25-01-2016.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, urgió a dar el debate consensuado en torno a la regulación de la marihuana en nuestro país y sostuvo que el Congreso está obligado a contribuir con la definición de una posición responsable sobre la regulación del estupefaciente y analizar con seriedad los riesgos, oportunidades y las aristas que ello implicaría.

Al inaugurar con el líder del Senado, Roberto Gil, las “Audiencias Públicas sobre las Alternativas de Regulación de la Marihuana” en la sede de la Cámara de Diputados, el legislador consideró que el reto es plantear una opción al problema del mercado ilegal de la marihuana con todas sus consecuencias negativas o “permanecer como estamos a riesgo de comprometer la salud, seguridad y dignidad de las personas”.

Aseveró que las audiencias convocadas por el Congreso de la Unión buscan el diálogo, la discusión y el debate, siempre con el objetivo de generar consensos y acuerdos, porque sólo a través de esta vía y con la mentalidad abierta, es como se puede avanzar en reformas y aclaró en este sentido, que las modificaciones legislativas deben entenderse como parte de un proceso de generación de acuerdos.

Este, dijo, es un esfuerzo conjunto del Senado de la República y de la Cámara de Diputados y “tenemos la convicción de que las conclusiones a las que lleguemos y que podrían impactar piezas legislativas importantes en distintos rubros, lo hagamos de manera conjunta”.

El diputado federal explicó que las discusiones del Congreso, girarán en torno al régimen internacional de fiscalización de estupefacientes que nos rige, a los retos que representaría para el Estado asumir el control de una regulación en el proceso de producción y comercialización de la marihuana y su control sanitario.

También, añadió, se analizarán las diferentes posiciones científicas respecto a las cualidades terapéuticas de la marihuana, los efectos del consumo en la salud y la responsabilidad frente a terceros, así como el tratamiento de adicciones y las distintas posiciones en torno al consumo, la política criminal y los derechos humanos.

Zambrano Grijalva advirtió que el fenómeno mundial de las drogas es de tal complejidad, que las medidas implementadas por el régimen internacional de fiscalización, han generado consecuencias inusitadas como la propagación de novedosas drogas sintéticas, el establecimiento de un mercado criminal transnacional y la especialización y expansión de la delincuencia organizada hasta llegar a su infiltración en las estructuras de los estados nacionales, profundizando el fenómeno de la corrupción y de la impunidad.

Agregó que esto ha conllevado a la criminalización de las personas que usan drogas, la violación de sus derechos humanos, la escasez y encarecimiento de medicamentos esenciales para mitigar el dolor en pacientes en fase terminal, y el deterioro de los sistemas de salud pública, incluida la prohibición del uso terapéutico medicinal de la cannabis.

Precisó que en las audiencias públicas hoy iniciadas, habrá la oportunidad de analizar las diferentes aristas en torno a la regulación a partir de enfoques de salud pública, derechos humanos y seguridad.

Además, concluyó, se conocerán las diferentes posturas de los diversos sectores como son: Servidores públicos, académicos y expertos integrantes de la sociedad civil, que aportarán su conocimiento y experiencia en torno a los retos que enfrenta nuestro país respecto a la regulación de la marihuana.

No funciona la política prohibicionista: Gil Zuarth

El presidente del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth, señaló que la actual política punitiva y prohibicionista de las drogas no está funcionando y “no podemos quedarnos así, en este estatus quo, sino que tenemos que poner con imaginación, y sobre todo con responsabilidad política, a tomar las mejores decisiones para México”.

Dijo que se debe pensar si se puede cambiar la política criminal para no penalizar el consumo, ya que genera mayores costos sociales una política criminal que hace uso intensivo del sistema de justicia y, específicamente, del derecho penal para disuadir el consumo.

Refirió que hoy el 53.5 por ciento de los casos que la Procuraduría General de la República reporta como delitos contra la salud, los asocia al consumo, y sostuvo que la modificación a la Ley General de Salud no ha reducido la política de penalización a los consumidores, lo que genera un efecto social, “porque un consumidor no debe estar en la cárcel, desprendido de su familia”.

Se puede, añadió, ayudar a aliviar la problemática del tejido social que implica más de 10 mil mujeres que están hoy en prisión pagando una pena de siete a 10 años, por el único delito de poseer marihuana y que fueron detenidas; sin antecedentes penales previos, sin violencia y que tienen, muchas de ellas, hijos que están creciendo abandonados.

El senador panista consideró que se debe preguntar ¿qué se puede hacer como política pública para que muchas personas que hoy están en el sistema penitenciario puedan recuperar su libertad? “porque la cárcel no es buena idea para nadie y mucho menos para una sociedad con una conducta propiamente de consumo”.

