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06-07-2016.- La C谩mara de Diputados aprob贸, en lo general y en lo particular, en t茅rminos del dictamen, la minuta con proyecto de decreto que expide las leyes General del Sistema Nacional Anticorrupci贸n, General de Responsabilidades Administrativas, y la Org谩nica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sobre las observaciones realizadas por el Ejecutivo federal. El documento avalado en lo general, con 346 votos a favor y 82 en contra, fue remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. El presidente de la Mesa Directiva, Jes煤s Zambrano Grijalva, inform贸 que el Ejecutivo federal hizo observaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas correspondientes a los art铆culos 3, fracci贸n VIII; 4, fracci贸n III; 27, tercer p谩rrafo; 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81, por lo que la discusi贸n del dictamen versar铆a 煤nicamente sobre las observaciones a dichos art铆culos. Previamente, la Comisi贸n de Transparencia y Anticorrupci贸n aval贸 dicho dictamen con 18 votos a favor y seis en contra, en t茅rminos de la minuta enviada por el Senado de la Rep煤blica. Durante la sesi贸n, al fundamentar el dictamen, el diputado Rogerio Castro V谩zquez (Morena), presidente de dicha comisi贸n, explic贸 que en los citados art铆culos se elimina la obligaci贸n de las personas f铆sicas y morales de presentar declaraciones de situaci贸n patrimonial y de intereses, mismas que s铆 se inclu铆an en el pasado dictamen aprobado por el Congreso de la Uni贸n. Detall贸 que con las modificaciones del Ejecutivo, en el art铆culo 3 y 4 se omite a la persona f铆sica o moral como sujeto obligado a presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. En el 27, agreg贸, se elimina la obligaci贸n de los particulares de inscribir sus datos p煤blicos en el Sistema de Evoluci贸n Patrimonial, de Declaraci贸n de Intereses y de Constancias de Presentaci贸n de la Declaraci贸n Fiscal de la Plataforma Digital Nacional. A帽adi贸 que en el art铆culo 30 se elimina a los particulares de la posibilidad de que las secretar铆as y los 贸rganos internos de control realicen una verificaci贸n aleatoria de las declaraciones mencionadas. En el art铆culo 32 se se帽ala la obligaci贸n exclusiva de los servidores p煤blicos a presentar las declaraciones de situaci贸n patrimonial y de intereses. Mientras que en el 33, se eliminan los plazos para la presentaci贸n de la declaraci贸n inicial de modificaci贸n patrimonial para los particulares, precis贸. Respecto al art铆culo 37, agreg贸, se excluye a los particulares que en raz贸n de los recursos recibidos o contratados celebrados por un ente p煤blico, de que las secretar铆as y los 贸rganos de control soliciten la aclaraci贸n de su situaci贸n patrimonial. El 46, dijo, se帽ala a los servidores p煤blicos como los 煤nicos obligados a presentar declaraci贸n de intereses y patrimonial. Se excluye en el art铆culo 73 como falta de particulares en situaci贸n especial, la omisi贸n de presentar declaraciones patrimonial y de intereses. Mientras, del art铆culo 81 se elimina la posibilidad de imponer sanciones a una persona moral. Al iniciar la ronda de posicionamientos, la diputada de Encuentro Social, Melissa Torres Sandoval, consider贸 que las observaciones del Ejecutivo federal a esta norma apelan a la obligaci贸n de escuchar a la sociedad. 鈥淟a rectificaci贸n es parte de la naturaleza humana. Implica corregir y perfeccionar lo que hace posible construir un mejor gobierno鈥, agreg贸. Destac贸 que con las modificaciones al art铆culo 32 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, no tendr谩 que presentar sus declaraciones la poblaci贸n inscrita en programas sociales ni los estudiantes becados, entre otros, lo cual, de lo contrario, 鈥渘o constituir铆a un mecanismo efectivo en el combate a la corrupci贸n鈥. De Nueva Alianza, el diputado Mariano Lara Salazar celebr贸 la participaci贸n de la ciudadan铆a en la conformaci贸n del Sistema Nacional Anticorrupci贸n, a trav茅s de los nuevos medios de expresi贸n y comunicaci贸n, como las redes sociales. Precis贸 que con la promulgaci贸n de las leyes que regulan dicho sistema, no culmina el combate a las malas pr谩cticas de los servidores p煤blicos, sino que los legisladores deben estar atentos a la aplicaci贸n del nuevo marco legislativo a fin de que se cumpla con las expectativas de los mexicanos. Clemente Casta帽eda Hoeflich, representante de Movimiento