20-01-2016.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó 11 dictámenes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativos a exhortos a diversas autoridades estatales.

A través de ellos, se solicita al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y al municipio de Matamoros, informen sobre las medidas y acciones emprendidas para combatir el secuestro en esta localidad.

Se pide al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentar informe sobre la conveniencia y alcances de establecer una base de datos de la viudez en el país, con la finalidad de crear indicadores que permitan la construcción de políticas públicas específicas e integrales a favor de este sector de la población.

Asimismo, se requiere a la Fiscalía General del Estado de Morelos, un informe sobre el estado que guardan las investigaciones relacionadas con los cadáveres exhumados en el poblado de Tetelcingo, del municipio de Cuautla, Morelos.

Al titular de la Fiscalía General de Guerrero se le exhorta a realizar acciones que garanticen el debido proceso y el respeto irrestricto de los derechos humanos de la ciudadana Nestora Salgado García.

Demandan al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de la Dependencia que corresponda, remitir un reporte sobre la recepción y avances del cumplimiento de la decisión adoptada por el Comité Contra la Tortura, en su 55 periodo de sesiones celebrado del 27 de julio al 14 de agosto de 2015.

Exhortan al gobernador de Jalisco a fortalecer el cuidado y protección de los derechos humanos de los indígenas de la entidad, particularmente a los de la comunidad Nahua del Municipio de Cuautitlán de García Barragán.

Asimismo, piden a la Fiscalía General de la entidad garantizar el debido proceso y el respeto irrestricto de los derechos humanos de los indígenas Miguel Monroy, Gaudencio Mancilla y Macrina de los Santos López.

Solicitan a la Secretaría de Gobernación; al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública, para que estimen la incorporación del ayuntamiento de Loma Bonita, Oaxaca, así como de los de Tizimín y Valladolid, de Yucatán, dentro de las demarcaciones beneficiarias por el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) correspondiente al 2016.

También, aprobaron un punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, informe si el Fideicomiso de la Central de Abasto de la Ciudad de México (FICEDA) o el Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto de la Ciudad de México (FCOCACM), se encuentran considerados como entes obligados a rendir información pública dentro del catálogo formulado por el propio Instituto.

Igualmente, exhortan al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación y en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan acciones de apoyo a la población de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, y demás entidades afectadas por las bajas temperaturas.

También, les demandan intensificar las campañas de información, prevención y protección, para mitigar los efectos de las heladas y nevadas que se presentan en la temporada invernal.

Aprobaron que la Comisión Permanente determine turnar a la Junta de Coordinación Política de las cámaras de Diputados y Senadores la propuesta para declarar el 2016 como el año del "Centenario de los congresos feministas de Yucatán de 1916".

Finalmente, un punto de acuerdo exhorta a los Ayuntamientos de Veracruz, Boca del Río y Medellín del estado de Veracruz, a revisar que la concesión otorgada para el servicio de agua y saneamiento al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento S.A, empresa mixta de participación público privada, no lesione el derecho al agua de sus habitantes.

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