15-06-2016.- La Comisión de Reforma Agraria, que preside el diputado Jesús Serrano Lora, aprobó un dictamen para que la Procuraduría Agraria tenga entre sus funciones defender los derechos de los posesionarios de ejidos y comunidades, que sin ser propietarios están reconocidos por un Tribunal Unitario en la materia.

El dictamen de la iniciativa que reforma el artículo 135 de la Ley Agraria, establece que actualmente la Procuraduría Agraria tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de figuras como los ejidatarios y avecindados, pero no incluye a posesionarios.

El Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria contempla otros sujetos que de alguna manera llevan a cabo al interior de ejidos o comunidades actos de uso y goce de bienes sin ser propietarios, pero reconocidos por una asamblea o un Tribunal Unitario Agrario competente, como es el caso de los posesionarios.

Enfatiza que son sujetos poco estudiados y atendidos, dadas las contradicciones existentes en la normatividad agraria entre los ordenamientos de menor jerarquía y la propia Ley en la materia, por lo que urge regularizar jurídicamente estas deficiencias que limitan y restringen a este sector social tan importante, según datos del padrón total de sujetos agrarios del país.

En virtud de lo anterior, reconocer los derechos que tienen los posesionarios permitirá que quien los herede cuente con la expectativa de ser reconocido como los ejidatarios, logrando con ello una efectiva seguridad en la tenencia de la tierra.

Destaca que de acuerdo con el Sistema Integral de Modernización Catastral y Regional (SIMCR) del Registro Agrario Nacional, en México, hasta diciembre de 2015, existían 706 mil 999 personas reconocidas como posesionarios de tierras ejidales amparados por certificados parcelarios vigentes, lo que representa alrededor de 15.3 por ciento del total de la población de ejidos y comunidades del país.

El proponente de la reforma, diputado Óscar García Barrón (PRI), plantea que los posesionarios deben tener los mismos derechos que el ejidatario, cuya legalización al interior de la parcela o núcleo de población, será la tramitación de la certificación respectiva.

El también secretario de la Comisión de Ganadería e integrante de la de Agricultura y Sistemas de Riego, aclaró que la reforma no representará un desembolso económico, es sólo cuestión de trámite por parte de la Procuraduría Agraria, a fin de que su equipo técnico y jurídico, oriente y asesore a los posesionarios sobre los trámites que tendrán que hacer en el caso de que regularicen su situación.

García Barrón enfatizó que “los posesionarios deben tener la certeza jurídica de su patrimonio que es su parcela, uso común de cada uno de ellos y de sus familias�, agregó.

El legislador Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo (PRI) mencionó que la iniciativa dará consistencia a los ordenamientos jurídicos en materia agraria, donde ya se reconoce la figura de posesionario en otros ordenamientos, por lo que la Procuraduría Agraria debe incluir a estas personas en los derechos que deben otorgarles.

El diputado Héctor Barrera Marmolejo (PAN) coincidió en que la reforma dará certeza jurídica al posesionario “cuando trabaja en una parcela y a pesar de ello, muchos nunca logran tener el dominio pleno de esta�.

-- ooOoo --