• Corrupción, uno de los factores que más daño hace a la nación; le cuesta al país hasta un 9 por ciento del PIB: Jesús Zambrano

• Transparencia y rendición de cuentas no son una concesión de las autoridades, “es un derecho”: César Camacho

• Conmina auditor a no permitir que coyuntura política rija contenidos y rumbo de la lucha anticorrupción

17-02-2016.- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación recibió del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IRFSCP) 2014, que precisa que de mil 659 informes, 748 corresponden a auditorías de cumplimiento financiero, 897 de desempeño, 8 evaluaciones de políticas públicas, 5 estudios, y una Revisión de Situación Excepcional.

Portal Martínez destacó que del total de auditorías realizadas, el rubro con mayor cobertura se refiere a Gasto Federalizado con mil 199 auditorías, es decir, el 72 por ciento del total.

Además, en el agregado de las auditorías realizadas, “se anuncia la emisión de 8 mil 247 acciones, de las cuales 3 mil 365 son recomendaciones, mil 207 solicitudes de aclaración, 75 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal por parte del SAT, mil 871 promociones ante contralorías internas de responsabilidades administrativas sancionatorias y mil 641 pliegos de observaciones con presunción de daño patrimonial”.

Sobre las denuncias de hechos correspondientes a la Cuenta Pública 2014, dijo: se presentarán, conforme a lo dispuesto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación cuando se tengan los elementos para tal efecto, el proceso es permanente y la información correspondiente se hará pública a través de la página web de la ASF, y “estas denuncias supervinientes se agregarán al total de 664 presentadas a la fecha, en relación con las Cuentas Públicas previas”.

Como consecuencia de la revisión a la Cuenta Pública 2014, Portal Martínez destacó que la ASF ha logrado recuperaciones por 6 mil 116.1 millones de pesos (mdp), al 5 de febrero de 2016; sin embargo, “la cifra podría elevarse durante el proceso de solventación de las acciones ya que aún queda por aclarar un monto de 42 mil 702 mdp, que constituyen el rubro denominado Recuperaciones Probables.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, destacó que la corrupción es uno de los factores que más daño hace a la nación, pues de acuerdo con el Banco de México, le cuesta al país hasta un 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y pone un freno a la implementación de las importantes reformas de los últimos años y al desarrollo nacional, y ocasiona enormes costos políticos y sociales.

Conforme a Transparencia Mexicana, el 14 por ciento del ingreso promedio anual de los hogares son destinados a “pagos extraoficiales”, es decir, a lo que identificamos como parte del fenómeno de la corrupción.

Por ello y como conocedores de este problema, el Poder Legislativo modificó la Constitución; sin embargo, todavía “nos falta armar el andamiaje legal para hacer realidad el Sistema Nacional Anticorrupción. Su diseño e implementación es uno de los compromisos más importantes de esta LXIII Legislatura a la que pertenecemos y que tenemos con la sociedad porque, en la agenda de la Cámara de Diputados, es prioridad que le demos curso a las leyes secundarias que regulan este sistema”.

Calificó como un verdadero entramado legal desglosar y armar, por lo menos, en tres aspectos: establecimiento de mecanismos de coordinación entre los actores del sistema; diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción y, la determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información.

Jesús Zambrano mencionó que este entramado deberá tener cuatro pilares de acuerdo con las reformas constitucionales: El Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional de Transparencia, el Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales. “Nuestro gran reto es que podamos armonizarnos para coordinarlos y articularlos adecuadamente entre sí”.

Debe haber concordancia con los compromisos internacionales que México ha asumido en la materia, como la Convención Internacional en materia de Combate a la Corrupción, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y Convención Interamericana contra la Corrupción.

“Es imperativo promover una conducta ética que oriente la conducta de los servidores públicos en sintonía con los principios de eficacia y unidad en la organización y cumplimiento de esta responsabilidad que tenemos con la sociedad”.

El Poder Legislativo, afirmó, no puede quedar al margen de los esfuerzos nacionales para combatir este cáncer; “estamos obligados a rendir cuentas a la sociedad de nuestro propio gasto y el ejercicio de los recursos públicos con transparencia, debemos abrirlo a la sociedad”.

