetivo de verificar que se respeten los derechos humanos de los que est茅n ah铆 alojados temporalmente y que se cumplan las disposiciones que establece la Ley de Migraci贸n.

Asimismo, se propone crear una Visa de Tr谩nsito, por 90 d铆as, que beneficie a los migrantes centroamericanos, ya que constituyen un elevado n煤mero de indocumentados que anualmente ingresan a nuestro pa铆s.

Finalmente, se plantea estipular que las violaciones a los derechos humanos, por parte de los servidores p煤blicos, se equiparar谩n al delito de Abuso de Autoridad.

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