• La estrategia fue contrapudecente en términos de vidas perdidas, libertades y presupuestos, reconoce Fernando Gómez-Mont

27-01-2016.- Durante el tercer día de Audiencias Públicas para las Alternativas de Regulación de la Marihuana, legisladores, expertos, académicos y políticos coincidieron en que el modelo prohibicionista de la política de drogas se encuentra agotado, ya que pone en riesgo a niñas, niños y adolescentes, quienes se enfrentan al mercado negro de sustancias ilícitas.

En la mesa “Regulación en relación con la seguridad pública” del evento realizado en San Lázaro, el diputado José Everardo López Córdova (PAN) coincidió en que se requiere abrir un nuevo panorama que permita mejoras a la comunidad.

López Córdova, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, señaló que en 2014 existían 242 mil reclusos, 60 por ciento de los cuales tenía que ver con consumo simple de drogas. “Se debe priorizar el gasto y eficientarlo, ya que cada interno cuesta seis mil 400 pesos mensuales”.

En su intervención, Fernando Gómez-Mont, ex secretario de Gobernación y miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C, dijo que se utilizaron todas las herramientas posibles para dar el máximo de eficacia al modelo prohibicionista de drogas; sin embargo, reconoció, ha demostrado ser contraproducente.

Señaló que la regulación de la marihuana u otro tipo de estupefacientes, debe evitar el contacto con los menores de edad y discapacitados mentales.

Recomendó buscar alternativas distintas a la prohibición, encontrar salidas que vayan de la clandestinidad a la visibilización del problema e ir encontrando políticas públicas que permitan evitar la criminalización por el consumo de la hierba, así como generar información verídica para que los mayores de edad puedan tomar sus decisiones.

Es el tiempo de hacerlo, acotó. “La evidencia de que el sistema proteccionista está agotado es cada vez más contundente, se mide en las vidas perdidas, libertades y presupuestos, por lo que es necesario encontrar alternativas que permitan romper con los problemas que implica la clandestinidad”.

Destacó que dicho modelo no redujo la demanda en el consumo de estupefacientes; por el contrario, en algunos mercados presentó un incremento.

Mencionó que en este ámbito predomina la oferta y la demanda, además de la subsistencia de un espacio social donde se intercambian los estupefacientes. “Reconocer estos mercados y espacios sociales, que se sostienen a pesar de las prohibiciones del Estado, es un primer paso para la regulación”, manifestó.

Aclaró que eso no significaba que en otros casos se tenga que hacer el mismo reconocimiento, “porque no hay un mercado para los homicidios, para la violencia sexual, para los secuestros, lo que existe es una intuición tiránica de un grupo frente a la vulnerabilidad de otro que exige la intervención del Estado para proteger al más débil”.

Destacó que la existencia de los mercados negros genera enormes ganancias, ya que las organizaciones delincuenciales se sostienen por medio de asociaciones humanas, esquemas de colaboración para cometer fines prohibidos por las leyes penales.

En cuanto al reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia del derecho de los mayores de 18 años a consumir marihuana, mencionó que es un principio que no debe desconocerse en la construcción de alternativas, aunque carece de fuerza para obligar al Congreso a un reconocimiento absoluto en las medidas que se tomen.

En su intervención, la profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Catalina Pérez Correa, indicó que la política de drogas no puede ser uniforme para todo el país. “Debemos analizar lo que sucede en cada estado y los problemas que enfrentan”, planteó.

Destacó que la forma como se estableció la Ley de Narcomenudeo, generó diferencias importantes en su aplicación y puso a los consumidores en riesgo, ya que cada vez hay más delitos contra la salud en el entorno local, aunque a nivel nacional representan el 10 por ciento.

Pérez Correa coincidió en que el costo promedio nacional por persona en las cáceles es de 6 mil 414 pesos. “Es lo que cuesta atender a quienes son encarcelados por posesión de marihuana, la principal sustancia por la que se procesa, juzga y sanciona a las personas; representa el 62 por ciento a nivel federal”.

Subrayó que la mayoría de quienes llegan a la cárcel es por posesión simple de estupefacientes. En 2014, de los juicios iniciados, 71 por ciento fue por esa circunstancia, seguido por posesión con fines de venta o suministro, 12 por ciento.

