26-01-2016 En las “Audiencias Públicas sobre las Alternativas de Regulación de la Marihuana”, académicos, senadores y diputados pidieron no criminalizar a los consumidores de la cannabis, ya que es preocupante el número de internos que hay por el delito de posesión y no se sabe si eran simples adictos.

Durante la tercera mesa titulada: “Regulación en relación a la política criminal y el sistema penitenciario”, afirmaron que las políticas de drogas actuales afectan de manera particular a las mujeres, quienes son procesadas por posesión de drogas y al final son sentenciadas por transporte porque éste tiene una pena mucho más alta.

El diputado Vidal Llerenas Morales (Morena) señaló que el régimen actual penaliza a los consumidores de distintas formas, desde que es un delito administrativo hasta que en los hechos se está criminalizando a las personas que consumen, dado lo bajo de la tabla tolerada y el hecho de que una buena cantidad de personas están puestas a disposición de un Ministerio Público por posesión de marihuana.

Refirió que diversas investigaciones respecto al tema de encarcelamiento, muestran cómo especialmente las mujeres van a la cárcel de manera masiva por el régimen de regulación de drogas que se tiene.

“Este me parece el tema fundamental, estamos promoviendo la regulación de política de drogas, básicamente porque se violan los derechos humanos de las personas con este régimen y, por lo tanto, me parece especialmente relevante la mesa de hoy”, resaltó.

Por su parte, el diputado Cándido Ochoa Rojas (PVEM), secretario de la Comisión de Seguridad Pública, sostuvo que las audiencias tienen el propósito de entender la problemática y conocer el sentir de la población; lo contrario sería apartarnos de la realidad y se legislaría con lo que creemos correcto.

Detalló que los legisladores buscan que se logre despenalizar el uso de la marihuana, pues si bien se ha logrado que la Corte autorice el consumo a ciertas personas, el camino más fácil es modificar la ley.

Recordó que en México hay una referencia que se denomina “narcóticos” y ésta se subdivide en dos grandes rubros: la de estupefacientes y psicotrópicos, y es a uno de estos, el de estupefacientes, al que pertenece la marihuana; por ello, es que se sanciona con la denominación genérica del delito contra la salud.

El senador Héctor David Flores Ávalos (PAN) opinó que el Estado mexicano no ha enfrentado este problema de manera eficiente; basta revisar el Presupuesto de Egresos para darse cuenta de la enorme cantidad de recursos que se destinan a la seguridad pública, incluyendo la parte de reclusorios.

Consideró fundamental revisar la situación del sistema penitenciario en un contexto integral y “con toda puntualidad”, a efecto de encontrar una respuesta que sea satisfactoria para todos los sectores de la sociedad.

Reconoció que existe una sobrecarga en los reclusorios, por lo cual se debe reforzar la parte de la prevención y de la procuración y administración de justicia, así como generar un programa eficiente de rehabilitación social.

Ana Pecova, de la organización “Equis Justicia para las Mujeres”, señaló que las políticas de drogas actuales afectan de manera muy particular a las mujeres y esto no se ve reflejado en el debate, por lo que tiene que ser mucho más profundo.

Refirió que en la última década el número de mujeres en prisión por delitos contra la salud o de drogas ha aumentado de manera alarmante, a una tasa superior a la de los hombres; en el caso de las mujeres, es más del 100 por ciento comparado con los varones que es de alrededor de 40 por ciento. Según datos del INEGI, agregó, a nivel federal los delitos relacionados con drogas son la primera causa de encarcelamiento de las mujeres y la mayoría son detenidas por transporte de marihuana.

Planteó algunas propuestas y recomendaciones como eliminar el carácter oficioso de la prisión preventiva, usada como el primer recurso y señaló que más de 50 por ciento de las personas que están en la cárcel todavía esperan una sentencia. “Muchas de las mujeres no necesariamente deberían estar ahí y los altos costos sociales de tenerlas en la cárcel, muchas veces son mayores al delito por el que está siendo acusada”.

La otra recomendación, es el uso de medidas alternativas al encarcelamiento como el trabajo a la comunidad, tratamientos de adicciones, presentarse a firmar ante alguna autoridad o pagar una multa. Sin embargo, en este momento el uso de medidas alternativas está muy restringido porque los delitos contra la salud son tipificados como graves.

Las medias alternativas ayudarían a garantizar una proporcionalidad en el uso del derecho penal; optimizar los recursos materiales, humanos, y económicos en el sistema de justicia podrían reducir los altos índices de encarcelamiento. Destacó la importancia de que éstas sean realistas, que las mujeres puedan cumplirlas y que no sean más duras que estar en la cárcel.

Tania Ramírez, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), precisó que la marihuana aparece en todos los casos, como la sustancia por la que más se encarcela a personas en el país, y expresó que es preocupante el número de internos por el delito de posesión porque no se sabe en qué porcentaje eran simples consumidores, pero tenían una cantidad por encima de la permitida en la tabla de la Ley General de Salud.

Mencionó que en el caso de las mujeres, son procesadas por posesión, pero al final son sentenciadas por transporte porque éste tiene una pena mucho más alta, de 15 a 25 años. Además, el 80 por ciento de las sentenciadas en centros federales lo está por delitos contra la salud; el 48 por ciento, por marihuana; en segundo lugar, cocaína, con el 31 por ciento; también por metanfetaminas, y heroína, en menor medida, y todas las demás sustancias ni siquiera aparecen.

El principal problema de usar las cárceles como respuesta para regular la droga y los delitos de drogas, es que representan un serio riesgo para la salud y la vida de los internos, y las familias, ya que no cuentan con los insumos mínimos indispensables para vivir.

Consideró necesario e indispensable que haya una reflexión sobre la proporcionalidad de las penas y la racionalidad de la política de drogas en términos generales.

Por su parte, Rafael Estrada Michel, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), aseguró que el margen de acción regulatorio permite distinguir entre destipificar y descriminalizar o, incluso, hacer uso de figuras procesales tendentes a una política criminal más racional.

Explicó que la figura del criterio de oportunidad permite que el Ministerio Público pueda ponderar el ejercicio de la acción penal, es decir, que puede decidir si ejerce la sanción a base de criterios de oportunidad.

Detalló que en el caso del consumo en pequeña escala, la política criminal tiende a proteger un derecho humano, como es el de la salud; por ello, con el criterio de oportunidad se lograría revertir la represión por prevención, tal y como ocurre en el Sistema Portugués, donde se optó implementar el 90 por ciento de medidas de prevención y el diez por ciento a la represión.

Destacó que con el criterio de oportunidad, se lograría dejar de criminalizar al pequeño consumidor a menor escala, pues en la actualidad es quien recibe la sanción.

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