16-06-2016.- Como parte del paquete de reformas para combatir la corrupción, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la minuta por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), con el objetivo de crear una Fiscalía Especializada para investigar y perseguir este ilícito.

El Pleno cameral lo avaló por unanimidad, en lo general, por 416 votos a favor, y en lo particular con 303 votos a favor y 102 en contra. Fueron rechazadas modificaciones a los artículos 10 Bis, 10 Ter, 10 Quater, 13, 21 y el Tercero Transitorio, presentadas por 11 legisladores de distintas fracciones parlamentarias.

Posteriormente, la reforma se envió al Ejecutivo federal para su promulgación.

Al fundamentar el dictamen, el diputado presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), subrayó que las reformas a este ordenamiento y al Código Penal Federal, eran un pendiente que el Poder Legislativo tenía con la nación, ya que la impunidad, “es uno de los mayores problemas que enfrenta México”.

El país “necesita combatir el fenómeno de la corrupción de manera eficaz para fortalecer su desarrollo económico y social; esto se logrará en la medida en que se refuerce la procuración de justicia y se reduzcan los índices de impunidad”, agregó.

La creación de la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción, explicó, parte de la premisa de que las instituciones débiles dejan espacios a las prácticas corruptas, por lo que se requería una restructuración que garantice un servicio público de calidad y castigue las malas prácticas, como el clientelismo y las compras gubernamentales fuera de la ley.

Por lo tanto, lo que se pretende con la enmienda a la Ley Orgánica de la PGR, es recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en quienes se desempeñen en el servicio público, es decir, “las personas que todos los días entregan sus esfuerzos para ofrecer al pueblo de México sus mejores resultados”.

“Hoy nos damos cita en este recinto, para refrendar nuestro compromiso con la lucha contra la corrupción que impacta directamente en la vida diaria de la sociedad y en la desconfianza de la ciudadanía a sus servidores públicos y hacia sus instituciones”, concluyó.

La Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción, detalla el dictamen, gozará de autonomía en el ejercicio de sus recursos, así como independencia técnica y operativa de la PGR, para investigar y perseguir este delito. Además, atenderá las acusaciones del fuero federal y podrá atraer las del orden común.

Estará equiparada jerárquica y administrativamente a una Subprocuraduría, y participará como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Tendrá la facultad de implementar estrategias y líneas de acción en el combate a la corrupción y de suscribir convenios de colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno y con órganos fiscalizadores, para fortalecer sus trabajos de investigación.

Otra tarea destacable de la Fiscalía Especializada, es la de integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información fiscal, financiera y contable vinculada a malas prácticas.

En este rubro, podrá ordenar el aseguramiento de bienes de propiedad de los imputados en casos de corrupción, y promover la extinción de dominio.

Para sus tareas, además de auxiliarse con la unidad administrativa en materia de Servicios Periciales, la nueva Fiscalía contará con Agentes del Ministerio Público Especializados en combate a la corrupción.

Por su parte, el titular de esta dependencia -quien debe tener al menos 35 años, ser abogado con mínimo de 10 años de experiencia y gozar de buena reputación- elaborará su anteproyecto de gastos de la Fiscalía para enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El documento se integrará al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que posteriormente aprobará la Cámara de Diputados.

El fiscal anticorrupción tendrá la obligación de presentar anualmente un informe de actividades y resultados al procurador General de la República, el cual, a su vez, será remitido al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y al Senado de la República.

Este mismo servidor, con acuerdo del procurador General de la República, podrá nombrar a los titulares de las unidades administrativas y direcciones generales de la fiscalía.

Por otra parte, propondrá al titular de la PGR el nombramiento de los agentes del Ministerio Público, por designación especial, que reúnan amplia experiencia profesional en materia de corrupción.

La actuación del fiscal, del personal y de los agentes del nuevo órgano, será fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, la Visitaduría General y el órgano Interno de Control de la PGR, conforme a sus respectivas competencias.

Al abrir la ronda de posicionamientos, el diputado Abdies Pineda Morín (PES) recordó que, según medios especializados, la corrupción le cuesta a México mil millones de dólares al año.

Ante las cifras negativas, concluyó que las reformas en materia de combate a este ilícito son “las más importantes” que ha discutido la Cámara de Diputados.

Por Nueva Alianza, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral consideró que la transformación interna de la PGR es prioritaria para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y para fortalecer el ejercicio cotidiano de la transparencia.

Reconoció, particularmente, el mecanismo de colaboración de la fiscalía con otras instancias y niveles de gobierno, para diseñar e implementar programas de combate a las malas prácticas. Una institución con las atribuciones como las del nuevo órgano, “no debe ser un ente aislado”, subrayó.

