• Desarrollo actual de las ciudades, con una rectoría del Estado como ente regulador, afirma Rosario Robles

• Diputados interrogan sobre viviendas abandonadas, recorte presupuestal, distribución del Fondo Metropolitano, hacinamiento y asentamientos urbanos

• Compareció en San Lázaro ante comisiones unidas con motivo del Cuarto Informe de Gobierno

18-11-2016 Todos los procesos de expropiación se realizan apegados a derecho. “Nosotros hemos cumplido con la ley al pie de la letra, y a partir del diálogo”, aseguró ante diputados la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, quien admitió que los dueños de las tierras tienen derecho a recibir “un recurso justo, porque su tierra vale”.

Destacó que si las empresas planean invertir miles de millones de dólares en un proyecto y “quieren pagar tres pesos por los predios, con legítima razón no hay campesino que acepte”. Por ello, admitió, debemos fortalecer estos instrumentos para propiciar el desarrollo y el progreso, pero “no a costa de nuestros hombres del campo y de sus tierras”.

Robles Berlanga compareció hoy en San Lázaro ante las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, de Desarrollo Metropolitano y de Reforma Agraria, como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, donde expresó que el crecimiento y desarrollo de las ciudades se da actualmente con una política nacional donde el Estado tiene la rectoría como ente regulador y coordinador.

Añadió que se tienen que crear reservas territoriales que permitan el crecimiento de las ciudades o las obras de infraestructura, porque también es cierto -y hay que ser autocríticos, dijo- que “cuando ya se sabe que para allá va a haber un desarrollo, eso se convierte en un botín”.

Robles Berlanga destacó ante diputados que las metrópolis tienen que impulsar una reforma constitucional que permita una distribución clara de competencias y la coordinación y gobernanza, con mucha mayor potencia que una ley general.

Apuntó que la gobernanza metropolitana es uno de los grandes temas del país. “La división tradicional, municipio, estado, Federación, ya muchas veces no le sirve a la visión metropolitana, si nos quedamos en esta visión tan rígida. Esto implica un debate muy profundo en México, de una tradición histórica que toca muchos intereses. Ojalá quienes compartimos toda esta perspectiva podamos impulsarla, independientemente de la trinchera en la que nos encontremos”.

Anunció que la próxima promulgación de la Ley General de Asentamientos Humanos, aprobada en octubre pasado por la Cámara de Diputados, se hará en un acto público de gran importancia, porque es una legislación que se avaló después de 40 años de vigencia de la antigua.

“Hay que darle relevancia a lo que ha hecho el Poder Legislativo, a la contribución en esta visión del Poder Ejecutivo y que unidos hemos logrado modificar este marco que contempla un enfoque visión integral y que incluye el aspecto metropolitano”, comentó.

Desatacó que hoy ocho de cada 10 mexicanos viven en las ciudades, se tienen 59 metrópolis que concentran el 60 por ciento de la población y generan el 80 por ciento del PIB; por ello, se requeriría una nueva visión, que conciba a la ciudad como un bien público. “La ciudad no puede ser patrimonio de interés privado, sino colocar en el centro a las personas que la habitan”.

La diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez (PRI) señaló que la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobada por el Congreso de la Unión, da al Estado mexicano la rectoría en materia de desarrollo urbano, evitando prácticas que se han dado en los estados y municipios, tendentes a permitir asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.

Preguntó qué políticas públicas va a implementar la Sedatu en las construcciones y asentamientos humanos ya establecidos en estas zonas.

En tanto, el legislador Óscar García Barrón (PRI) manifestó su preocupación de que las expropiaciones que se hacen a los núcleos agrarios “están fuera del marco jurídico”.

“No es posible que si los artículos del 92 al 97 de la Ley Agraria establecen formas, medios y mecanismos para las expropiaciones, se hacen, al interior de los ejidos, fuera del marco jurídico, como si los campesinos o los productores rurales no fuéramos mexicanos y no estuviéramos dentro del mismo territorio”.

El priista Gabriel Casillas Zanatta resaltó que actualmente existen tres millones de viviendas no vendidas o no adjudicadas, pero se siguen construyendo más. De las ya adjudicadas, continuó, muchas han quedado desocupadas al estar lejos de los lugares de trabajo, por lo que han sido sujetas de vandalismo e invasiones. Cuestionó sobre qué políticas públicas se están desarrollando para la asignación de estas viviendas y qué plan se tiene para enfrentar esta problemática.

La diputada panista Ingrid Krasopani Schemelensky Castro preguntó de qué manera se distribuirá el Fondo Metropolitano, ya que tuvo una reducción del 70 por ciento y cómo se priorizarán los proyectos para fortalecer el desarrollo urbano.

