• Propone realizar “ajustes o profundas reformas” a Ley General de Víctimas y Comisión Ejecutiva dedicada a atenderlas

• Por déficit institucional, importante número de víctimas de delito de alto impacto no tiene acceso efectivo a los derechos de ley

19- 07- 2016.- Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Cámara de Diputados consideró necesario replantear en nuestro país la relación del Estado con las víctimas mediante instituciones de justicia más ágiles, más cercanas y efectivas que permitan una apropiación eficaz de sus derechos y la recuperación de sus proyectos de vida.

Dejó en claro que estas son condiciones imperativas para alcanzar un Estado de Derecho y paz social.

A tres años de vigencia de la Ley General de Víctimas, es necesario realizar “ajustes o profundas reformas”, reconoció. En este marco, se comprometió –en su calidad de legislador- a revisar con toda responsabilidad una propuesta que, en la materia, entregó al Ejecutivo federal Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la “Asociación Alto al Secuestro”.

Ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien inauguró el Foro Internacional “Equidad para las Víctimas en el Debido Proceso”, el diputado Zambrano Grijalva reiteró que en materia de justicia -especialmente para atender a las víctimas del delito- “nos comprometemos, en lo personal, como legislador que -en la Cámara correspondiente- revisemos con toda responsabilidad esta propuesta”.

Entre los ajustes o revisiones que deben hacerse, indicó, sobresalen aquellos que tienen que ver con agilizar la operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus áreas sustantivas, para que cumpla de manera más eficiente con los procesos de atención y reparación –incluyendo la operación- de sus propios recursos.

Zambrano Grijalva refirió que la Ley General de Víctimas, publicada el 9 de enero de 2013, mandató a los congresos locales para que, en un plazo de 180 días, armonizaran sus respectivos ordenamientos conforme a dicho marco jurídico, incluyendo la creación de comisiones de atención a víctimas a nivel estatal.

No obstante, fustigó, “a febrero del presente año, tan solo 11 comisiones locales se encuentran funcionando, y únicamente 6 de ellas cumplen con lo establecido en la ley”.

Debido a ese déficit institucional, dijo, un importante universo de víctimas de delito de alto impacto no tiene acceso efectivo a los derechos que marca la ley general”.

“Es imperativo y urgente que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito tenga intervención, atención y -en su caso- reparación de las víctimas en casos del fuero local. Para ello, expuso, debieran establecerse claramente los supuestos en los cuales la Comisión Ejecutiva podría atraer y conocer de un asunto.

Recomendó estar pendientes de la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio y revisar el marco jurídico que lo rige, especialmente el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la puesta en marcha del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley General para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia; de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y la Política Nacional Penitenciaria, recién aprobada.

Todo ello, a fin de armonizar y construir el marco jurídico de temas como la discusión y aprobación, en su caso, de las propuestas de despenalización del uso de la mariguana, regulación del uso de la fuerza y de la desmilitarización o profesionalización de las labores de Seguridad Pública.

Destacó que con la publicación de la Ley General de Víctimas en 2013, el Estado mexicano construyó un entramado jurídico e institucional para garantizar, proteger y promover los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos que, hasta entonces, no habían sido debidamente ni reconocidos, ni mucho menos protegidos.

El legislador federal recalcó que la transformación no puede entenderse ni explicarse, sin tener presentes los complicados escenarios de inseguridad y violencia en nuestro país desde hace algunos años, que derivaron no sólo en la victimización de numerosas personas, sino en una lucha legítima de la sociedad civil por conquistar y apropiarse de sus derechos.

Concretó, sin embargo, que la ley y las instituciones creadas son perfectibles y, por ende, pueden ser sujetas a revisión y diagnóstico para adaptarlas a las necesidades y realidad nacional.

-- ooOoo --