También, indicó, se puede proponer intensificar mecanismos que han probado eficacia desde la perspectiva de una atención desde la salud, al problema del consumo, como los tribunales de tratamiento de adicciones; “o si seguimos bajo la lógica de que el consumo debe ser penalizado con la carga y el reproche mayor que tiene el Estado, que es precisamente la cárcel”.

Aclaró que no hay ninguna conclusión definitiva ni preconfigurada de estos foros, los cuales no rivalizan con otros ejercicios que se están realizando en nuestro país ni con el que ha convocado el Ejecutivo federal sino son complementarios. “En algún momento tendrán que converger y en algún momento nos cruzaremos en el camino para construir las políticas públicas que nos ayuden a remediar los daños y los efectos de la existencia de un mercado de marihuana y de drogas en nuestro país”.

Confió en que se tendrán muy buenos resultados a lo largo de estas audiencias públicas y de las conclusiones que se generen, todavía se tendrá mucho trabajo por hacer.

En su intervención, el especialista en temas de seguridad Alejandro Hope, señaló que en materia de marihuana la discusión es su prohibición o regulación; si se regula, dijo, se debe pensar en su carga tributaria y la base a considerar para esta; normar el empaquetado; la información que deberán tener las cajetillas, sus leyendas y si serían igual que la de los cigarros.

Enfatizó que en cualquier alternativa regulatoria habrá una serie de problemas asociados al consumo, por lo que “esta discusión es un compromiso para generar más información y análisis en la materia”.

Mencionó que se deben estudiar todas las posibilidades, ya que en base a un reporte de Estados Unidos, planteó 12 alternativas regulatorias para la marihuana desde el reforzamiento a la prohibición existente hasta un mercado regulado.

El director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, David Kershenobich, precisó que es necesario analizar de qué manera afecta o no la marihuana a nuestro cuerpo y cerebro, ya que el paso de esta planta a la clandestinidad ha detenido en gran parte la investigación médica; pese a ello, algunos científicos señalan que puede tener un uso médico potencial sin tener efectos psicoactivos, de tal manera que se le atribuyen propiedades analgésicas, broncodilatadores, antiinflamatorios e incluso acciones benéficas al sistema inmunológico.

El también miembro del Consejo Técnico para la Alternativas de la Regulación de la Marihuana, estimó que es importante que dicho consejo diferencie entre legalizar el cannabis para uso recreativo versus su legalización para algunas atribuciones médicas, incluso para la posibilidad de impulsar su investigación científica, independientemente de la decisión que se tome.

Resaltó la relevancia de que el foro aborde conceptos sobre su vulnerabilidad y flexibilidad, así como considerar la farmacodependencia como un fenómeno que engloba conductas relacionadas con la autoadministración compulsiva de sustancias que afecta el estado de ánimo o la percepción. Asimismo, tratar el proceso de producción, venta, distribución, explorar marcos regulatorios que incluyen aspectos económicos, políticos, sociales, estilos de vida, valores del individuo y de la comunidad.

En su turno, el presidente del Consejo Directivo de Aspen Institute México, Juan Ramón de la Fuente, expresó que el esquema prohibicionista que se tiene no ha logrado disminuir el consumo de la marihuana ni de ninguna otra droga, no se ha logrado incrementar su precio ni tampoco disminuir su distribución; por ello, señaló: “es importante que el Estado mexicano asuma una nueva responsabilidad frente a este fenómeno”.

Destacó que de las miles de personas que se encuentran en las cárceles mexicanas por el delito de posesión de drogas, dos terceras partes están por posesión de la marihuana, cifra que se dispara en los casos de las mujeres, por lo que preguntó, ¿cuántas de estas personas podrían obtener su libertad si se modifica la dosis permitida de 5 a 28 gramos?

Precisó que consumir drogas no es bueno, pero quienes las utilizan no son delincuentes o criminales, no tienen por qué estar en la cárcel por ese hecho. Por ello, indicó que será importante discutir este tema desde la perspectiva de derechos humanos. La resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abrió la puerta a su discusión desde la autodeterminación a la que tiene derecho todo ciudadano.

El comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Kalb, expresó que se debe trabajar en coincidencias y el foro será de gran ayuda para obtener propuestas importantes. Coincidió en que es necesario analizar el consumo de la marihuana, ya que tan sólo el 80 por ciento de las mujeres que estaban en las Islas Marías, se encontraba por llevar droga y no por cometer un crimen violento.

