• Diputados avalan reformas al artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre

08-11-2016.- El Pleno cameral avaló con 433 votos a favor y una abstención, el dictamen a la minuta que reforma y adiciona el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre, para establecer sanciones ejemplares a quienes realicen actividades de caza sin autorización o contravengan los términos en que ésta se hubiere concedido.

El documento, enviado al Ejecutivo federal para efectos constitucionales, plantea que las sanciones serán por el equivalente de 200 a 75 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, a quien realice actividades de aprovechamiento que impliquen dar muerte a ejemplares de la vida silvestre, sin la autorización correspondiente o en contravención a los términos en que ésta hubiera sido otorgada y a las disposiciones aplicables.

La NOM-059-SEMARNAT-2010, enlista 2 mil 606 especies en categoría de riesgo, entre las que destacan: el jaguar, el águila real, el quetzal y la vaquita marina.

Además, la Semarnat ha señalado que el aprovechamiento ilegal de la biodiversidad genera ganancias cercanas a los 20 mil millones de dólares, con la posibilidad real de causar serios impactos a los ecosistemas y la economía.

En los posicionamientos, el diputado Gonzalo Guízar Valladares (Encuentro Social) señaló que la intención es incrementar las sanciones por la caza sin la autorización correspondiente, ya que el desarrollo sustentable y el medio ambiente, son un imperativo, así como la fauna silvestre es un elemento fundamental.

Por ello, dijo, las multas actuales de 14 mil pesos se elevan a 5.4 millones de pesos. “Hay cazadores que dentro de la legalidad ejercen esta práctica, y por supuesto que no representan mayor peligro; pero estas disposiciones son para los cazadores furtivos, aquellos ilegales y que no tienen autorización y merecen toda la sanción y todo el peso de la ley”.

Mariano Lara Salazar, legislador de Nueva Alianza, argumentó que México es uno de los países denominados mega diversos, porque se estima que aquí se encuentra casi el 70 por ciento de la diversidad mundial de especies. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), ocupamos el segundo lugar en el mundo en riqueza de reptiles, el tercero en mamíferos y el cuarto en anfibios.

Se manifestó por proteger y conservar toda esta riqueza biológica, ya que cada animal cumple con una función dentro del equilibrio ecológico, por lo que cuidarlos es fundamental para la estabilidad actual y de las futuras generaciones.

La diputada Mirza Flores Gómez (Movimiento Ciudadano) expresó que la destrucción de los ecosistemas tiene consecuencias tales como la alteración del clima, inundaciones, pérdida de recursos naturales y materiales, daños en los núcleos urbanos y en las cosechas.

Agregó que al establecer sanciones monetarias como instrumento para disuadir la práctica de la cacería furtiva, se fortalecen las acciones de vigilancia y verificación sobre el cumplimiento de la regulación jurídica y ambiental.

Por Morena, la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana relató que la caza clandestina es considerada uno de los negocios ilícitos más lucrativos después del tráfico de drogas, personas y armas, pero esta actividad atenta contra la biodiversidad, desequilibra los sistemas, disminuye el capital natural y menoscaba los derechos a un medio ambiente sano.

Indicó que las sanciones que se apliquen por llevar a cabo la cacería ilegal deben ser tales que la inhiban. “Deben sobrepasar por mucho los beneficios económicos que se obtienen por quebrantar las normas jurídicas que protegen las especies. Estamos pidiendo que se aumenten estas sanciones económicas para así desalentar la codicia de los infractores”, afirmó.

La diputada María Ávila Serna (PVEM) expuso que las sanciones económicas son un instrumento adecuado para disuadir la práctica de la cacería furtiva, pues la eficacia de la ley depende de la congruencia entre la magnitud de las penas monetarias y la gravedad del ilícito cometido. Se trata de reorientar la conducta del infractor hacia la optimización del aprovechamiento y en beneficio de la preservación del patrimonio natural.

En la actualidad, continuó, el monto mínimo o máximo de las multas aplicables resulta insuficiente, toda vez que las utilidades obtenidas por la venta de los ejemplares objeto de la caza furtiva son mayores que los montos de las multas que se imponen por la comisión del ilícito. “Abonamos a la protección de la vida silvestre como el evento fundamental de la biodiversidad”.

Juan Fernando Rubio Quiroz, diputado del PRD, puntualizó que mientras se aprueba una minuta para sancionar a los cazadores se reducen los presupuestos y se deja de generar un mecanismo de política ambiental que permita el fortalecimiento de las áreas naturales protegidas.

Preguntó si no será mejor establecer estrategias que puedan permitir el uso responsable y sustentable de cada área natural protegida; invertir en las unidades de manejo ambiental y analizar la posición que México dará en la COP 13 de Biodiversidad en Cancún. “¿No sería mucho mejor que realmente diéramos un compromiso por el medio ambiente, reflejándolo en el presupuesto?”, planteó.

De Acción Nacional, el diputado José Teodoro Barraza López resaltó que el tráfico de especies endémicas y en ocasiones en vías de extinción, ha generado una caza y captura ilícita que nutre su comercio ilegal. Actualmente, dijo, se han identificado dos mil 606 especies en alguna categoría de riesgo y actividades como la caza furtiva han mermado el número de especies.

Se manifestó por aumentar el monto de la sanción para quien realice caza de animales silvestres sin las autorizaciones correspondientes, y así generar mecanismos que inhiban las actividades ilegales y proteger la fauna, la cual forma parte de la herencia y patrimonio natural actual y futuro.

La diputada María del Carmen Pinete Vargas (PRI) relató que de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, México ha transitado del quinto al segundo lugar en especies en riesgo en todo el mundo, dato que “nos apremia como legisladores a combatir el saqueo ilegal y el tráfico de especies, y que son las principales causas de la destrucción y desaparición de la biodiversidad en el país”.

“Sigamos legislando para consolidar una cultura de respeto, protección, promoción y cuidado del medio ambiente y recursos naturales. Cuidemos nuestro entorno, flora y fauna”, expresó.

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