Además, si este fondo va a incentivar la coordinación intergubernamental para fortalecer la protección civil, el transporte y la seguridad pública. Se interesó por conocer cuáles son los retos que tendrán que afrontar las megalópolis.

Por Acción Nacional, el diputado Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza mencionó que de las 198 millones de hectáreas que tiene el territorio nacional, 52 por ciento son propiedad social, es decir, 103.5 millones de hectáreas pertenecen a la población campesina, para más de 30 mil grupos de agrarios, ejidos y comunidades, y cerca del 60 por ciento de las parcelas del país tienen menos de 5 hectáreas. “Los jóvenes rurales no tienen tierra y requieren alternativas para su desarrollo”, planteó.

Su correligionario, Juan Corral Mier destacó que actualmente en México el 60 por ciento de la población habita en 55 zonas metropolitanas, es decir, 80 por ciento de las y los mexicanos habitan en zonas urbanas. Aunado a ello, el Sistema de Evaluación de Desempeño, a cargo de la SHCP y de la Secretaría de la Función Pública, estableció que en la primera mitad de este sexenio, la Sedatu fue la peor calificada de 15 programas, con un cumplimiento “medio-bajo” y una calificación de 2.8, sostuvo.

Ante ello, preguntó qué acciones se están instrumentando para mejorar el desempeño de los programas de la Sedatu y cómo los fortalecerán, cuando el presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 se redujo.

La diputada Ana Carrera Hernández (PRD) dijo que la Ciudad de México se encuentra en el lugar ocho de las metrópolis que concentran el mayor hacinamiento del país. ¿Cuál es el criterio que utiliza la Sedatu para ejercer los recursos, y dar prioridad a las zonas más vulnerables de la Ciudad de México?, expuso.

María Ávila Serna (PVEM) destacó la estrategia “Un Cuarto Más” del gobierno de la República, la cual ayuda a las familias mexicanas de bajos recursos a transformar y ampliar su vivienda. Por ello, preguntó a cuánto asciende el monto de su inversión y cómo se verá afectada con el recorte para el presente año. Asimismo, saber a cuántas familias se dejarán de atender.

La legisladora María Ávila Serna (PVEM) cuestionó sobre el destino de los recursos del Fondo Minero en 2016 y el monto de recaudación de derechos del mismo, en los ejercicios fiscales 2014 y 2015. Relató que México es considerado como el quinto país con mayor potencial minero dentro de una lista de 72 naciones, lo cual es una clara muestra de dinamismo.

El presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Jesús Serrano Lora (Morena), expresó que un problema que aqueja al campo, es que cada año se incorporan aproximadamente 35 mil hectáreas de propiedad social al desarrollo de urbes, lo cual representa una amenaza a la producción agrícola nacional, además de un alto costo de obras públicas por la expansión de construcción de viviendas.

Esta situación, argumentó, ha provocado la pérdida de las tierras dedicadas al campo y la producción de alimentos, lo cual es preocupante si se considera que es la actividad productiva de más de la cuarta parte de la población, por lo que representa un motor en el desarrollo económico, social y ambiental.

Explicó que la afectación de las zonas ejidales y comunales debido al crecimiento de los asentamientos urbanos implica un impacto negativo en las características naturales de las zonas y del medio ambiente.

“Esto no significa que el desarrollo urbano se tenga que frenar, hoy en día es una necesidad prioritaria que más personas cuenten con viviendas propias y dignas, generando con ello que, en la actualidad, todos los ciudadanos se deben desarrollar en un ambiente familiar, sano y adecuado”.

Por su parte, la diputada Blandina Ramos Ramírez (Morena) resaltó que la construcción de un nuevo modelo urbano debe incluir la participación de la ciudadanía, no sólo como simple observadora pasiva del proceso.

Consideró que las ciudades no pueden convertirse en un modelo de tejido territorial orientado a la producción, distribución y consumos nocivos. Preguntó que si el ciudadano es la causa, eje y el motor del diseño de las políticas públicas. “¿Cómo es posible pretender dejarlo fuera de la toma de decisiones que afectan el presente y el futuro, a su entorno urbano, su sano desenvolvimiento y destino?”.

Juan Romero Tenorio (Morena) cuestionó, dentro de la perspectiva de desarrollo urbano, si la secretaría de Desarrollo Social tiene un plazo para cumplir con los criterios de la Ley General de Transparencia y con ello hacer pública la información de los programas federales.

La diputada Claudia Corichi García (Movimiento Ciudadano) cuestionó por qué no ha sido publicada la Ley General de Asentamientos Humanos que aprobó la Cámara de Diputados el pasado mes de octubre.

Además, si se considera necesario crear una norma federal reglamentaria de dicha ley, la cual siente las bases para que estas entidades federativas puedan legislar en el tema, en sus zonas metropolitanas y planteó: ¿qué porcentaje de mujeres son poseedoras de una vivienda y cómo se implementa el programa de jefas de familia para que de verdad se empoderen?. Respecto al proyecto Ciudad Mujer, ¿qué se puede hacer para que realmente funcione?

