19-05-2016.- En la presentación del libro “Institucionalización de procesos de evaluación. Calidad y utilización de sus resultados”, investigadores resaltaron la importancia de examinar las políticas públicas, en particular, el desempeño del gasto que se hace a través de diferentes programas e instituciones.

Enrique Esquivel Fernández, asesor general de Estudios Sociales y de Opinión Pública del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), puntualizó que la evaluación de la política pública en México no es nueva, ya que tiene aproximadamente 15 años de implementarse mediante un esfuerzo sistematizado e investigación.

La aportación del análisis e investigación en el ámbito de finanzas públicas resulta novedosa e indispensable contribución para evaluar las políticas públicas y, en particular, las acciones sociales, toda vez que “se busca disminuir la brecha de desigualdad y el deterioro social en el país”.

Argumentó que si bien existen diferentes trabajos de evaluación, no sólo en ciencias sociales sino financiera sobre gastos públicos, este esfuerzo editorial pretende coadyuvar a una comprensión del ejercicio del gasto público en política social, a través de diferentes programas e instituciones.

Esquivel Fernández mencionó que la evaluación en México está en un constante proceso de consolidación tanto conceptual como instrumental. Esta no es un elemento adicional a lo que se le considera política pública sino central de la misma, apela a un aprendizaje sobre formas de planeación y organización como elemento de una nueva cultura hacia el diseño institucional que abarque los tres órdenes de gobierno y ejecutores del gasto público.

Tal proceso apela a un Estado moderno a través de un gobierno abierto, donde el ciudadano juega un papel fundamental, entendiendo que México, con la creación de los órganos autónomos de los últimos diez años, ha transitado de un gobierno cerrado a uno cada vez más abierto que pretende dar mayor participación a la sociedad.

Talina Olvera Mejía, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), destacó que los procesos de evaluación en América Latina iniciaron tarde y a ello se agregan los escasos recursos financieros o humanos. El libro analiza valoraciones en diversos sectores en México, como el social, educativo, de salud, medio ambiente y desarrollo rural.

Tan sólo en el sector de educación, explicó, se observa el mayor número de evaluaciones e incluso supera a las de desarrollo social. En salud se da un seguimiento constante, a pesar de que no tiene un órgano encargado de ellas, pues del 2007 al 2013 se llevaron a cabo 27 evaluaciones; el ámbito de desarrollo rural es pionero en las valoraciones por los convenios con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Sobre el cambio climático, expuso que aunque el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), tiene atribuciones en la realización de evaluaciones en este tema, éstas no se han realizado ni de implementación ni de impacto. Las evaluaciones, están enfocadas hacia la generación de metodologías o la unificación de cifras en todas las dependencias que tienen que ver con procesos medio-ambientales.

La también autora del libro, Esthela Sotelo Núñez, investigadora de la UAM, puntualizó que las evaluaciones permiten tomar mejores decisiones públicas, e indicó que es importante cuestionar el desempeño de las valoraciones.

Resaltó que cada año se realizan a nivel federal 200 evaluaciones pero el libro únicamente analizó 16, siendo uno de sus resultados más trascendentales, que las mismas tienen un nivel aceptable pero no se observan intentos de mejora.

Desde el 2014, denunció, el inventario de programas y acciones federales de desarrollo social ya no publica información de las evaluaciones, lo que reduce su transparencia en los procesos al momento de contratar valoraciones en las instituciones. En el costo de las mismas hay una disparidad grande, “se sabe muy poco cuáles son los estándares. Sería esperable que el costo de las evaluaciones reflejara la calidad de las mismas”.

Angélica Rosas Huerta, igualmente investigadora de la UAM y autora del libro, señaló que se contempla un apartado de las evaluaciones de la Ciudad de México, en donde se precisa que la mayoría de los equipos tienen experiencia y un alto grado académico, lo que permite tener mejores resultados.

Los costos de las evaluaciones en 2010 sumaban 348 mil pesos y las de 2011, alrededor del millón de pesos. En ellas, dijo, se establece un trabajo de campo, cuya finalidad es conocer de la población qué tanto se ha mejorado.

Subrayó que en materia de cambio climático se carece de un sistema de evaluación que indique cuáles son los métodos, criterios e indicadores, pero, al contrario, “nos enfrentamos a que cada investigador presente su propia técnica”.

Miriam Cardozo Brum, coordinadora y autora de la obra, expresó que si bien hay avance en la cantidad de evaluaciones, hay problemas en la calidad; muchas no cumplen con un estándar mínimo. Pidió que los resultados de estos trabajos sean utilizados o no tendrán ningún sentido.

Las valoraciones ayudan al proceso de presupuestación en la Cámara de Diputados para darle un uso a todos los informes que se reciben con el objeto de asignar el gasto público. Además, el Congreso de la Unión tiene un papel fundamental en el uso de las evaluaciones, sobre todo en lo que respecta a las convocatorias de las mismas.

Denunció que cada vez más aparecen consultorías haciendo las evaluaciones, pues éstas “no son sin fines de lucro”, por lo que existe una distorsión de la legislación. Añadió que a nivel federal casi no hay exámenes que impliquen un trabajo de campo, se piensa que se puede evaluar el impacto sin tomar en cuenta ninguna otra información que la institucional.

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