Zambrano Grijalva pidió asumir el compromiso de establecer reglas de ética y de prevención del conflicto de intereses en la Cámara de Diputados y sacar adelante en este periodo de sesiones ordinarias, todo el andamiaje que tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Una buena señal sería dictaminar en los tiempos que se establezcan, de acuerdo con la propia normatividad y de una revisión exhaustiva de este informe de resultados, la Cuenta Pública, y sentar el precedente de que “estamos comprometidos con este reto de tener un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción, de rendición de cuentas y de transparencia y que somos en los hechos congruentes con ello”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, César Camacho, precisó que pocos asuntos son tan trascendentes para la sociedad, como el conocimiento del destino y el buen uso de los recursos que están puestos en manos de las autoridades y eventualmente de particulares, personas físicas y morales, que adheridas a programas de impulso gubernamental, también ejecutan en sentido lato tareas de carácter público.

Se necesita conocer este informe que presenta la ASF para que esté sometido, por la vía de los diputados al escrutinio social y público. La transparencia y la rendición de cuentas, no son una concesión graciosa de las autoridades “es un derecho de los ciudadanos que deducen cada vez en forma más eficiente frente a las autoridades y representantes populares”.

Es importante saber los resultados de la gestión 2014, como es vital conocer qué pasó entre el 2000 y 2012, “hay cuentas pendientes y hay en el imaginario colectivo una serie de conjeturas. La mejor manera de hacerle frente a ellas, es la certidumbre y la frialdad de las cifras”.

Hizo votos para que este ejercicio resulte provechoso para todos y que más allá de banderías partidarias, los recursos públicos de las y los mexicanos no solo se hayan puesto en manos dignas sino de gente eficiente.

Mayo de 2016, puntualizó, es un tiempo donde se debe culminar el entramado institucional y normativo que redondee el régimen de transparencia y de rendición de cuentas. La ASF requiere de cirugía mayor; se necesita construir acuerdos políticos elementales para hacerla mucho más eficiente y más práctica. “Lo habremos de hacer de cara a la ciudadanía y escuchando a los especialistas”.

Luis Maldonado Venegas, diputado presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, mencionó que es importante que esta Cámara realice un buen análisis y revisión del informe que presenta la ASF, para generar un conjunto de acciones que impacten sobre los niveles de calidad del gasto público, la efectividad de las políticas públicas y de eficiencia del quehacer gubernamental en todos los órdenes de gobierno.

Un trabajo eficiente por parte del Legislativo dará dividendos a la gobernabilidad, los resultados efectivos derivados de la fiscalización nutrirán la confianza de la población hacia sus distintos gobiernos. “Tenemos confianza que el esfuerzo que realizaremos coadyuvará en la eficiencia de la Administración Pública Federal, pero sobretodo, enriquecerá la visión de las y los diputados de esta legislatura”.

El proceso de revisión de esta Cuenta Pública, se enmarca en la próxima aprobación de reformas que habrán dar contenido a disposiciones constitucionales en materia de combate a la corrupción, que incluyó modificaciones al marco legal de fiscalización superior, entre las que destacan: establecer las bases de coordinación de la ASF con las otras instancias del Sistema Nacional Anticorrupción; eliminar el principio de anualidad y posterioridad, y otorgar facultades para iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal.

Por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, Maldonado Venegas mencionó que la ASF podrá solicitar información del ejercicio en curso respecto de procesos incluso concluidos; fiscalizará el uso de recursos provenientes de participaciones federales; podrá revisar empresitos de los estados y municipios que tengan garantía de la Federación, y se incorpora un nuevo esquema para la entrega de informes individuales de auditoría y de informe general ejecutivo de resultado de la fiscalización superior.

Relató que a la ASF le corresponderá también revisar a las entidades fiscalizadas y se determina un nuevo esquema para promover responsabilidades ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, y se establecerá un nuevo régimen de responsabilidades.

Al iniciar los posicionamientos, el diputado Independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, expresó que hoy por hoy el mayor reclamo de la ciudadanía no es la seguridad sino que urge un verdadero combate a la corrupción, y en México, el problema de la corrupción es organizada no individual.

