08-03-2016 La Cámara de Diputados aprobó con 418 votos reformas a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para que este organismo incluya en sus acciones la promoción de la igualdad de género.

El dictamen de la minuta, remitido al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, modifica el artículo 3, fracción V de dicha norma para agregar el término “igualdad” a los de participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, a fin de preservar la perspectiva de género.

En la fundamentación del documento, la diputada Edith Villa Trujillo (PRI), secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, precisó que al adicionarse el concepto de igualdad se mandata a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) dar plena observancia a este principio fundamental en los programas y acciones del gobierno federal en la atención de las mujeres de esas comunidades.

Con esta modificación, reiteró, dicho organismo deberá procurar “la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas de desarrollo integral para nuestros hermanos indígenas”. Esta reforma cobra mayor relevancia porque la CDI es la dependencia encargada de garantizar el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios y tiene la atribución de orientar, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas que impulsen su desarrollo, explicó.

Además, la CDI enfatizará la perspectiva de género que debe orientar las políticas de la administración pública federal en materia indígena.

Durante los posicionamientos, la diputada Karina Sánchez Ruiz (Nueva Alianza) comentó que las desigualdades por condición de género obedecen a la persistencia de patrones culturales que se expresan en comportamientos que cobran una trascendencia primordial en el curso de la vida de las personas. Aclaró que si bien no son exclusivas de determinados grupos, “las mujeres indígenas sufrimos mayor desigualdad que las mujeres no indígenas”.

Refirió que a pesar de que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho primordial reconocido en México, la discriminación por razón de género aún prevalece, “y para las mujeres indígenas aun es peor”. Por ello, estimó necesario incorporar a la ley el término igualdad, para preservar la perspectiva de género como un elemento normativo en el apoyo que reciban de proyectos productivos.

En su turno, la diputada Blandina Ramos Ramírez (Morena) resaltó que los indígenas sufren de pobreza, marginación, aislamiento y un difícil acceso a los servicios básicos. Ante tal carencia, subrayó, se ven obligados a migrar a las ciudades donde también se ven obligados a vivir en las zonas periféricas y replicar la miseria y exclusión de oportunidades.

Expresó que en 18 de los 20 municipios del país considerados en extrema pobreza, 70 por ciento de su población es de origen indígena, donde los programas gubernamentales de asistencia y atención a rezagos son insuficientes, por lo que continúan las carencias en materia de educación, alimentación, salud, drenaje y vivienda.

En su intervención, la legisladora Adriana Sarur Torre (PVEM) señaló que, de acuerdo con el INEGI, 32 por ciento de las mujeres ha padecido violencia sexual, actos de intimidación, acoso o abuso sexual; 63 de cada 100 de 15 años y más declararon haber padecido algún incidente de violencia. Por ello, declaró, el dictamen garantiza espacios y programas, a fin de que se respeten y fomenten los derechos fundamentales de las mujeres.

El dictamen, continuó, obliga a los estados a proveer información sobre los antecedentes de violencia hacia las mujeres y abastecer garantías que las protejan. Expresó un “no a que se repitan casos como el del campo algodonero, no a que exista una muerta más en Ciudad Juárez. Con reformas como ésta, el Poder Legislativo pone un freno a la violencia y se construye un piso jurídico contra la agresión y el abuso hacia las mujeres”.

La legisladora Cristina Gaytán Hernández (PRD) resaltó que las mujeres indígenas presentan un mayor grado de vulnerabilidad, producto de la desatención social y del Estado. “Es consecuencia de la indolencia y mala praxis política, un mal diseño institucional y falta de responsabilidad por parte de funcionarios al frente de instancias que han sido utilizadas como trampolín político”, acotó.

Aseguró que la situación de las niñas indígenas es alarmante, ya que de 207 mil que hablan alguna lengua indígena no saben leer y escribir, mientras 44 mil no cuentan con educación básica. Aunado a ello, se encontraron casos, en comunidades de Guerrero, Veracruz, Baja California y estados de la frontera, de niñas víctimas de violencia sexual.

Por el PAN, la diputada Katia Berenice Burguete Zúñiga estimó indispensable identificar las necesidades de mujeres y hombres indígenas y comprender que no siempre la atención a sus necesidades, a través de políticas públicas específicas, permiten alterar las desigualdades que provocan los roles y relaciones de género vigentes en la sociedad.

Es nuestra responsabilidad, afirmó, crear y modificar normas jurídicas que respondan a la realidad social y enfrentar la oportunidad de sentar las bases de un sistema jurídico equitativo e igualitario que permita transitar a una sociedad más justa. “Estamos convencidos que las mujeres y hombres deben reconocer mutuamente su valor propio y responsabilizarse el uno del otro sobre la base de una igualdad de derechos y obligaciones”.

La diputada Lillian Zepahua García (PRI) mencionó que México ha avanzado notablemente en el diseño de un andamiaje legal de protección y reconocimiento de los derechos de las mujeres, con la aprobación de normas como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la incorporación de una perspectiva de género en la Ley Federal de Presupuesto.

Estos logros, abundó, son conquistas partir de la lucha de las mujeres al considerar, desde las normas, una verdadera perspectiva de igualdad y equilibrio; sin embrago, agregó, el camino es largo y en muchos casos la inequidad no quedará erradicada por decreto. Ante ello, mencionó que la reforma en mención busca armonizar textos legales en la búsqueda de condiciones de igualdad entre mujeres y hombres indígenas, e incluir el enfoque de género en políticas, programas y acciones de gobierno.

En la discusión, la diputada María Elena Orantes López (MC) sostuvo que el dictamen va en favor de la igualdad de las mujeres indígenas. “México es otro a partir de 1953; el rostro del país cambió con la participación de las mujeres. Hablar de mujeres indígenas es hablar de una sociedad más justa”.

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