Ciudadano, espet贸: 鈥淓l gobierno y su partido se equivocaron. Su revancha contra el sector empresarial dej贸 en rid铆culo al Poder Legislativo, y pretende agotar la discusi贸n sobre la Ley 3de3鈥. Precis贸 que aunque su fracci贸n parlamentaria respalda las correcciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, tambi茅n se帽ala que las disposiciones de su art铆culo 32 eran excesivas, inoperantes y absurdas, adem谩s de inconstitucionales, pues s贸lo respond铆an a un aire revanchista en contra del sector empresarial. La diputada Araceli Dami谩n Gonzales, de Morena, asegur贸 que el veto enviado por el Ejecutivo antepone los intereses particulares al del bien com煤n, bajo el argumento en que lo aprobado con anterioridad atenta contra los derechos de los particulares, no obstante que, subray贸 nada de lo establecido restringe las garant铆as individuales. Sostuvo que lo grandes empresarios con contratos con el gobierno y que, en algunos casos, financian campa帽as, deben tener la obligaci贸n de presentar su 3de3. Propuso crear una Comisi贸n de la Verdad que investigue a expresidentes por casos de corrupci贸n y enriquecimiento il铆cito. La diputada del PVEM, Sharon Mar铆a Teresa Cuenca Ayala, explic贸 que la Ley General de Responsabilidades Administrativas incluye un cap铆tulo referente a la integridad de las personas morales, en donde obliga a los empresarios manifestar cuando haya un conflicto de intereses en los negocios que formen con el gobierno y se establecen las sanciones por faltas que pudieran cometerse. Sugiri贸 que las sanciones administrativas sean vinculatorias con acciones penales debido a que antes se aprobaron reformas al C贸digo Penal Federal en las que se crearon tipos espec铆ficos, no s贸lo para servidores p煤blicos, sino tambi茅n para los particulares por delitos como el tr谩fico de influencias, peculado, enriquecimiento il铆cito y 鈥渓a pr谩ctica del moche鈥. El diputado Omar Ortega 脕lvarez (PRD) lament贸 que 鈥渆l Ejecutivo federal haya perdido la oportunidad hist贸rica de generar las condiciones de un sistema robusto, de un sistema nacional que no fuera protector ni defensa de la impunidad鈥. Aclar贸 que no est谩 en contra de los empresarios, del desarrollo, del impulso de la econom铆a y de la inversi贸n sino del contubernio, de la lucha de intereses de grupos tan importantes como Banca Monex, Grupo Higa y OHL. Enfatiz贸 que su grupo parlamentario votar铆a en contra de esta propuesta 鈥減orque de manera clara demuestra que el Ejecutivo quiere un Estado de corrupci贸n y un Estado de opacidad鈥. En tanto, la diputada Mayra Ang茅lica Enr铆quez Vanderkam (PAN) celebr贸 que, aunque tard铆amente, se corrija el art铆culo 32 y sus correlativos, y anunci贸 su voto a favor al estimar que es adecuada la decisi贸n del Ejecutivo, aunque incompleta sobre el contenido de la Ley de Responsabilidades Administrativas ya que 鈥渟e qued贸 corto al no escuchar a los m谩s de 634 mil ciudadanos que exigen mayor transparencia para los servidores p煤blicos presentando las declaraciones 3 de 3鈥. No tom贸 en cuenta las deficiencias del art铆culo 29 para que toda la informaci贸n de bienes o intereses de los funcionarios sea p煤blica tal y como lo mandata la Constituci贸n Pol铆tica. Expres贸 su convicci贸n de que a M茅xico le urge detener las inercias de 鈥渦na sociedad sometida y acostumbrada a la reproducci贸n de pr谩cticas indeseables como el chantaje, soborno y la complicidad entre gobierno y particulares para obtener preventas econ贸micas鈥. Por el PRI, el diputado Jorge Enrique D谩vila Flores resalt贸 que las observaciones del Ejecutivo se refieren exclusivamente a las normas que regulan la obligaci贸n de los particulares, personas f铆sicas y morales de presentar declaraciones de situaci贸n patrimonial y de inter茅s, la forma de dar cumplimiento a dicha obligaci贸n y las sanciones correspondientes. Aclar贸 que la forma en que fueron aprobados los art铆culos observados por el Ejecutivo, pondr铆an en riesgo la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupci贸n y resultar铆a contraria a los derechos humanos al afectar de manera excesiva la vida privada y la protecci贸n de los datos personales. Enfatiz贸 que la eliminaci贸n de algunos incisos no disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que act煤en de forma irregular ante el Estado. Durante la discusi贸n, la diputada Ernestina Godoy Ramos (Morena) anunci贸 su voto en contra del dictamen al estimar que no se corrigieron los errores, las insuficiencias y las limitaciones contenidas en el conjunto de leyes anticorrupci贸n aprobadas por el Congreso de la Uni贸n. 