La tarea de fiscalización de la ASF y de la Cámara de Diputados indica que algo “no se está haciendo bien, no está generando confianza en el uso de los recursos públicos, ni fortalecer la cultura de la transparencia y rendición de cuentas ni generando el andamiaje para un verdadero combate a la corrupción. Por ello, la necesidad de fortalecer el trabajo de la Auditoría, hacerla práctica y constituir una fiscalización más efectiva”.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro Social) señaló que la percepción social revela que la corrupción es un imperativo y una realidad en el ejercicio del poder público y se está fallando en la fiscalización, pues del 2000 al 2012 hay opacidad en la rendición de cuentas. Calificó como vergonzoso que la corrupción le cueste al país el 9 por ciento del PIB, cuando 130 mil millones equivalen al 1 por ciento del PIB.

“Estamos obligados a combatir la corrupción a través de la fiscalización, ya que estos ajustes presupuestales no serían recortes sino mayor infraestructura. Que la política no esté por encima del Sistema Nacional de Fiscalización, sino que se someta a él. La única forma de tener menos impunidad en el país, es ejercer la fiscalización apegada a principios de imparcialidad, de transparencia y de honestidad”.

Francisco Javier Pinto Torres, diputado de Nueva Alianza, dijo que es importante el análisis y revisión de los resultados de las mil 646 auditorías y de las 13 evaluaciones, que cobran relevancia en el marco de la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ante un contexto que sitúa a México en el lugar 103 de los 174 del ranking de la corrupción gubernamental, y en donde la corrupción le absorbe el 9 por ciento del PIB.

Tales circunstancias, dijo, obligan a realizar modificaciones para que ambos sistemas constituyan la base para transformar el presente y futuro de la nación y combatir un lastre social, político y económico que implica la corrupción. El papel que debe desempeñar la ASF debe reflejar, no solo la fiscalización oportuna de los recursos públicos y concluir con la aplicación de las sanciones correspondientes, sino también la actividad que sienten los procedentes para inhibir la progresión e irregularidad de prácticas contrarias a la transparencia y rendición de cuentas.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich mencionó que México atraviesa una grave crisis de corrupción e impunidad que ha llevado al límite a las propias instituciones. Agregó que a pesar de invertir más recursos para combatir la corrupción, se sigue cayendo en la calificación de los índices de esta materia, pues en los últimos diez años se han duplicado los recursos, alcanzando más de 4 mil 490 millones de pesos anuales.

Con el análisis de la Cuenta Pública 2014, expuso, es fundamental revisar los efectos de la reforma energética que entro en vigor en 2014, de la educativa, el drástico repunte de la deuda pública y el rubro de inversión pública. Consideró inadmisible que 97 por ciento de las denuncias presentadas por la ASF queden en la impunidad. “Debe haber voluntad política para reabrir el debate sobre el régimen de responsabilidades al que debe estar sujeto el Poder Ejecutivo”.

La diputada Araceli Damián González (Morena) subrayó que los legisladores tienen la tarea de llevar a cabo una adecuada revisión del gasto de los recursos federales y sancionar de forma ejemplar y efectiva a los servidores públicos que hacen mal uso del presupuesto público, ya que en los últimos años la corrupción en los diversos niveles de gobierno se ha manifestado de manera alarmante en casos que han involucrado a algunos funcionarios de alto nivel.

Subrayó que hay una falla estructural en el mecanismo de rendición de cuentas y aplicación de sanciones que está impidiendo que los actos ilícitos sean efectivamente castigados. Planteó dotar a la ASF de mejores herramientas para realizar su labor y que se traduzcan en una mejor fiscalización, mayor transparencia y mejor sanción de aquellos casos en los que se ha comprobado la existencia de irregularidades o la comisión de auténticos actos ilegales por parte de malos funcionarios públicos.

Emilio Enrique Salazar Farías, diputado del PVEM, mencionó que en los próximos meses se analizará el Sistema Nacional Anticorrupción, “hay que revisarlo y proponerlo a fondo” y dijo que se necesita honestidad de todos los funcionarios, ya que de poco sirve una declaración si esta disfrazada, maquillada y no proviene de valores, compromiso y honestidad.

