17-06-2016.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 388 votos a favor, el dictamen de la minuta que reforma los artículos 201, 212, 213, 213 Bis, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225; se adicionan los artículos 212, 217 Bis, 221, 222, 224, y se deroga el cuarto párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, presidente de la Comisión de Justicia, destacó que la reforma tiene por objeto impulsar de manera significativa la lucha contra la corrupción, y para ello se contemplan innovaciones importantes en los tipos penales.

Entre otras, se endurecen las sanciones a servidores públicos que van desde la destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisiones públicas, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un plazo de uno a 20 años.

También sanciona a quien obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima, para sí o para cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios. Establece los supuestos en los cuales se considera responsable al particular, cuando realice un delito de corrupción, mencionó el diputado Ibarra Hinojosa.

La enmienda incluye como hipótesis del delito de abuso de autoridad, cuando se obtenga, exija o solicite sin derecho o causa legítima parte del sueldo de uno o más de sus subalternos, los denominados “moches” y los castigos van de tres meses a 14 años de prisión y de 30 a 150 días de multa.

Se adiciona un tipo penal al uso ilícito de atribuciones y facultades para sancionar al particular que en su carácter de contratista, permisionario o asignatario titular de una concesión de prestación de servicios públicos de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio de la Federación, lo haga con el fin de obtener un beneficio para sí o para un tercero.

México, dijo, necesita combatir el fenómeno de la corrupción de manera eficaz para fortalecer su desarrollo económico y social, y esto se logrará en la medida en que se refuerce la procuración de justicia y se reduzcan los índices de impunidad.

“Lo que hoy queremos es recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y quienes se desempeñen en el servicio público, aquellas personas que todos los días entregan sus esfuerzos para ofrecer al pueblo de México sus mejores resultados”.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes (PES) señaló que la corrupción en México ha desalentado la inversión, generado desconfianza y profundizado las condiciones de pobreza de millones de mexicanos; se ha lesionado a las instituciones democráticas y puesto en duda la legitimidad de la clase política nacional.

La presente reforma, agregó, además de considerar sanciones a los servidores públicos de la administración pública federal, senadores, diputados federales y locales, gobernadores y magistrados, también aplicará en aquellos que laboren en las empresas productivas del Estado: Pemex y CFE.

María Eugenia Ocampo Bedolla (NA) refirió que esta reforma pretende lograr una ampliación del marco normativo, para abatir efectivamente la impunidad en los casos de corrupción, focalizando la actuación de quienes son contrarios al servicio público.

Comentó que el barómetro global de la corrupción 2015, de Transparencia Internacional, revela que 88 por ciento de los mexicanos cree que las actuaciones de los servidores públicos son corruptas o muy corruptas, y que la mitad de la población del país considera que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos dos años.

Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, indicó que en esta reforma se puntualiza el concepto de corrupción de menores y para ello se contempla una serie de agravantes, dependiendo de quien comete los delitos; ya sea que se trate de un servidor público o de un particular, también se establece el delito de peculado y otro que comúnmente conocemos como “moche”.

Pese a los avances, dijo, la reforma tiene sus debilidades. Si no hay sanciones la impunidad no solamente persistirá, sino que seguirá creciendo. No hay prisión preventiva para ningún funcionario, porque ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales se le contempla para algunos ilícitos.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (Morena), se manifestó a favor de la reforma, la cual, aseguró, tiene especial significado para la sociedad mexicana. “Pero no porque pensemos que va a resolver los problemas o que ahora sí vamos a llenar las cárceles con todos aquellos que se han dedicado a saquear el erario público, sino porque al fin estamos debatiendo lo que tanto se han esforzado en ocultar los que detentan el poder”.

Pidió no ocultar a la opinión pública que la corrupción es el principal problema del país y que representa hasta el 10 por ciento del Producto Interno Bruto. “No tratemos a los ciudadanos como menores de edad diciéndoles que estas conductas son simplemente faltas administrativas graves vinculadas, con hechos de corrupción”, recomendó.

La diputada Sofía González Torres (PVEM) opinó que las reformas al Código Penal Federal responden a una de las demandas ciudadanas de mayor alcance en los últimos años; perseguir y castigar a los servidores públicos que defrauden la confianza depositada en ellos, y se involucren en actos de corrupción.

Mencionó que dichos actos no deben sancionarse únicamente por la vía administrativa. “Es necesario que aquellas conductas indebidas, que lesionan a la sociedad, y afectan la credibilidad de las instituciones, tengan consecuencias penales. El Sistema Nacional Anticorrupción requiere de estos cambios legales para operar de forma eficaz.

Por el PRD, el diputado Waldo Fernández González señaló que la deshonestidad en nuestro país ha sido un cáncer difícil de combatir; sin embargo, con esta esta reforma se crea un nuevo orden jurídico y sientan bases firmes para hacer frente a este delito.

Asimismo, dijo, se prevé la actualización en la forma de calcular las multas y se establece que será por medio de la Unidad de Medida y Actualización, UMA. En este sentido se homologa el criterio de la cuantía, que van desde las 30 hasta las mil 100 UMAS.

La diputada María García Pérez, del PAN, admitió que la corrupción y la impunidad se han convertido en una amenaza real para millones de mexicanos, que ven afectados su nivel de vida y su futuro. “No nos equivoquemos, los resultados electorales hablan de un México que ya está harto y cansado de tanta corrupción, de tanto saqueo descarado por parte de algunos gobernantes y servidores públicos”.

Añadió que se han detectado nuevas e ingeniosas formas de hacer trampa y de violar la ley en el servicio público, situación que se debe corregir. “Los ajustes al Código Penal Federal deben incidir en el combate a este flagelo”.

La diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del PRI, consideró que la reforma es un pilar fundamental para el combate a la corrupción, a través de la cual se generarán sanciones efectivas para aquellos que abandonen el buen ejercicio en la función pública.

“Esta reforma contiene propuestas responsables y progresistas. Se amplía el catálogo de delitos, para sancionar la mala práctica en el servicio público. La ciudadanía ha exigido que los corruptos sean castigados de manera contundente”, manifestó.

Se pronunciaron en pro del dictamen, los diputados Roberto Cañedo Jiménez, del grupo parlamentario de Morena, y Cándido Ochoa Rojas, del PVEM; en contra, Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano.

Fueron reservados para su discusión en lo particular, los artículos 149 Bis-1, adición; 149 Bis-2, adición; 149 Bis-3, adición; 149 Bis-4, adición; 212, 217, 217 Bis, 214, 215, 218, 222, 219, 223 y el primero transitorio, mismos que al ser rechazados fueron aprobados en los términos del dictamen con 254 votos a favor y 98 en contra.

Se envió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

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