Aseguró que el gobierno de México, a través del sector salud, está abierto totalmente para encontrar fórmulas que permitan utilizar a la cannabis como método terapéutico.

Subrayó que, al igual que ocurre con los antibióticos se pretende establecer la base científica para que este producto pueda ser incorporado en la forma debida. “En el aspecto médico no veo por qué no pueda llegarse a un acuerdo”, dijo.

Reiteró que en las mesas de diálogo deben buscarse las coincidencias y los puntos de vista neutrales, ya que en este tema hay grandes disidencias.

La senadora María Cristina Díaz Salazar (PRI) explicó que está a favor de permitir el uso de la cannabis medicinal o terapéutica, con un modelo regulatorio claro que permita la importación de estos medicamentos como un primer paso.

Agregó que la iniciativa que presentó al respecto, busca evitar los malos usos de la marihuana y lograr beneficiar a miles de pacientes en el país. “Estamos ante el supuesto de una urgencia médica para atender y permitir el uso terapéutico de la cannabis y la importación de medicamentos elaborados a base de este producto.

Afirmó que con esta propuesta se lograría salvar la prohibición del Estado mexicano, pues lo único que se está contemplando es una salvedad de urgencia médica en más cinco mil casos que están esperando que se puedan importar estos fármacos.

“Sabemos que el uso de estos medicamentos no aliviarán sus padecimientos, pero mejorarán la dignidad de los pacientes”, enfatizó la senadora priista.

En su intervención, Edgar Vielma Orozco, director general adjunto de Modelos de Información Gubernamental y Encuestas Nacionales de Gobierno, Victimización, Seguridad y Justicia del (INEGI), mencionó que para diseñar un óptimo ordenamiento en materia de drogas se debe realizar un diagnóstico y medición sobre el tema, de manera regular y periódica, de manera que esté científicamente sustentada la construcción de esa información y las unidades del Estado puedan tomar decisiones. Agregó que en la actualidad no existe información con estas características.

Raúl Elizalde expuso que la salud no debe entrar en un debate, pues se tienen que cambiar las leyes con el propósito de que se permita el acceso de la cannabis de forma sencilla, controlada por un médico y que sea constante. “No se debe negar su uso a tantas personas que está sufriendo”, recomendó.

Mónica Serrano, representante de El Colegio de México, indicó que, de acuerdo con varios estudios la consecuencia de un modelo punitivo de regulación en la concentración de las sustancias activas de la marihuana genera un aumento de consumo, por ello es necesario acotar el debate sobre la materia.

En tanto, Fernando Belaunzarán Méndez, ex diputado federal, recordó que en la legislatura LXII se lograron acuerdos para que en la Ley General de Salud se integraran las políticas de reducción del daño y se estableció el tratamiento a usuarios problemáticos. Igualmente, continuó, se reconoció que se debe realizar una despenalización efectiva, ya que en la cárcel se encuentran los consumidores; además, se propuso facilitar la investigación científica de este producto.

Señaló que México será el único país de los integrantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que no tendrá la marihuana regulada, lo cual traerá como consecuencia que el cannabis se quede en el país y sea más accesible.

Antonio Luigi Mazzitelli, representante para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), puntualizó que todo uso de productos farmacéuticos a base de marihuana está permitido por las convenciones; por ello, enfatizó, los Estados no tienen por qué impedir su utilización.

Respecto a la legalización de la marihuana, destacó que no se puede hacer el debate de una sustancia, cuando hoy en día las drogas son muchas. Solicitó a los legisladores que se tenga pleno respeto al derecho de la autodeterminación de los ciudadanos, pues la marihuana es la sustancia que menos problemas asociados presenta.

Alejandro Madrazo Lajous, coordinador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que para delinear una mejor política pública en la materia se debe contar con evidencia científica, por lo que el INEGI tiene que documentar cualquier cambio en la legislación y regulación.

En este sentido, manifestó que es importante hacer mediciones antes de cualquier cambio para, tener una buena línea base y evaluar el impacto de la regulación de la marihuana.

Durante su participación, Francisco Javier Conde González, representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, afirmó que este organismo, en un análisis sobre el tema, propuso un nuevo modelo de regulación bajo la perspectiva de derechos humanos, que no se centre en la penalización, ni persecución de las personas usuarias, sino en fomentar la adopción de políticas de prevención, acceso a la información, reducción de riesgos asociados al uso de drogas y, con ello, desalentar el uso de drogas.

Guillermo Silva Aguilar, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que esta dependencia tiene un primordial interés por participar en las mesas de diálogo sobre el tema de drogas y se congratuló de que finalmente se realice una política pública con perspectiva en el pleno respeto a los derechos humanos.

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