17-03-2016.-

La Cámara de Diputados aprobó con 382 votos a favor, ninguno en contra y 32 abstenciones, el dictamen de la minuta que expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y reformas a las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública, y General de Contabilidad Gubernamental, devuelta con cambios por el Senado de la República.

El presidente de la Mesa Directiva, diputado Jesús Zambrano Grijalva, informó, previo a la discusión del dictamen, que la Cámara de Senadores realizó modificaciones a los artículos 2, 23, 24, 26, 33, 46, 51, correspondientes a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; al artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, y al artículo 14 transitorio del proyecto de decreto.

Asimismo, especificó que de acuerdo con la fracción E del artículo 72 constitucional, la discusión de este asunto sería únicamente sobre las reformas o adiciones realizadas por la colegisladora, sin poder alterar de manera alguna los artículos aprobados por ambas Cámaras.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Gina Cruz Blackledge (PAN), presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explicó en qué consistían las nueve modificaciones aplicadas por el Senado.

En los artículos 2, 23, 24, 33 y 51, de la Ley de Disciplina Financiera, dijo, el Senado consideró necesario ajustar las referencias al Distrito Federal para sustituirlas por Ciudad de México, así como órgano político administrativo de las demarcaciones territoriales, por alcaldías, tras la reforma constitucional.

En lo que se refiere al artículo 26, se consideró que la solicitud del financiamiento deberá precisar y ser igual al monto, plazo, perfil de amortizaciones, condiciones de disposición, oportunidad de entrega de los recursos, así como un ajuste de forma al concepto de entes públicos, para adecuarlo al resto de la reforma.

En el artículo 46 se estableció que cuando el nivel de endeudamiento de un ente público se clasifique como sostenible, estará en aptitud de adquirir financiamiento hasta por el equivalente del 15 por ciento de sus ingresos de libre disposición, en lugar del 10 por ciento previsto anteriormente.

Sobre la Ley de Coordinación Fiscal, señaló la diputada Cruz Blackledge, se adecua el texto del artículo 9 con la finalidad de dar congruencia a lo dispuesto en la reforma constitucional y la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios, y la inscripción en el Registro Único de todas las obligaciones garantizadas o con fuente de pago con cargo a participaciones, se realice de conformidad con el Capítulo 6 del Título Tercero de dicha ley.

Asimismo, se elimina la limitante de afectación de participaciones para las entidades federativas y los municipios, en caso de que las obligaciones respaldadas con participaciones excedan el cien por ciento de los ingresos de libre disposición.

Finalmente, se incluye un segundo párrafo al Transitorio Décimo Cuarto del decreto de la Ley de Disciplina Financiera, con la finalidad de condicionar el otorgamiento de la deuda estatal garantizada, a que los estados y municipios estén al corriente en las obligaciones establecidas en los transitorios Sexto y Séptimo.

Posteriormente, los grupos parlamentarios fijaron sus posicionamientos.

El diputado Vidal Llerenas Morales (Morena) manifestó el voto de su grupo parlamentario en abstención y argumentó que una de las cuestiones es el cambio de nombre del DF por Ciudad de México, “entre otras cosas, porque hay un capítulo tercero de esta ley que norma la deuda de la Ciudad de México de manera distinta al resto del país, e incluso con muchos más requisitos”.

Agregó que la reforma política, lejos de dar soberanía a la Ciudad de México en materia de deuda, le establece mayores condiciones. Citó por ejemplo que su deuda solamente la pueda utilizar para inversión con un retorno productivo, “cuestión que no tienen el resto de las entidades”.

Gonzalo Guízar Valladares (PES) destacó que la reforma busca que las entidades y municipios administren sus recursos con legalidad, eficacia, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. “Es decir, eficiencia en el gasto público. Se crea el Registró Único de Deuda”.

El Congreso, dijo, creará una comisión bicameral para dar seguimiento y la Auditoría Superior de la Federación será parte de esta supervisión. Los gobiernos tendrán que estar al corriente en sus pagos y no deber para poder contraer nuevos compromisos de deuda.

María Elena Orantes López, de MC, dijo que la deuda en estados y municipios es un tema preocupante, reflejo de la laxitud en las responsabilidades del manejo de finanzas públicas en los distintos niveles, por lo que se vuelven indispensables los instrumentos para poner freno a la deuda pública que en algunas entidades representa entre 100 y 200 por ciento de sus ingresos por participaciones.

“No importa la manera irregular en la que los Congresos locales contrajeron las deudas y avalaron la contratación de deuda por parte de gobernadores o de municipios. Con esta ley, la deuda será avalada por el gobierno federal y pasará a formar parte de la deuda garantizada”.

Daniela de los Santos Torres, del PVEM, mencionó que hay estados y municipios que han pedido de manera irresponsable créditos y los han gastado de manera inadecuada. “Esta ley los acota y les pone reglas, les hace registrarla y les pone topes”.

Las finanzas, agregó, son un acto de responsabilidad y profesionalismo, no de partidos. Hay estados y municipios que se reciben en terribles condiciones, con grandes deudas y hay que corregirlas.

Candelario Pérez Alvarado (PRD) dijo estar convencido de que es momento de poner orden y evitar abusos en la conducción de las políticas de endeudamiento de algunos estados y municipios que lo único que hicieron fue comprometer el futuro económico de las siguientes generaciones.

El PRD, añadió, siempre ha estado y estará a favor de endeudamientos con fines claros, transparentes, orientados a la inversión productiva en beneficio de los ciudadanos y que promuevan el crecimiento económico beneficiando tanto a las nuevas generaciones sin que se perjudique a las futuras.

Herminio Corral Estrada (PAN) consideró que la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios es un instrumento legal que da respuesta al clamor de los mexicanos respecto de los malos manejos de endeudamiento y su uso indebido, de negocios ilícitos por parte de algunos gobernantes que acaban con el futuro de las próximas generaciones.

Se trata de poner un freno, de darle a la Secretaría de Hacienda la posibilidad de contar con los instrumentos necesarios para aplicar medidas adecuadas y evitar acciones deliberadas que dañen la economía de estados y municipios.

Jorge Estefan Chidiac, del PRI, se congratuló por la aprobación del dictamen para normar la deuda pública de los estados, toda vez que, dijo, el endeudamiento público directo, indirecto, los pasivos con proveedores, la deuda contingente y todo tipo de obligaciones en que incurren los gobiernos estatales y municipales tendrá que ser asentada y subida en un registro nacional.

Qué bueno que no se va a poder ocultar la deuda en este país, como ocurre en estados como Puebla, que registra 6 mil millones de pesos, pero la deuda oculta llega a los 70 mil millones. “Se le ha exigido al gobernador la transparente y se ha negado a través de fideicomisos privados donde ha hipotecado el futuro de los poblanos”.

El diputado Juan Romero Tenorio (Morena) reservó para su discusión en lo particular el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, misma que fue rechazada y aprobada en los términos del dictamen con 375 a favor y 29 abstenciones.

Se envió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

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