Destacó que “nadie puede negar la existencia de conductas no correctas de muchos funcionarios y que estas deben a la brevedad corregirse; no es una exigencia mía ni de partidos, sino de todos, porque la corrupción no tiene dueños. Estamos sumados a promover el Sistema Nacional Anticorrupción; apoyar las reformas que en la materia se han hecho y a fortalecer a la ASF”.

La diputada Maricela Contreras Julián (PRD) expresó que se necesita un cambio donde existan servidores públicos comprometidos y alejados de las tentaciones de la corrupción y se acerquen a la utilización del adecuado uso de los recursos que se les confían, porque el erario público debe ser dirigido a satisfacer las necesidades de la población y cumplirse los lineamientos del gasto con eficiencia y eficacia.

Agregó que el número denuncias penales derivadas de actos de corrupción presentados por la ASF no corresponden con un compromiso real contra la impunidad y el abuso del poder; en 17 años tan sólo han existido 19 consignaciones de funcionarios de bajo rango. “Debemos poner el ejemplo y dictaminar las cuentas públicas. Nos pronunciamos por eficacia acompañada de voluntad política y el compromiso que evite la impunidad”.

De Acción Nacional, el legislador Eukid Castañón Herrera dijo que hoy en México, los escándalos de corrupción de la actual administración se han vuelto una “penosa costumbre”. Añadió que “la corrupción, es corrupción y debe denunciarse, y no se combate con la solventación de irregularidades, sino con la denuncia puntual de los malos servidores públicos, lo cual sí es responsabilidad de la ASF”.

“Nos preocupa especialmente que instituciones como la Auditoría Superior de la Federación, que son fortalecidas a través de reformas trascendentes, terminen por no dar el resultado que la sociedad nos exige. No vemos un esfuerzo por presentar denuncias ante la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que las irregularidades detectadas no sólo se solventen y se recuperen los bienes públicos, sino para que también se persigan los delitos cometidos y se inhabilite a quienes hayan incurrido en conductas indebidas”.

El diputado Pablo Bedolla López (PRI) indicó que durante las últimas décadas se ha avanzado significativamente en la transformación del marco jurídico e institucional en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y reconoció que la magnitud del reto es importante pues de acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción cuesta una importante cifra del PIB.

“Sabemos que tenemos que cambiar la percepción del 88 por ciento de los mexicanos que piensan que la corrupción es muy frecuente. Este es el momento de hacer de su combate, confianza y desarrollo. La fiscalización llegó para quedarse, la única manera y mejor para demostrar el compromiso con ella, es el respaldo sin condiciones a las resoluciones de la ASF, sólo así tendremos fiscalización objetiva, concluyente y permanente más allá de cualquier agenda electoral y gobiernos de cualquier signo”.

En su intervención, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, se pronunció por que el valor de la Auditoría no esté en función, exclusivamente, del número de acciones que emite, sino también de la confianza que transmite a distintos sectores, como son legisladores, entes auditados, académicos y medios de comunicación, ya que detrás hay un trabajo objetivo, técnico, neutral, alejado de la lucha partidista y debidamente sustentado.

“Buscamos contribuir a que la sociedad conozca la manera en cómo se utilizaron los recursos que provienen del pago de sus impuestos. Ese es el principio de la rendición de cuentas”.

Resaltó que se han distinguido tres aspectos que deben ser mejorados: la información que se deriva de la fiscalización de la Cuenta Pública debe contribuir a contar con una visión estratégica respecto a las problemáticas que se suscitan en la gestión del sector público; dicha información debe aportar elementos para prevenir y evitar la recurrencia de las observaciones e irregularidades, y los métodos de comunicación deben ser más sencillos y directos.

Además, expresó que derivado de los resultados de fiscalización se identifican once áreas de riesgo como es información sobre beneficiarios de programas sociales, donde no se ha podido implementar una estrategia, a nivel nacional, que permita contar con un padrón único, pues la diversidad de registros existentes muestra una falta de control y calidad en la información de los receptores de los apoyos, lo que repercute en el impacto del programa social o del subsidio.

