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Boletín N°. 2594 Personas en situaciones de riesgo o discriminación serán beneficiadas con asesoría jurídica
  • Se trata de proteger a los grupos vulnerables y cerrar paso a la brecha de desigualdad: Ibarra Hinojosa

 

22-11-2016.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que los servicios de asesoría jurídica se prestarán preferentemente a las personas que, por diferentes factores, enfrenten situaciones de riesgo o discriminación.

 

Con 410 votos a favor, se avaló una reforma a la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, misma que se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

 

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Ãlvaro Ibarra Hinojosa (PRI), señaló que se trata de proteger a los grupos vulnerables, de cerrar paso a la brecha de desigualdad y de poder asistir jurídicamente a más personas que así lo necesiten.

 

Se propone ampliar la esfera jurídica para el acceso de los servicios de asesoría que presta el Instituto Federal de Defensoría Pública, garantizando que todas las personas que por cualquier razón social, económica o por diferentes factores enfrenten situaciones de riesgo o discriminación, y que tenga necesidad de estos servicios, puedan acceder a los mismos.

 

“Al margen de colores políticos, hoy tenemos que votar a favor de una justicia igual para todos, donde las personas en situación de vulnerabilidad tengan la orientación adecuada para acceder a sus derechos, donde los derechos sean para todos los mexicanos y se reflejen en su diario vivirâ€, añadió.

 

El texto vigente de la Ley Federal de Defensoría Pública sólo considera tres condiciones para el acceso a los servicios de asesoría jurídica: vulnerabilidad, discriminación por origen étnico, razones sociales y económicas, “sin observar otros factores, como son los que señala la Constitución en su artículo 1: género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud o religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra situación que lleve a atentar contra la dignidad humanaâ€.

 

Ibarra Hinojosa se pronunció por brindar todos los servicios legales a quien más lo necesita. “Votemos a favor de fortalecer la cultura de la legalidad y de los mexicanosâ€.

 

En los posicionamientos, el diputado Abdies Pineda Morín (Encuentro Social) expresó que algunos de los sectores que se verán beneficiados con esta reforma son las comunidades y pueblos originarios, las mujeres, los desempleados y los migrantes, entre otros.

 

Indicó que este cambio fortalecerá la justicia y dará mayor viabilidad al trabajo que realiza el Instituto Federal de Defensoría Pública, y le permitirá mejorar en lo inmediato las asignaciones financieras anuales de esta Cámara de Diputados.

 

Carlos Gutiérrez García, legislador de Nueva Alianza, mencionó que el objetivo es garantizar de manera sustantiva que los servicios de asesoría jurídica que se proporcionan de forma gratuita se presten de manera preferente a aquellas personas que por cualquier razón social, económica o por diferentes factores enfrentan situaciones de riesgo o discriminación.

 

Se proporciona atención a la población menos favorecida del país, bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo, en aras de consolidar un efectivo Estado de derecho. “Refrendamos nuestro compromiso de salvaguardar los derechos de los más vulnerablesâ€.

 

De Movimiento Ciudadano, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, argumentó que México es uno de los países de Latinoamérica con mayores carencias y deficiencias en materia de defensoría pública, tanto en el marco regulatorio constitucional y legal como en el ámbito de sus instituciones, especialmente las locales o estatales.

 

La reforma ayudará a que los grupos vulnerables tengan una mejor justicia que, aun con todas las carencias que existen en la defensoría pública, se les dé prioridad. No obstante, dijo, “tiene que haber una reforma más profunda, porque solamente, para señalar algunas deficiencias, el ingreso y selección de los defensores públicos es por designación directa, cuando debería ser por exámenes de oposiciónâ€.

 

El diputado Alfredo Basurto Román (Morena) manifestó que con esta reforma se va a dar una verdadera certeza jurídica a la ambigüedad que había en los procedimientos, tanto en las procuradurías de justicia de los estados como en la federal, donde “sí se marcaba una gran diferencia en ciertos grupos de la sociedadâ€.

 

Subrayó que es una reforma de avanzada, donde viene a establecer una igualdad de principios y de derechos, tanto para la mujer como para el hombre, pero, sobre todo, para los grupos vulnerables. “Auguro que dará buenos frutos y será para el bien del pueblo de Méxicoâ€.

 

Lia Limón García, legisladora del PVEM, resaltó que el dictamen abona al fortalecimiento del derecho de defensa y a la protección de personas en condiciones de vulnerabilidad, para garantizar un efectivo acceso a la justicia.

 

Esta reforma, dijo, contribuye a generar un marco jurídico encaminado a la consolidación de un México más incluyente y justo, así como a la construcción de una sociedad de derechos, pues se incluye en la Ley de Defensoría Pública a los grupos vulnerables entre los que tienen derecho al servicio de asesoría jurídica gratuita.

 

Por el PRD, el diputado Arturo Santana Alfaro precisó que esta reforma busca que los servicios de asesoría jurídica se presten preferentemente a las personas que por cualquier razón, económica, social o por diferentes factores enfrenten situaciones de riesgo o discriminación y tengan la necesidad de estos servicios. “Es claro que el riesgo y la discriminación van más allá de las razones meramente económicas y socialesâ€.

 

Se manifestó por emprender una revisión más exhaustiva a las leyes, para igualar las condiciones de los defensores públicos con las del Ministerio Público, y como contrapartes tengan las mismas posibilidades económicas y sean retribuidas de igual manera por parte del Estado.

 

La diputada panista Eloisa Chavarrias Barajas expuso que hoy se contempla que los servicios de asesoría jurídica que presta el Instituto de la Defensoría Pública Federal, que forma parte del Poder Judicial de la Federación, se otorguen de manera preferente, además de los supuestos ya plasmados, a personas que enfrenten situaciones de riesgo o discriminación.

 

Relató que la defensoría pública federal se ha convertido en una pieza insustituible para los retos y desafíos en el nuevo paradigma de justicia. “Con dicha adición los grupos vulnerables del país gozarán de una prelación preferente del acceso a los servicios de la defensoría. Vamos a dar certidumbre a aquellas personas que son vulnerables, para que tengan una justicia, porque muchos así lo requierenâ€.

 

El diputado Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) expresó que es fundamental impulsar las reformas que aseguren el acceso a todos a una justicia pronta y expedita. “Este dictamen trata de garantizar que México sea un país de iguales, donde todas y todos puedan ejercer plenamente sus derechosâ€.

 

Dijo estar a favor de establecer que los asesores jurídicos presten sus servicios de manera preferente a aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Recordó que la defensoría pública regula una figura indispensable para hacer efectivo este derecho: el asesor jurídico. “Éste, a diferencia del defensor público, es el encargado de prestar servicios jurídicos para asuntos no solo penales sino administrativos, civiles y fiscalesâ€.

 

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