10-11-2016.- La Cámara de Diputados recibió del Congreso de Baja California Sur una iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 77 bis 1 y el artículo 77 bis 36 de la Ley General de Salud, para precisar que el Estado garantizará a los beneficiarios del Sistema de Protección Social el acceso a todos los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.

El documento enviado a la Comisión de Salud puntualiza que el Sistema, a través del titular de la Secretaría del ramo, tendrá un plazo de 180 días a partir de la fecha de la entrada en vigor de la presente reforma, para hacer las modificaciones correspondientes o los reglamentos y los lineamientos del Sistema de la Protección Social en Salud, a fin de atender de manera efectiva y oportuna a la población.

La Secretaría de Salud, a través de la de Hacienda y Crédito Público, deberá presentar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el equipamiento e infraestructura necesarios para el funcionamiento de las unidades médicas, a fin de cumplir cabalmente con la presente reforma.

El Seguro Popular –apunta la iniciativa- no cuenta con suficientes unidades acreditadas para atender todos los padecimientos. Los pacientes de otros estados del país pueden acudir a hospitales públicos cercanos a su casa, pero al no estar acreditados por el Seguro Popular tendrán que pagar el alto costo del tratamiento, y eso si está disponible.

Originalmente el Seguro Popular cubría 159 enfermedades y al paso del tiempo el cuadro de atención ha ido en aumento, para beneficio de la población asegurada.

Por ello, ante la realidad que viven millones de familias de que sea su única oportunidad de tener atención médica de calidad, se hace necesario que el Seguro Popular cubra en forma universal la atención a todas las enfermedades.

“Y no solo como a la fecha en que existe un catálogo de las mismas ocasionando con ello que si un paciente acude a atención médica y su padecimiento no se encuentra en el cuadro básico de atención a la salud no será atendido, provocando no solo un deterioro grave a su salud sino a la propia familia y a su patrimonio “, afirma.

En otro asunto, la Mesa Directiva comunicó de la modificación de turno de la proposición de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (PAN), que presentó el 11 de octubre, relativa a exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a verificar los trabajos de construcción del tramo Atizapán-Atlacomulco, como parte de la carretera México-Guadalajara, a fin de que se concluyan a la mayor brevedad.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público se enviaron tres iniciativas de senadores. Una de Benjamín Robles Montoya (PRD) que reforma el quinto párrafo del artículo 239 de la Ley Federal de Derechos, a fin de exentar del pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico a los concesionarios de uso social comunitarios e indígenas.

La segunda reforma los artículos 27 y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, impulsada por el senador Carlos Alberto Puente Salas (PVEM), para promover incentivos fiscales para los donadores a instituciones vinculadas a apoyar el cáncer infantil.

Del senador Jesús Casillas Romero (PRI) se recibió la iniciativa que modifica la fracción XIV del artículo 34, y adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objetivo de establecer incentivos fiscales por la adquisición y uso de bicicletas o motocicletas cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables.

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