Revelación de pasivos y gastos, donde resulta necesario que haya un registro puntual de las obligaciones financieras que enfrenta el Estado. “Se requiere que la publicación de la información sea adecuada y oportuna, a fin de contar con datos que permitan vislumbrar la sostenibilidad de las tendencias actuales de gasto y compromisos del gobierno. Esto debe incluir conceptos como pensiones, deuda contingente, así como los pasivos que enfrentan los fideicomisos, mandatos y análogos no paraestatales”.

Otra es, la integración efectiva de la participación ciudadana en la gestión de los programas públicos, ámbito que presenta límites para institucionalizar las figuras existentes, debido a que los grupos beneficiarios de buena parte de los programas y políticas de carácter social pueden presentar niveles considerables de marginación, atomización, inequidad de género, o participación de intermediarios, entre otras condiciones.

Portal Martínez destacó que otros riesgos están en las adquisiciones, contrataciones o inversiones que cumplen, en términos generales, la norma pero que no representan las mejores condiciones para el Estado; en la obra pública; en la participación de intermediarios en la dispersión del gasto público; en la débil incorporación de tecnologías de la información y comunicaciones en el ejercicio gubernamental; en los programas públicos duplicados y sin coordinación: en los servicios suministrados por particulares; en el diseño e implementación de la política para atender algunos problemas públicos, y en los subejercicios.

Mencionó que esta área es significativa, ya que de la Cuenta Pública 2014, los recursos no aplicados al 31 de diciembre de ese año, ascendieron a 63,607.2 mdp, lo cual implica el incumplimiento de metas y objetivos de los programas, así como la posibilidad de un ulterior uso indebido de los recursos.

Entre las principales observaciones que conforman el monto observado en la revisión de la Cuenta Pública 2014 se encuentran los recursos no devengados, no ejercidos o no reintegrados a la Tesorería de la Federación; falta de documentación comprobatoria del gasto; recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa; retenciones no enteradas a terceros institucionales; recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores; transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, y pagos improcedentes o en exceso.

Planteó asegurar el establecimiento de lineamientos únicos de control interno, para todo el sector público, los cuales están siendo definidos y acordados en el marco de los trabajos del Sistema Nacional de Fiscalización; sin embargo, dijo, “su emisión no asegura su éxito; resulta indispensable un compromiso por parte de todos los titulares de los Poderes de la Unión, los gobernadores, los presidentes municipales y los titulares de las entidades públicas en general, para incorporar en la práctica cotidiana las actividades encaminadas a implementar adecuados sistemas de control interno”.

Hizo votos para que el Sistema Nacional Anticorrupción adopte la promoción de la cultura del control y la legalidad como una de las banderas de sus trabajos. Además, expuso que para el mejoramiento de la normativa, la ASF integró una serie de propuestas para considerar su inclusión en la agenda legislativa a fin de que, eventualmente, se traduzcan en modificaciones e, inclusive, en la creación de nuevos instrumentos legales.

Dijo que para este ciclo de fiscalización, y con el propósito de seguir avanzando en la construcción del Sistema Nacional de Fiscalización, la ASF determinó que las auditorías que, en ejercicios anteriores, eran solicitadas a las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL), se sustituyeran por auditorías coordinadas.

El auditor federal puntualizó que el Sistema Nacional Anticorrupción es una oportunidad que no se debe desaprovechar para contribuir a sentar las bases de un nuevo diseño institucional en las entidades federativas y municipios con contrapesos al Poder Ejecutivo estatal y con orientación a la gestión por resultados en beneficio de la ciudadanía.

Resaltó que una modificación tan importante como la que se deriva del surgimiento del Sistema Nacional Anticorrupción implica serios desafíos para la ASF, en materia presupuestaria y organizacional, pero “este compromiso se enfrenta a altas expectativas de distintos grupos de la sociedad que están alimentadas, en gran medida, de la necesidad de atestiguar cambios estructurales de manera inmediata”.

Conminó a todos los actores que influirán en la conformación de la legislación secundaria y sentarán las bases del sistema, “a que no permitan que la coyuntura política rija los contenidos y el rumbo. Somos privilegiados en tener la posibilidad de transformar la lógica de la lucha anticorrupción en nuestro país; aprovechemos este momento; es por el bien de todos, México lo necesita”.

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