18-11-2016 En México no existen estudios o informes cuantitativos sobre violencia obstétrica; sin embargo, nuestro país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en el uso de la práctica de cesárea sin indicación médica, en los sectores público y privado, lo que lleva a una forma común de violencia hacia las mujeres.

A este tipo de daño se exponen, en promedio, más de 6 mil 800 mexicanas al día, debido a que se registran alrededor de 2 millones 500 mil nacimientos anuales, de los cuales 475 mil son de madres adolescentes en situación vulnerable.

Asimismo, hay un incremento de quejas sobre tratos inhumanos, principalmente hacia las mujeres indígenas que, por no contar con servicios de salud, en ocasiones alumbran en patios de hospitales o en la calle.

El daño obstétrico es la característica más representativa de la violencia de género, la cual también implica violencia institucional, debido al trato deshumanizado hacia las mujeres desde el período de gestación hasta después del parto, lo que afecta de manera directa o indirecta su cuerpo y procesos reproductivos.

Lo anterior forma parte de la investigación “Violencia Obstétrica�, realizada por el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (Coceameg), que preside la diputada Guadalupe González Suástegui (PAN).

El documento, revela que en los últimos doce años ha habido un incremento de 50.3 por ciento de cesáreas. En el sector público creció 33.7 por ciento, y 60.4 en el privado.

Indica que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado recomendaciones para que todas las mujeres tengan derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, incluido el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y el parto, y no sufrir violencia ni discriminación.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo anterior, recomienda no hacer intervenciones médicas innecesarias, como episiotomía, rasurado, monitoreo fetal y enema.

Además, restringir el uso de oxitocina, analgesia y anestesia; mantener la tasa de cesáreas recomendada, máximo entre 10 y 15 por ciento de los nacimientos.

Por su parte, el Coceameg reconoce que entre los retos más importantes están incoporar el concepto de Violencia Obstétrica en la Ley General y local para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; tipificar la esterilización forzada, como delito en los Códigos penales de todas las entidades federativas, y establecer sanciones adecuadas a esta práctica en las leyes locales de salud.

Considera prioritario impulsar leyes que protejan los derechos humanos de las mujeres, tanto en centros urbanos como en medios rurales y establecer sanciones administrativas que permitan visibilizar y sancionar la violencia obstétrica.

Reducir el número de cesáreas en todas las entidades federativas e instituciones del sistema federal de salud, hasta llegar a los estándares recomendados por la OMS.

Por ello, es necesario que médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo esté debidamente capacitado y sensibilizado en derechos humanos de las mujeres y en salud, agregó.

Destaca el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad 2013 – 2018), que tiene líneas de acción para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva.

También, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014 -2018 (PIPASEVM), que fomenta la armonización de contenidos legislativos para contribuir a la no violencia contra las mujeres.

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