Su compañero de bancada, Adán Pérez Utrera, lamentó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Tribunal Agrario no cuenten con los recursos indispensables para su operación, lo que repercute en la ausencia de certeza, seguridad, impartición justicia y, consecuentemente, en la paz social indispensable para el desarrollo y bienestar de los campesinos e indígenas del país.

Al dar respuesta a los legisladores, la secretaria Rosario Robles Berlanga señaló que hoy el sector de la vivienda es pujante, representa el 14 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), genera 3 millones de empleos y le aporta al país, desde el punto de vista de la economía, un soporte muy importante.

Refirió que la expansión de la mancha urbana no sólo se ha duplicado en algunas ciudades, sino que creció hasta siete veces; por ello, fue necesario una política de vivienda e impedir que cada organismo en la materia siguiera su propia lógica.

La falta de planeación urbana ha propiciado este desorden, que “es al que ahora le tenemos que poner orden” y la Ley General de Asentamientos Humanos permite un primer paso muy importante para prevenir y no construir riesgos.

Consideró inconveniente crear una Ley Metropolitana a menos que la discusión del tema sea de carácter constitucional, que permita “una distribución clara de competencias, coordinación y gobernanza metropolitana, con mucha mayor potencia que una ley general”.

La funcionaria enfatizó que el derecho a la ciudad no puede ejercerse sin la participación ciudadana. “Simple y llanamente son dos conceptos íntimamente vinculados”. Ejemplificó que en los programas de ciudades seguras y sustentables tienen mecanismos de participación y se someten a la intervención de la gente que es quien decide.

Recordó que en el periodo 2012-2013 este sector estaba decreciendo con tasas de menos 6 por ciento, hubo cerca de 230 mil empleos perdidos y de acuerdo con datos del INEGI, sus tres empresas más importantes, que concentraban alrededor del 60 por ciento de la producción de vivienda, estaban quebradas.

Por ello, continuó, era necesaria una nueva política nacional de vivienda que se basara en el desarrollo urbano y no como un elemento disruptivo, es decir que las zonas habitacionales ya no estén alejadas de los centros de trabajo, o de los medios de transporte.

Los habitantes de estas ciudades requieren no sólo de la seguridad vista desde la lógica de la policía o prevención del delito, que está en manos de la Secretaría de Gobernación, sino a través de la iluminación, rescate de los espacios públicos y recuperación de terrenos baldíos.

El tema urbano es como el de la seguridad, “rebasa al municipio y entonces sí tenemos que ir a políticas mucho más integrales, nacionales, que sean rectoras y que el municipio de alguna manera, en el marco de su competencia y de su autonomía, esté obligado a seguir para impedir estas situaciones de riesgo y de posible afectación”.

Respecto al Fondo Metropolitano, “la Sedatu no tiene injerencia en ello, es Hacienda quien lo maneja”; por ello, se busca poder opinar como cabeza de sector del desarrollo urbano y metropolitano.

Recalcó que la dependencia a su cargo, impulsa un programa para construir el cuarto adicional o “Cuarto Rosa” con la finalidad de mejorar la calidad de vida de estas familias; alrededor de 285 mil cuartos adicionales en lo que va del sexenio, que han permitido combatir la violencia y el abuso hacia niñas y jovencitas, porque el hacinamiento es factor que genera esta problemática.

También, esta estrategia pretende abatir el hacinamiento, una de las expresiones de la pobreza, pues de acuerdo con datos del Coneval e Inegi; 10 millones de mexicanos viven en esta condición, lo que representa alrededor de dos millones y medio de hogares.

En el marco de vivienda nueva, 668 mil han sido para mujeres, mientras que con el proyecto de Ciudad Mujer, de Tlapa, Guerrero, se han atendido a más de 30 mil indígenas con mayor pobreza del país, que les permitirá dar un paso adelante en su condición de autonomía e independencia.

Rosario Robles afirmó que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de México contemplan que para 2030 se tendrán ciudades compactas, seguras, resilientes, incluyentes y accesibles.

Estamos en proceso de sentar las bases para que en 2030 se pueda cumplir con el objetivo y en una década más, en el 2040, se llegue a Hábitat 4 como país; “no es fácil, porque no se trata de cómo vamos a planear ciudades que apenas van a crecer, sino cómo resolvemos, remediamos y mitigamos grandes problemas de ciudades que han crecido de manera desordenada”.

El tema de resiliencia es muy importante, toda vez que el país tiene una condición geográfica de grandes riesgos, por lo que es fundamental que las construcciones y desarrollo de la ciudad no se traduzcan en tragedia, apuntó.

