23-02-2016.- La Cámara de Diputados exhortó a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León a continuar los recursos legales a su alcance para proteger a la sociedad neolonesa de errores en el procedimiento de administración de justicia que derivaron en la liberación de cuatro secuestradores y asesinos del ciudadano Damián González del Río, haciendo público el resultado de sus actuaciones.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) fue avalado en votación económica y deriva de una proposición impulsada por las diputadas del PVEM, Adriana Sarur Torre y Alma Lucía Arzaluz Alonso.

Desde su curul, Sarur Torre expuso que no se puede permitir que “se sigan soltando y liberando secuestradores por faltas a su debido proceso; es el tercer caso que se da en este país. En legislaturas pasadas aprobamos la cadena perpetua para que estos delincuentes que tanto dañan y laceran a nuestra sociedad no salgan jamás de la cárcel”.

Es necesario exhortar a la procuración de justicia de Nuevo León a que utilicen todos sus recursos legales para que estos cuatro secuestradores, que están probados, no salgan jamás de la cárcel y no sentar este precedente tan grave para el país.

José Adrián González Navarro, diputado del PAN, también desde su curul, destacó que no sólo es la actuación del Ministerio Público, también de los jueces que han dejado libres a estas personas.

“Me deja claro que si fue liberado por el tiempo que fue detenido este delincuente, pues también tiene que ver la actuación de los jueces y más aún para que este julio o a escasos meses para que entre en plenitud el Sistema Penal Acusatorio y todo el dinero que le ha destinado la Federación para su implementación, no sea esta una excusa para que el día de mañana dejen de darle vida a este nuevo sistema procesal”.

El punto de acuerdo de las legisladoras del PVEM, publicado en la Gaceta Parlamentaria, precisa: el secuestro es el delito más lacerante de la sociedad que en los últimos años ha adoptado el rostro más perverso de la criminalidad no respetando la vida, integridad ni la tranquilidad de las personas o la legalidad sobre la cual está soportado el sistema de justicia, generando impunidad, injusticia y desconfianza hacia las instituciones, las corporaciones policiacas o la fuerza del Estado.

El secuestro se ha convertido en un negocio rentable pues en México 60 por ciento de los casos no se denuncian y el otro 40 por ciento restante, aunque se denuncie, no cuenta con garantías suficientes para llegar a la fijación del castigo a los responsables.

“Desafortunadamente estas fallas del sistema se traducen en un déficit de gobernabilidad, de confianza en las policías encargadas de perseguirlo sin estar profesionalizadas como se evidenció en el caso de la reciente liberación de cuatro secuestradores y homicidas del empresario Damián González del Río, por considerar que se violaron sus derechos fundamentales del debido proceso”.

Ese caso, precisa, obliga a exhortar a la procuraduría a defender sus procedimientos en vista de que la sociedad se ha manifestado con preocupación y repudio por la medida jurisdiccional, para evitar que se traicione su confianza en la justicia y en la contundencia del sistema penal en su conjunto.

Tan sólo en 2012 las tasas de secuestro en el país aumentaron 400 por ciento. Además, la impunidad es una de las más graves amenazas al sistema de justicia, ya que sólo 7 por ciento de los delitos son denunciados, y de ese porcentaje sólo el uno por ciento es castigado, ya sea por deficiencias en el respeto a los derechos fundamentales, por ciertos abusos por parte de las autoridades de investigación o por instrucción.

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