10-03-2016.- La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de implementar políticas públicas que garanticen espacios públicos libres de agresiones y campañas de sensibilización para prevenir, atender y erradicar estas acciones.

El dictamen que modifica los artículos 17, 43, 49 y 50 de dicha norma, también señala que corresponderá a las entidades federativas, a la Ciudad de México y a los municipios, establecer políticas públicas que garanticen un transporte público seguro para las mujeres. Se avaló con 397 votos y remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, explicó que el dictamen tiene varios objetivos a favor de las mujeres, entre ellos implementar campañas comunitarias para erradicar la violencia en su contra y establecer espacios públicos libres de acoso.

Refirió que el segundo ámbito en donde las mujeres mexicanas sufren más violencia, es en el espacio público de la comunidad, donde son víctimas de hostigamiento, acoso e, incluso, de violaciones.

Detalló que el dictamen también establece la obligación de las entidades federativas de alimentar el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia en contra de las Mujeres (Banavim) y que la Federación implemente acciones para garantizar a todas espacios públicos libres de violencia.

Se faculta, dijo, a la Secretaría de Desarrollo Social para crear campañas de sensibilización destinadas a prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres en el ámbito público. Estimó que las modificaciones fortalecen los mecanismos de prevención para alcanzar ese objetivo.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro Social) mencionó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el 82.2 por ciento de las mujeres fue víctima de violencia, fundamentalmente psicológica.

Resaltó la importancia del dictamen. “Sin duda es trascendente para las mujeres que sufren de violencia en sus comunidades, en sus localidades, quienes son el pilar fundamental de su familia y la motricidad de la economía nacional”.

Por su parte, la diputada Angélica Reyes Ávila (Nueva Alianza) estimó urgente ampliar los instrumentos legales que aseguren una vida libre de violencia para las niñas, adolescentes y mujeres, y que este derecho se respete y no quede en letra muerta de una legislación.

Resaltó que es denigrante que las mexicanas en este país sean acosadas y violentadas en el transporte público, ya que de acuerdo con un estudio en la Ciudad de México, seis de cada 10 mujeres experimentaron algún tipo de acoso físico o verbal en el 2014. Expresó su compromiso para impulsar una igualdad sustantiva que les permita el desarrollo pleno.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) dijo que con este dictamen se garantizan espacios seguros en el transporte público, donde existe un alto índice de delitos en su contra.

Destacó que las entidades federativas estarán obligadas a nutrir el banco de datos, el cual ya existe, pero las procuradurías locales no lo alimentan, y la reforma permitirá que todo el mundo sepa el impacto de la violencia contra las mujeres.

En su turno, la diputada Ariadna Montiel Reyes (Morena) refirió que en Chiapas, Guerrero y Oaxaca las comunidades indígenas se rigen por usos y costumbres, situación que coloca a las mujeres en desventaja social y cultural, porque provocan discriminación, violencia y transgresión a sus derechos humanos.

Afirmó que, a pesar del reconocimiento de las mujeres como integrantes de sus comunidades, no reciben igual trato que los hombres y sus derechos no son respetados. Además, agregó, la discriminación, poligamia y venta de niñas es de todos los días. Por ello, se pronunció a favor de las modificaciones, ya que “es un paso más para garantizar el acceso a una vida libre de violencia”.

Por el PVEM, la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz manifestó su voto a favor del dictamen y expresó su convicción de que solamente a través de la inclusión de acciones que den seguridad a las mujeres se podrá erradicar la violencia.

Con esta reforma, añadió, se busca obligar a las entidades federativas a que proporcionen información para alimentar el banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas beneficiadas, lo cual permitirá a los legisladores y a las dependencias gubernamentales, contar con datos reales de la situación de violencia que mantiene el país y focalizar las políticas públicas para que sean más efectivas.

La diputada Erika Irazema Briones Pérez (PRD) confió en que esta propuesta se traduzca en políticas públicas y programas que garanticen espacios libres de violencia para las mujeres y niñas. Además, se hace hincapié en un problema cotidiano en zonas metropolitanas, que son los acosos en el transporte público.

Se manifestó en contra de la denigración, discriminación y marginación, así como de la exclusión, y con ello garantizar un Estado igualitario, tanto en oportunidades como en el derecho y condiciones entre hombres y mujeres.

En tanto, la diputada Karina Padilla Ávila (PAN) comentó que la violencia contra las mujeres y niñas, en especial el acoso en el espacio público, sigue siendo un problema en gran medida desatendido, pobremente regulado y sin políticas para prevenirlo. Por ello, dijo, su grupo parlamentario se pronuncia a favor del dictamen, porque pretende consolidar las acciones que el Estado mexicano debe garantizar a las mujeres: la erradicación de la violencia en la comunidad.

Esta reforma, añadió, “reconoce que para erradicar ese lacerante problema es indispensable hacer un trabajo integral, en el que paralelamente, al establecer espacios segregados o reservados en el transporte público para las mujeres, se impulsa la transformación cultural y educativa, para combatir los roles y estereotipos de género que colocan a las mujeres en una posición de discriminación y vulnerabilidad”.

La diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya (PRI) destacó la urgencia de implementar políticas públicas tendentes a garantizar espacios públicos libres de violencia e implementar campañas de sensibilización destinadas a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en la comunidad y aquellas que garanticen un transporte público más justo, en donde haya un lugar para todas y todos, sin distinción de género.

Coincidió en que es viable obligar a las entidades federativas para que proporcionen información al banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas para realizar las acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información entre las diferentes instancias.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el martes 15 de marzo, a las 11:00 horas.

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