Robles Berlanga, señaló: “¿cómo nos afecta el recorte presupuestal? Qué puedo decir de un fondo de infraestructura que era de 9 mil millones de pesos aproximadamente y que pasa a ser de 3 mil 500 millones. Pero decimos, a ver, no se vale llorar, como esta secretaría está encabezada por una mujer y somos expertas en saber cuándo tenemos menos ingreso en la casa y hacerlo más productivo, dijimos, busquemos medidas creativas”.

Explicó entonces que con el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS), en un acuerdo con Sedesol, se incorporaron recursos para ser utilizados en la ampliación de la vivienda. “Con esta mezcla de recursos, con municipios y estados, podremos mantener nuestras metas”.

Es fundamental darle tranquilidad y seguridad al sector agrario, así como transparencia a los dueños de la tierra y que todos tengan sus documentos. Se manifestó por seguir resolviendo los conflictos; no obstante, dijo, la Sedatu ha ido perdiendo capacidad en materia presupuestal para dicho propósito, ya que programas que tenía se fueron a Sagarpa.

Subrayó que con la restricción presupuestal, el Registro Agrario Nacional abatió su rezago, pues se habla de la liberación de 150 mil documentos. “Es una problemática nacional que implica un proceso de ordenamiento y regulación; en eso hemos estado, pero con esta limitante presupuestal, que debo reconocer aquí, sí nos impone un techo que muchas veces es difícil traspasar”.

Los recursos del Fondo Minero, dijo, ascendieron en 2014 a 2 mil 79 millones de pesos y para 2015, a 2 mil 131 millones de pesos. Aclaró que este recurso no entra a la Sedatu y solamente es vigilante. A la fecha, van alrededor de 798 proyectos de inversión en 17 estados y ha significado un cambio importante en algunas comunidades mineras.

Reconoció que las ciudades han crecido, “estamos hablando de que la mayoría o el 52 por ciento del territorio es propiedad social”. Agregó que a los jóvenes se les deben dar alternativas porque “ya no tienen acceso a la tierra y necesitan opciones productivas”.

La funcionaria dijo que la pobreza en el campo mexicano es la más cruda, aunque el 60 por ciento está en las zonas urbanas de acuerdo a Coneval. La pobreza, agregó, se ha convertido en un fenómeno urbano, “lo vemos en los cinturones de miseria y las zonas periurbanas, pero la del campo es mucho más aguda y dramática”.

Puntualizó que se requiere un padrón que dé certeza jurídica y seguridad patrimonial al campo mexicano, pero para ello se necesitan recursos para “saber quiénes son los dueños de la tierra, cuál es su condición jurídica y quiénes son los representantes de los núcleos ejidales”.

Los hombres del campo, resaltó, no le están heredando la tierra a la mujer. “Ahí hay un gran proceso de transformación cultural que entre todos tenemos que asumir y promover”. Se comprometió a trabajar de la mano con la Cámara de Diputados para abatir el rezago en el Registro Agrario Nacional.

La secretaria comentó que la Ciudad de México, con todo y sus rezagos, es la que más recursos recibe, ya que después de muchos años de no tener participación en el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS), recuperó estos recursos para sus delegaciones, los cuales van hacia el combate a la pobreza y en este entra el de mejorar y ampliar los espacios de la vivienda.

En el caso de la delegación Iztapalapa, precisó que es una de las más beneficiadas por dichos fondos, precisamente por su condición de rezago. “Ahí, hay un recurso importante que tiene que ejercerse, ya que es de las demarcaciones que más recursos reciben del FAIS.

Sobre los programas de la Sedatu comentó que la nueva agenda urbana tiene que ver con el presupuesto, no sólo en materia de vivienda, sino con el de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la de Desarrollo Social, gobiernos estatales y municipales que requieren alinearse y coordinarse en favor de la misma, por lo que es indispensable tener una gran labor de vinculación y coordinación con una visión transversal donde se obliguen a todos los componentes del Estado que tienen que ver con la implementación de la vivienda.

Respecto a casas abandonadas, Robles Berlanga indicó que parte de la nueva política nacional de vivienda es establecer un nuevo modelo que implicara la no construcción indiscriminada de casas lejos de los lugares de trabajo y donde la gente realiza su vida cotidiana. El caso de la Ciudad de México, comentó, es dramático ya que miles de trabajadores que deberían estar ejerciendo su derecho a la vivienda, lo hacen en otros lugares y no en la ciudad.

Para ello, refirió que se establecieron perímetros de contención urbana y de subsidios a desarrollos habitacionales que queden cerca de los centros de trabajo, donde el beneficiado cuente con los medios de servicio indispensables. Al día de hoy, abundó, 80 por ciento de los subsidios van a estos perímetros, generando que las viviendas nuevas se construyan en estos lugares.

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