• Deberá contemplar derechos de víctimas, obligaciones del Estado y medidas preventivas para la no repetición del daño
• En México existen más de 35 mil desplazados a causa de la violencia generada por crimen organizado: CNDH

11-06-2016 El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (MC), secretario de la Comisión de Gobernación, impulsa una iniciativa que reforma la Constitución Política, para que el Congreso de la Unión tenga la facultad de expedir la Ley General de Desplazamiento Forzado Interno.

Los cambios propuestos al artículo 73 de la Carta Magna, tienen el fin de atender las recomendaciones de organismos internacionales para que México expida una legislación general que siente las bases de una política de Estado capaz de enfrentar esta problemática.

Dicha norma deberá contemplar, como mínimo, derechos de las víctimas, obligaciones del Estado en la materia, medidas preventivas y de no repetición del daño, de atención integral y reparación del mismo, mecanismos de investigación y sanciones.

Mencionó que, de acuerdo con el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México (DFI) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que presentó en mayo último, dicho fenómeno afectó a más de 35 mil personas en el país, debido a la situación de violencia que se vive en diversas regiones a causa del crimen organizado.

Destacó que Tamaulipas es la entidad que presenta el mayor número de víctimas, con 20 mil desplazados; seguido de Guerrero con 2 mil 165 casos; Chihuahua con 2 mil 8; Veracruz, mil 131; Sinaloa, mil 65; Michoacán, 728; Durango, 430; Oaxaca, 250; y Chiapas con 128, según dicho informe.

La mayoría es afectada por la presencia criminal en sus lugares de residencia, extorsiones, conflictos internos permanentes, operaciones militares y proyectos de infraestructura en desarrollo.

Destacó que el 80 por ciento de las víctimas son mujeres, quienes se ven expuestas a sufrir otros delitos como abuso sexual, desaparición forzada, asesinatos y secuestros.

Además, el desplazamiento forzado interno se debe a la ejecución de megaproyectos de desarrollo, ya que, según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, tan sólo en el 2010 la construcción de 70 hidroeléctricas en el país generó la migración de más de 170 mil personas.

Castañeda Hoeflich dijo que a pesar de la grave violación a los derechos humanos existente, México no cuenta con los instrumentos jurídicos necesarios para diagnosticar la problemática, ni tampoco para hacerle frente desde una perspectiva integral, basada en el respeto a la integridad y los derechos de las personas, la reparación del daño y la no repetición de los hechos victimizantes.

“Este vacío institucional se reproduce en los tres órdenes de gobierno, dado que los gobiernos locales tampoco cuentan con la capacidad para enfrentar este fenómeno y proteger los derechos de las víctimas, por lo que se requiere una política de Estado integral capaz de atender las causas de este problema, enfrentar sus consecuencias y brindar atención integral a las víctimas”, acotó.

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