鈥淢茅xico pierde la oportunidad de contar con instrumentos jur铆dicos eficaces y reales para combatir la corrupci贸n鈥. La diputada Cynthia Gissel Garc铆a Soberanes (Encuentro Social) expres贸 que los art铆culos a discusi贸n son contrarios a los derechos humanos previstos en la Constituci贸n, perturban la vida privada y la protecci贸n de los datos personales de todos los mexicanos y de quienes realizan transacciones contractuales con el gobierno, y no abona en su fortalecimiento al Sistema Nacional Anticorrupci贸n. 鈥淎ctuemos a favor de todos y no de intereses propios; a trabajar en conjunto para erradicar las malas pr谩cticas. Sum茅monos en la pr谩ctica a un mejor gobierno, d茅mosle brillo a nuestras instituciones鈥. Jorge 脕lvarez Maynez, legislador de Movimiento Ciudadano, indic贸 que las modificaciones tienen congruencia con lo realizado para crear el Sistema Nacional Anticorrupci贸n. Llam贸 a promover un bloque legislativo para iniciar una acci贸n de inconstitucionalidad, y otorgar a los ciudadanos un instrumento de combate a la corrupci贸n y rendici贸n de cuentas. La diputada Mar铆a Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) solicit贸 firmar la acci贸n de inconstitucionalidad, con la finalidad de dignificar a la pol铆tica. 鈥淓stamos seguros que las observaciones al art铆culo 32 van ayudar, pero no cantemos victoria ante un tema de corrupci贸n que puede seguir estando presente, tenemos que atajarlo. Requerimos que todos los funcionarios p煤blicos tengamos voluntad pol铆tica para establecer esta modificaci贸n鈥. El diputado Rafael Hern谩ndez Soriano (PRD) mencion贸 que su voto ser铆a en contra, porque no est谩 incluida la obligaci贸n de publicitar las declaraciones patrimoniales de intereses de servidores p煤blicos que es una de las principales demandas de la ciudadan铆a. 鈥淟a sociedad ya no requiere discursos, sino hechos鈥. Por su parte, el diputado Emilio Enrique Salazar Far铆as (PVEM) resalt贸 que nadie puede estar a favor de la corrupci贸n, se tiene que hacer una ley simple y f谩cil de cumplir que 鈥渘o se llene de burocratismo鈥 en el que nadie pueda hacer nada. 鈥淓stamos hartos de exgobernadores, funcionarios ricos y de empresarios de ocasi贸n que se hacen de un momento a otro millonarios鈥. La diputada Alicia Barrientos Pantoja (Morena) indic贸 que su voto ser铆a en sentido negativo, pues se deja fuera del Sistema Nacional de Anticorrupci贸n a estos grupos que se enriquecen a costa de los recursos p煤blicos; por el contrario, dijo, 鈥渆xigimos cumplan con transparentar sus exorbitantes ingresos y se d茅 seguimiento al patrimonio de los servidores p煤blicos鈥 De Acci贸n Nacional, el diputado Jos茅 Hern谩n Cort茅s Berumen enfatiz贸 que se advirti贸 que hab铆a inconsistencias, que estaban sembrando posibles situaciones que dejaban en indefensi贸n en todo el Sistema Nacional de Anticorrupci贸n, por lo que estaba a favor de estas reformas. 鈥淣adie debe estar por encima de la ley, pero tampoco bajo el manto de la impunidad鈥. El diputado Francisco Xavier Nava Palacios (PRD) anunci贸 su voto en contra del dictamen porque su objetivo y misi贸n es respetar la voluntad ciudadana y fortalecer la vida democr谩tica del pa铆s y 鈥渆sto se logra combatiendo la corrupci贸n y desterrando la impunidad, no tapando los errores con vetos que vetan la transparencia y generan tratos de excepci贸n, eso es un nuevo error鈥. Por 煤ltimo, la diputada Yulma Rocha Aguilar (PRI) asegur贸 que los particulares, los empresarios y toda la ciudadan铆a est谩n dispuestos a ser parte de la soluci贸n del grave problema de la corrupci贸n. Anunci贸 su voto a favor y estim贸 que con esto se da un paso contundente e hist贸rico para combatir la corrupci贸n en nuestro pa铆s. Previamente, el Pleno cameral rechaz贸 una moci贸n suspensiva presentada por el diputado Juan Romero Tenorio (Morena), quien acus贸 que esta nueva modificaci贸n a la tambi茅n conocida Ley 3de3, es muestra de que 鈥渘o existe seriedad en el estudio de las leyes y el trabajo legislativo鈥 del Congreso de la Uni贸n. Discusi贸n en lo particular Para su discusi贸n en lo particular, diputados del PRD y Morena reservaron los art铆culos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los cuales fueron rechazados y con 314 votos a favor y 104 en contra, quedaron en t茅rminos del dictamen. -- ooOoo -- |
