15- 11- 2016.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó tres acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para solicitar a los titulares del ISSSTE, del IMSS y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud destinen recursos financieros preferentes a la atención integral de cáncer en menores de 18 años a nivel nacional, a partir del ejercicio fiscal 2017.

En México, el cáncer infantil es la principal causa de muerte de niños entre 5 y 14 años; la Secretaría de Salud refiere el deceso de dos mil 150 menores anualmente en la última década. Además, cada año se detectan entre cinco a seis mil casos nuevos.

Por ello, los diputados solicitaron al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) designe presupuesto para atender a esta población, ya que la institución cuenta con solo una Unidad Especializada para brindar servicio médico a 11 por ciento de la población.

“En el caso del cáncer en la infancia y adolescencia, las medidas más eficaces de prevención consisten en la detección temprana, acceso efectivo a los servicios de salud y tratamiento oportuno, integral y efectivo de la enfermedad”, destacó el acuerdo.

Llamaron también al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a generar condiciones para ampliar la atención integral de las niñas, niños y jóvenes con cáncer, enfatizando las acciones de prevención, por medio del ejercicio de recursos públicos de manera eficiente a favor de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

El problema generado por este padecimiento se agrava debido a que no todos los infantes tienen acceso a servicios de salud como derechohabientes, absorbiendo la responsabilidad el Seguro Popular, que en 2011 atendió el 85 por ciento de los pacientes que no contaban con seguridad social.

El acuerdo de la Jucopo subrayó que es necesario contar con una infraestructura suficiente para ofrecer la atención integral que requieren los niños y adolescentes con cáncer. Sin embargo, el país registra un déficit de especialistas en cáncer pediátrico, al contabilizarse sólo 165 oncólogos; 35 hematólogos; 35 cirujanos oncólogos; 10 radioterapeutas y 5 psico-oncólogos pediatras.

Asimismo, los diputados pidieron al titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que mediante el Fideicomiso del Fondo de Protección contra Gastos Médicos Catastróficos, a partir del próximo año, destine de manera preferente recursos financieros para la atención de todos los casos médicos de niños con cáncer en el país.

Refirieron que dicha Comisión financió el tratamiento de 21 mil 306 casos con un costo de 3 mil 539.5 millones de pesos, de 2007 a 2012.

Los menores que han sobrevivido a la enfermedad desde el diagnóstico y hasta cinco años después en México es del 56 por ciento, porcentaje bajo en comparación con el logrado en los países desarrollados, en donde el 80 por ciento de los menores tienen posibilidad de curarse.

“El cáncer es curable si se detecta a tiempo; desafortunadamente, el 75 por ciento de los casos en menores de 18 años en México se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad, lo cual incrementa considerablemente el tiempo y costo del tratamiento y disminuye las posibilidades de curación”, precisa el acuerdo.

Entre los factores de riesgo vinculados a la incidencia de esta enfermedad destacan las radiaciones ionizantes, la toma de dietilestilbestrol durante el embarazo y la genética.

Los tres acuerdos avalados afirman que las medidas preventivas son la mejor oportunidad de sobrevivir para los menores de 18 años que desarrollan alguno de los tipos de cáncer más frecuente y letales detectados, como leucemias, tumores cerebrales y otros tumores sólidos.

Llaman a detener salinización de acuífero en BCS

Por otra parte, el Pleno de San Lázaro exhortó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a abatir el creciente déficit y detener la salinización del acuífero de La Paz, Baja California Sur, a través de elaborar proyectos ejecutivos de obras para su recarga.

Además, revisar el acuerdo de disponibilidad media anual de ese acuífero y El Carrizal, ya que la capital de esa entidad enfrenta un grave problema al no tener el agua necesaria para cubrir las necesidades humanas, argumentó la diputada del PAN, Jisela Paes Martínez, quien presentó el punto de acuerdo de urgente resolución, avalado por el Pleno cameral.

Aseguró que la disponibilidad anual del recurso referida por la Conagua no refleja lo que sucede en dicho acuífero, no señala la disponibilidad real, además porque “ya tiene intrusión salina y por ello, esa agua no sirve ni para la agricultura ni para consumo humano”.

Paes Martínez urgió al gobierno federal a atender la situación, “aún estamos a tiempo”, afirmó.

Señaló que la solución para abatir el déficit del acuífero de La Paz es su recarga, aprovechando el agua de las precipitaciones fluviales mediante un manejo integral, mediante presas de almacenamiento, obras de infiltración, encausamiento de arroyos, obras de control, barreras para detener la intrusión salina con infiltración de aguas tratadas, drenaje fluvial, obras de conservación de suelo y agua, entre otras.

El diputado de Morena, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez sostuvo que es preocupante que la autoridad federal del agua (Conagua) no conozca de forma exacta el estado que guardan los acuíferos, ya que de los 653 existentes, por lo menos 115 están sobreexplotados como el de La Paz, ya que se extraen volúmenes mayores de agua, a los que ingresan en sus recargas.

“Desde el principio de los años setenta del siglo pasado, reporta grados de su explotación incrementándose este déficit hace apenas tres años y de repente, como si fuese por arte de magia, en un estudio de la Conagua resulta que solo ligeramente está sobreexplotado, lo cual es inexplicable”, apuntó.

Por el PRD, el legislador Francisco Xavier Nava Palacios subrayó que los errores e inconsistencias en el cálculo de la disponibilidad de las aguas subterráneas, no son privativos de los acuíferos de La Paz y el Carrizal, en Baja California Sur, son un problema presente en muchas regiones del país.

“Todo esto explica el desastre en el que se encuentra la gestión de las aguas subterráneas y de la cual la autoridad del agua es absolutamente responsable. La sobreexplotación, la contaminación de los acuíferos, el sobreconcesionamiento y que el otorgamiento y renovación de concesiones se sustenten sobre una disponibilidad incierta o falsa, son solo expresiones diversas y síntomas de un mismo problema”.

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