Representando a Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Sánchez Orozco advirtió: esta enmienda puede “quedase corta” y “limitada”, pues aunque la Fiscalía Especializada da esperanza a combatir la corrupción, también poseerá una “autonomía debilitada”.

Criticó el hecho de que la actual procuradora pueda, provisionalmente, nombrar al titular de la dependencia, y que el Presidente y el Senado, además, intervengan en ello. Lo anterior, enfatizó, propiciará un “reparto de cuotas entre partidos”, la elección de un funcionario que no cumpla con el mejor perfil ni la capacidad para luchar contra la corrupción.

El diputado de Morena, Emiliano Álvarez López, manifestó la posición de su bancada en sentido similar: lamentó que la fiscalía nazca “sin dientes” y bajo el mando del titular de la PGR, lo que impedirá cumplir con lo que la ciudadanía está solicitando en el combate de fondo a la corrupción.

La comparó con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), instancia que, señaló, “nació con bombo y platillo” pero que “no ha funcionado”. El factor de la autonomía, opinó, no permitirá atender casos de funcionarios corruptos, entre ellos, gobernadores y presidentes, que se han visto implicados con empresas como Oceanografía, OHL e HIGA, entre otros.

Del Verde Ecologista, la diputada Sofía González Torres calificó a la enmienda como una “medida histórica” que ratifica el compromiso de la Cámara de Diputados con la sociedad, responde al grado de especialización que requieren las autoridades para investigar y perseguir delitos de corrupción.

La Fiscalía Especializada en el combate a este ilícito “no es un acto de simulación”, sino actor estratégico para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción. “Fortalecerá el Estado de derecho en respuesta al mando constitucional y, sobre todo, la demanda de la ciudadanía”, reiteró.

El diputado Arturo Santana Alfaro, del PRD, pidió al Pleno cameral hacer lo necesario para dotar de presupuesto suficiente a la nueva fiscalía, ya que la propuesta de asignarle sólo el 4 por ciento del total del gasto de la PGR, “no es suficiente para cumplir con su misión de combatir la corrupción”. Le hará falta, consideró, un monto equivalente al 6 por ciento

Instó a los legisladores a “aspirar en el futuro a una autonomía plena” de la fiscalía, y a pugnar para el informe de actividades y logros que entregue anualmente su titular al Senado, también sea remitido a la Cámara de Diputados.

Del grupo parlamentario de Acción Nacional, el diputado Javier Antonio Neblina Vega destacó que la corrupción es el tema que “más molesta a la ciudadanía”, por lo que el Poder Legislativo debe responderle y aprovechar su oportunidad para “dar la vuelta a una página” que tanto ha dañado a México.

Precisó: “Si los actores políticos, si los servidores públicos, no operamos un cambio real hacia la forma en que concebimos la vida en comunidad, el servicio público y nuestra responsabilidad ante las próximas generaciones, el cambio normativo anticorrupción será letra muerta desde el momento mismo de su promulgación”.

Por último, la priista María Gloria Hernández Madrid reiteró que el “corrosivo” fenómeno de la corrupción, tiene un “segundo rostro”: el de las personas que, desde el ámbito privado, rompen el equilibrio entre la ley y su cumplimiento.

El paquete de reformas anticorrupción, sostuvo, son “engranes” que operarán con el compromiso cotidiano que deberá imprimir cada servidor público y ciudadano de nuestro país, para alcanzar el estadio de bienestar que se anhela.

“Dicho de otra forma, erradicar la corrupción requiere de un cambio de actitud personal frente a la interacción de servidores públicos y ciudadanos que pasa por la generación de normas jurídicas que inhiban o, en su caso, sancionen a quienes deseen seguir viviendo al margen de la ley”, concluyó.

En la discusión del documento, Cándido Ochoa Rojas (PVEM) se manifestó a favor de la enmienda, ya que, opinó, crea el entramado legal para responder al combate en contra de la corrupción que la ciudadanía ha exigido.

También a favor se pronunció el diputado Juan Romero Tenorio (Morena); sin embargo, sostuvo que no basta modificar la ley, o crear una fiscalía autónoma con atribuciones suficientes, sino “librar de la corrupción” a la función, factor que, acusó, “la Cámara de Diputados no ha abordado a plenitud”.

En el mismo sentido se manifestó Cristina Gaytán Hernández (PRD). Consideró que la autonomía de la fiscalía es un punto que deberá resolver el Poder Legislativo a futuro, ya que mientras no tenga esta particularidad, “todas las acciones que se implementen no gozarán de la legitimidad que les corresponde”.

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