En tanto, continuó, el consumo y la posesión de drogas sigue siendo lo más importante en el trabajo que hace la Procuraduría en cuanto al sistema de sustancias ilícitas, ya que de un total de 13 mil 595 detenciones, en 2014, 4 mil 800 fueron por consumo y 4 mil por posesión, lo que representó el 65.7 por ciento de los delitos contra drogas.

De acuerdo con información de las procuradurías de ocho estados, la principal sustancia por la que se detiene a las personas es la marihuana, 58 por ciento, seguida de la cocaína.

Aunado a ello, precisó, existe un desperdicio de recursos en seguridad pública, ya que se utilizan para perseguir y detener a los poseedores simples de marihuana y no para sancionar delitos por secuestro y extorsión, violación o robo con violencia, lo que provoca pensar: ¿cuál es la forma más racional de utilizar los recursos institucionales en materia de seguridad?

Por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Amaya Ordorika Imaz dijo que lejos de proteger, la política prohibicionista pone en riesgo a niñas, niños y adolescentes, debido a la vulnerabilidad que enfrentan con el mercado negro de sustancias ilícitas, la falta de información y educación sobre drogas.

Entre el 2006 y 2010, refirió, 994 personas de entre 12 y 17 años, perdieron su vida en el marco del combate a las drogas, de acuerdo con el Relator Especial de Naciones Unidas de Ejecuciones Extrajudiciales; de igual manera, la tasa de homicidios de jóvenes se triplicó, convirtiéndose el asesinato en la principal causa de muerte.

En el 2010, la mayor parte de los homicidios se llevaron a cabo donde hubo importantes despliegues del ejército.

En México, desde los años ochenta, el narcotráfico fue señalado como una amenaza para la seguridad nacional. La estrategia en el combate del crimen organizado implementada desde el 2006, una aportación de México frente a la guerra mundial contra las drogas, privilegió un enfoque militarizado que sobrepone las premisas de seguridad nacional por encima de la vigencia de los derechos humanos.

Informó que, de enero de 2007 a abril de 2014, tres mil 976 civiles murieron en enfrentamientos armados a manos del ejército, en tanto las detenciones de civiles reportadas fueron de 3 mil 946.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2006 a 2014 emitió 60 recomendaciones por privación del derecho a la vida; con respecto al homicidio de 161 personas, aproximadamente 3 de cada 4 recomendaciones fueron dirigidas a las Fuerzas Armadas.

Otra grave violación, insistió, es la desaparición forzada, la cual ha resurgido de manera impactante como resultado de la guerra contra las drogas. A pesar de que existe una falta de precisión y coherencia en las cifras de personas desaparecidas en México, el registro nacional respectivo señala que hay un total de 27 mil 638; sin embargo, no precisa si corresponden a desapariciones realizadas por agentes del Estado o por criminales.

Ordorika Imaz mencionó que es necesario garantizar que las políticas en materia de drogas y seguridad “no consistan en la erosión de los derechos humanos y el debido proceso”, y se haga efectiva la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y las detenciones arbitrarias, así como el arraigo, la fabricación de culpables, los impedimentos de acceso a la justicia y el uso injusto de la fuerza.

Además, se requiere realizar una efectiva despenalización del consumo y la posesión libre de drogas, así como la modificación de la legislación penal para ajustar las penas de manera proporcional, particularmente cuando se trata de delitos no violentos relacionados con estas sustancias; regular la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión y transporte de la marihuana, y desarrollar mejores indicadores para evaluar la efectividad de intervenciones policiales como parte central de la política de drogas.

Asimismo, promover que las políticas de drogas se fundamenten en los lineamientos de salud mínimos, haciendo énfasis en que los tratamientos por uso de sustancias ilícitas deben ser voluntarios, gratuitos, laicos y de acceso universal, y regirse bajo estrictos controles de los sistemas de salud públicos.

Además, propuso contemplar la implementación de programas para atender diversas poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Al evento, que realizan de manera conjunta las cámaras de Diputados y Senadores, asistió la diputada Daniela de los Santos Torres (PVEM), quien hizo un resumen de las ponencias presentadas en el último día de las audiencias públicas en San Lázaro.

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