27-05-2016.- El director de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Alberto Amador Leal, llamó a revisar y corregir los instrumentos de planeación, para saber cuáles son vigentes, dónde no se ha avanzado y qué decisiones hay que tomar para fortalecer las estrategias de desarrollo urbano.

En el cierre del seminario “La Planeación del Desarrollo Urbano y Regional en México, a cuatro décadas de la Ley General de Asentamientos Humanos”, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, el funcionario destacó que también es necesario avanzar en los instrumentos de coordinación intergubernamental.

Sedatu, Inegi y Conapo trabajan en definir las zonas y territorios, a través de un instrumento sobre regionalización funcional de México. Sin embargo, dijo, en el tema de desarrollo regional y urbano, la asignación presupuestal representa un obstáculo.

Amador Leal precisó que por razones económicas siguen existiendo regiones y zonas metropolitanas con mayores desequilibrios, por lo que es necesario impulsar nuevos modelos de desarrollo. Otra razón es por seguridad nacional, pues hay territorios donde la presencia del Estado mexicano esta disipada y se ha visto disminuida sin la fuerza que debe dar la coordinación multinivel entre gobiernos e instituciones.

René Coulomb Bosc, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, resaltó que se está frente a la construcción de un nuevo paradigma de ciudad compacta, a fin de valorarla y optimizar el capital social acumulado, pero se trabaja con herramientas de planeación pensadas para la expansión urbana.

Estimó que se debe repensar la legislación en función de este nuevo paradigma, porque en décadas venideras, el proceso de urbanización consistirá en renovar una ciudad que se rehace sobre sí misma.

Se deben encontrar nuevas formas de producir ciudad, las actuales no lo permitirán porque han producido la que se tiene actualmente y “esa no queremos”. Se pronunció por recuperar la planeación que se ha perdido.

Refirió que la legislación es excluyente y para lograr una norma incluyente es necesario tener herramientas y exigir que haya coordinación.

Antonio Azuela de la Cueva, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, consideró innecesaria una reforma constitucional, ya que el artículo 115 tiene una sola disposición muy escueta y simple que es la orden y la regla impuesta a los tres órdenes de gobierno, para cuando el área urbana ha rebasado los límites estatales de planear y regular conjuntamente el desarrollo en ese territorio.

“Esa es una regla fuerte y la Constitución no tiene por qué entrar al detalle de si se llama metrópoli”, afirmó.

Estimó que hay muchos campos de innovación que deberían ser la fuente de reflexión del cambio en la legislación urbanística. La agenda de sustentabilidad tiene que traducirse en procedimientos administrativos que hagan transparente el impacto territorial de cada trasformación del proceso de reciclaje y hacer una distribución equitativa de la riqueza pública.

Del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, de la UNAM, Alicia Ziccardi Contiogiani, estimó que los temas que se deben reforzar desde la perspectiva del Estado son la gobernanza metropolitana a multinivel, coordinación institucional de los tres ámbitos de gobierno y la participación ciudadana incluyente y democrática.

Detalló que la participación ciudadana es uno de los temas que es necesario discutir e incorporar desde una perspectiva que valorice la acción colaborativa entre gobierno y ciudadanía

Es necesario impulsarla, en los procesos de planeación, administración y supervisión del desarrollo urbano, así como en la dotación y administración de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos.

Propuso consolidar una política unificada y congruente de ordenamiento territorial, desarrollo regional urbano y vivienda, bajo la coordinación de la Sedatu. Además, fortalecer las instancias e instrumentos de coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad.

Marcos Mazari Hiriarte, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, señaló que uno de los problemas más graves de las políticas públicas es la falta de un vínculo entre el aspecto ambiental y la planeación.

El manejo del territorio, afirmó, tiene que incluir en sus políticas públicas no sólo la conservación como áreas protegidas sino la correlación que debe existir entre todos los aspectos de carácter ambiental que condicionan el territorio.

“No nos damos a la tarea de la conservación por el valor ambiental, sino por un servicio o infraestructura. Si no consideramos estos aspectos dentro de la Ley, estaríamos dejando un vacío”, puntualizó.

Las grandes metrópolis están afectando otras zonas, por lo que “si no entendemos los conceptos regionales seguiremos pensando que la metrópoli es el elemento fundamental sobre el cual debemos estructurar la ley y con un concepto territorial diferente”, añadió.

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