03-11-2016.- La Comisi贸n de Trabajo y Previsi贸n Social, que preside la diputada Ana Georgina Zapata Lucero (PRI), solicit贸 una ampliaci贸n de recursos por 815 millones 342 mil 350 pesos para aplicarlos al Programa de Apoyo al Empleo (PAE), y lograr el mismo presupuesto que se le destin贸 para el ejercicio fiscal 2016.

El documento, avalado durante la sesi贸n permanente de esta comisi贸n, refiere que el citado programa es una herramienta de suma importancia para garantizar la estabilidad econ贸mica, pues procurar铆a continuar con las variables fundamentales de la pol铆tica de desarrollo nacional.

Indica que los recursos destinados al PAE para 2017 ascienden a 911 millones 260 mil 550 pesos, que representan una disminuci贸n del 47 por ciento, en comparaci贸n con 2016.

Con la cifra solicitada para 2017 se alcanzar铆a un monto total de mil 726 millones 602 mil 900 pesos, cantidad igual a la de este a帽o, y se evitar铆an distorsiones en el mercado interno, pues la p茅rdida de empleos implicar铆a un menor consumo.

El contexto econ贸mico del pa铆s propicia recortes presupuestales para eficientar el ejercicio del gasto p煤blico; sin embargo, precisa, existen condiciones para aumentar el presupuesto, pues el proyecto enviado por el Ejecutivo en materia de ingresos se modific贸 y se calcul贸 una recaudaci贸n superior en 51 mil 380.2 millones de pesos.

Asimismo, la Comisi贸n aval贸 una opini贸n favorable sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los art铆culos 107 y 123 de la Constituci贸n en materia de justicia laboral.

Considera que los t茅rminos en que se plantea la minuta se permiten reformar de fondo el derecho procesal del trabajo a favor de los diversos actores que convergen.

Permitir谩 que la justicia laboral sea impartida por 贸rganos del Poder Judicial Federal o locales y replantea la funci贸n de conciliaci贸n y la vuelve una instancia prejudicial a la que trabajadores y patrones podr谩n acudir. As铆, los nuevos 贸rganos de impartici贸n de justicia laboral se podr谩n concentrar en tareas jurisdiccionales, mientras que la funci贸n conciliatoria estar谩 a cargo de los Centros de Conciliaci贸n.

Replantea el sistema de distribuci贸n de competencias entre autoridades federales y locales; se crea un organismo descentralizado de la administraci贸n p煤blica federal para registrar los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, y tendr谩 a su cargo la funci贸n conciliadora en el orden federal.

Asimismo, se tutelan los derechos laborales, conforme a la ley, de quienes prestan sus servicios en las Juntas de Conciliaci贸n y Arbitraje, la Secretar铆a de Trabajo y Previsi贸n Social y en las instancias laborales locales.

Se garantiza el voto personal libre y secreto de los trabajadores para la resoluci贸n de conflictos entre sindicatos, la solicitud de la celebraci贸n de un contrato colectivo de trabajo y la elecci贸n de sus dirigentes.

Considera que la iniciativa enviada por el Ejecutivo atiende la demanda de acceso a justicia objetiva, imparcial y eficiente, versa sobre la profunda transformaci贸n del sistema de justicia laboral e involucra a las Juntas de Conciliaci贸n y Arbitraje en los 谩mbitos federal y estatal.

Adem谩s, busca terminar con inercias, vicios y pr谩cticas que provocan incertidumbre jur铆dica de las partes durante un conflicto; elimina aspectos que hacen que la justicia laboral sea lenta, costosa y de dif铆cil acceso, y combate la parcialidad, simulaci贸n, discrecionalidad y opacidad.

Bajo el actual esquema, los juicios laborales son largos, van de tres a cinco a帽os, y perjudican a trabajadores y patrones, lo que ha propiciado que durante 2016 el 39 por ciento de las audiencias fueran diferidas. Con las modificaciones realizadas por la colegisladora a la iniciativa los procesos ser谩n m谩s 谩giles, econ贸micos y de mayor certeza jur铆dica, pues permite transitar hacia un modelo basado en la conciliaci贸n, la soluci贸n de fondo de los conflictos y la certeza jur铆dica.

Adem谩s, hay una desproporci贸n del crecimiento de los asuntos respecto del incremento del personal en las Juntas, pues con dos mil 194 plazas se atienden 201 asuntos individuales por servidor p煤blico, lo que ha deteriorado la calidad de las resoluciones.

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