• Comisión de Fortalecimiento al Federalismo emite pronunciamiento sobre una iniciativa al respecto

• También considera viable facultar al Congreso a legislar en materia de gestión metropolitana y expedir una ley general

19-06-2016 Las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs) para medir la pobreza no cuentan con reglas fijas y claras, lo que genera confusión e incertidumbre territorial, así como dificultad para elaborar planes a largo plazo, señaló el presidente de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, diputado Juan Pablo Piña Kurczyn.

Actualmente, dijo, hay dos formas de medir la pobreza: a través de las Zonas de Atención Prioritarias y las AGEBs, lo que produce “incongruencias y limitaciones que imposibilitan a los municipios ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y, por ende, tienen observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)”.

De los 2 mil 80 municipios que disponen con una Zona de Atención Prioritaria, existen al menos 994 que también cuentan con Áreas Geoestadísticas Básicas, es decir, “hay una duplicidad en la geografía de la pobreza por este problema”, denunció.

Indicó que entre 2013 y 2014 disminuyeron 4 mil 735 AGEBs, situación que afectó a 204 municipios mayores a cien mil habitantes. Además, existen 354 ayuntamientos sin clasificación de pobreza; no obstante, “reciben dinero del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal”.

Por ello, en reunión de trabajo, dicha instancia legislativa aprobó una opinión favorable a la iniciativa que modifica las leyes General de Desarrollo Social y de Coordinación Fiscal, para establecer reglas claras y sencillas que se traduzcan en una mejor distribución de los recursos federales a aquellos municipios del país que más lo necesitan.

La propuesta, que será dictaminada por las comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público, busca condicionar la entrega de los recursos al cumplimiento de reglas de operación que establezca el Poder Ejecutivo Federal, de manera que “permita erradicar la discrecionalidad y corrupción de los servidores públicos”.

El propósito es erradicar uno de los problemas más grandes del país, como es la pobreza, y que las incongruencias en la medición sean eliminadas y brindar mayor autonomía a los municipios del país en la operación de los recursos, en beneficio de los habitantes de las zonas que así lo requieran.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), existen en el país 55.3 millones de personas en situación de pobreza, de las cuales 11.4 millones se encuentran en pobreza extrema y 43.9 millones en moderada.

El documento considera acertado establecer reglas claras y sencillas que se traduzcan en una mejor distribución de los recursos federales a aquellos municipios del país que más lo necesitan, así como condicionar la entrega de los recursos al cumplimiento de reglas de operación que establezca el Poder Ejecutivo Federal, de manera que “permita erradicar la discrecionalidad y corrupción de los servidores públicos”.

Otra bondad de la iniciativa es hacer que los municipios tengan asesoría gratuita, capacitación y orientación por parte de las dependencias responsables del otorgamiento de estos recursos, de manera que el desconocimiento de las reglas de operación no será un obstáculo para que los ayuntamientos que más lo requieran dejen de percibir el presupuesto que les permita un mejor desarrollo.

Se comparte la idea de que los municipios deban tener la facultad de ejecutar obras en aquellas AGEBs y localidades donde no se hayan determinado zonas de atención prioritaria, lo que permitirá que no se frene el desarrollo municipal.

Por otra parte, la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo avaló su opinión a favor de la iniciativa que reforma los artículos 73, 115 y 116 de la Constitución Política, cuya finalidad es facultar al Congreso de la Unión a legislar y expedir una ley general que establezca los requisitos para la creación y funcionamiento de entidades de gestión metropolitana.

Conforme a un estudio de la Conapo, la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México pasó de identificar a 26 zonas en 1940 a 59 en 2010, las cuales concentran 367 municipios, representando el 56.8 por ciento de la población, es decir, 63.8 millones de habitantes.

Esta medida, señala la propuesta, pondrá fin a las omisiones jurídicas sobre el tema; sin embargo, sugiere establecer mecanismos generales para la mejor distribución de los recursos y su uso eficiente, así como principios que rijan el actuar de dichas zonas para que sean sustentables y aumenten las inversiones.

La creación de las entidades de gestión metropolitana, atenderá de manera pronta y eficaz las necesidades de dichas zonas, pues los municipios son el nivel de gobierno más cercano a la población, por las diversas actividades que realizan. De ahí que se considera acertada la idea de que los ayuntamientos integren las zonas metropolitanas y tengan injerencia en la toma de decisiones de la planeación regional, apunta.

Sobre el tema, los diputados de Acción Nacional, María García Pérez y Pedro Garza Treviño destacaron que las zonas metropolitanas tienen más de 40 millones de habitantes y se pronunciaron por revisar cómo funciona actualmente el desarrollo de estas regiones.

Por el PRI, los legisladores María del Rocío Rebollo Mendoza y Salomón Fernando Rosales Reyes expusieron que, si bien ya existen estas zonas, no todas reciben fondos metropolitanos y manifestaron su preocupación por tener un buen ordenamiento jurídico sobre el destino de los recursos.

Delfina Gómez Álvarez y Sergio René Cancino Barffuson, diputados de Morena, resaltaron las necesitad de fortalecer la coordinación de los municipios para un mejor beneficio social de las comunidades y consideraron vital mejorar los servicios, como el del transporte y telefonía.

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