• Avalan diputados una adición al artículo 430 al Código Penal Federal para sancionar este delito

• Creció este ilícito 141 por ciento en un año; se detectaron 33 mil casos en primeros seis meses de 2016

• Las penas aumentarán hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por un servidor público

• A septiembre de este año, delincuencia obtuvo por robo de identidad hasta mil 800 mdp

29-11-2016.- La Cámara de Diputados aprobó, con 414 votos a favor, el dictamen que adiciona un artículo 430 al Código Penal Federal, para sancionar la usurpación de identidad con una pena de uno a seis años de prisión y 400 a 600 días de multa y, en su caso, la reparación del daño que se hubiere causado.

El dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, destaca que comete el delito de usurpación de identidad quien por sí o por interpósita persona, usando cualquier medio lícito o ilícito, se apodere, apropie, transfiera, utilice o disponga de datos personales sin autorización de su titular o, bien, suplante la identidad de una persona, con la finalidad de cometer un ilícito o favorecer su comisión.

Las penas aumentarán hasta en una mitad cuando el ilícito sea cometido por un servidor público que, aprovechándose de sus funciones, tenga acceso a bases de datos que contengan este tipo de información, así como a los particulares responsables del tratamiento de datos personales sensibles, en términos de la ley en la materia.

Al fundamentar el dictamen que adiciona el Título Vigésimo Séptimo “Delitos contra la identidad de las personas. Capítulo Único. Usurpación de identidad”, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), señaló que la identidad es un derecho humano y, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, esta garantía consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades.

En México, dijo, la usurpación de identidad va en aumento. Según datos del Banco de México, el país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en la comisión de este delito. “Hoy hacemos eco a las demandas ciudadanas que existen y exigen una protección más eficaz a sus derechos de identidad”.

Refirió que la intención del dictamen es tipificar el delito de usurpación o robo de identidad, estableciendo sanciones para quien cometa este acto delictivo, así como agravantes tratándose de servidores públicos en la fijación de penas. Además, plantea sancionar hasta con seis años de prisión y 600 días de multa a quien cometa este delito.

Ibarra Hinojosa argumentó que la Organización de las Naciones Unidas, en su manual sobre delitos relacionados con la identidad, ha dejado en claro que el legislar en materia penal sobre la usurpación de identidad, es urgente y necesario.

“Tenemos ante nosotros la oportunidad de actualizar nuestra legislación para hacer frente de una manera más eficaz a esta conducta que tanto ha lastimado a los mexicanos. Sancionar la usurpación de identidad, es prioritario para castigar a quienes, haciendo uso de datos que no le corresponden, obtienen beneficio. Estamos seguros que la protección de este derecho es indispensable”, añadió.

En los posicionamientos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes (Encuentro Social) mencionó que la sobreexposición de los datos personales, así como la existencia de diversas instancias y métodos para su recopilación, ha generado la oportunidad para que individuos mal intencionados se hagan pasar por un tercero suplantado y, en muchos casos, erogando recursos o adquiriendo obligaciones a nombre de la persona usurpada.

Indicó que al aprobar esta reforma se fortalece el sistema jurídico del país, “ya que lo haremos más justo y humano. El dictamen goza a cabal taxatividad, ya que (esta) es precisa y otorga seguridad jurídica a los gobernados y abarca todos los supuestos que se presenten diariamente en la comunidad”.

Angélica Reyes Ávila, diputada de Nueva Alianza, dijo que hay países que ya cuentan con un marco jurídico preciso para combatir este tipo de delitos, entre ellos Estados Unidos y Canadá, “circunstancia que nos coloca en la imperiosa necesidad de adecuar nuestro Código Penal Federal para abatir estas acciones”.

La certidumbre jurídica, subrayó, es una circunstancia indispensable para el respeto del Estado de derecho, y es fundamental para combatir el robo de identidad. Con esta adición “estamos cumpliendo con México y pensando, como siempre, en el bienestar de las y los mexicanos”.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco relató que el robo de identidad es un problema que en los últimos años se ha incrementado con el uso de Internet y el comercio electrónico y en México este ilícito va en aumento día con día. Además, la usurpación tiene consecuencias graves que pueden requerir de tiempo y recursos económicos para resolverse, ya que a las víctimas les lleva tiempo darse cuenta de que su identidad ha sido robada, comentó.

Relató que este dictamen da herramientas jurídicas y provee lo necesario para que las autoridades investigadores puedan combatir el delito. “Nos congratulamos de que nos pongamos a la altura de las circunstancias, que esta reforma ayude a combatir un delito que cada día es más frecuente y que está ocasionando grandes daños en la sociedad”.

El diputado Alfredo Basurto Román (Morena) se congratuló con este dictamen, porque también castiga a aquellos particulares que, independientemente del delito que cometan, utilicen datos sensibles de un tercero, en este caso robo de identidad, para que la pena sea incrementada hasta en un 50 por ciento.

Detalló que de antaño, al ciudadano únicamente se le robaba el portafolios o la cartera con el objeto de sustraer el dinero o los objetos de valores. “Hoy no. Hoy incluso habrá ciudadanos particulares que no se dan cuenta que están utilizando su tarjeta de crédito con fines lucrativos. Se da cuenta posteriormente, cuando le llegan los estados de cuenta y descubre que ha sido defraudado”.

Lorena Corona Valdés, diputada del PVEM, expresó que la usurpación o robo de identidad ha crecido 141 por ciento de 2014 a 2015 en el país, y esta reforma es de suma relevancia, ya que con ella se tipifica a nivel federal un delito de alta incidencia. Sin embargo, dijo, solo Colima, Ciudad de México, Estado de México, Tabasco y Nuevo León han adecuado sus Códigos Penales para tipificar esta conducta.

Con esta reforma, precisó, se protege el derecho a la identidad pero fundamentalmente el patrimonio de los mexicanos, debido a que este ilícito causa una afectación patrimonial y daño moral al individuo y a su familia. Entre los datos personales que se obtienen de manera ilícita se encuentran los nombres de usuario, contraseñas, número de seguridad social, de cuentas bancarias, de identificación personal, de tarjetas de crédito y fecha de nacimiento, explicó.

El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) mencionó que el robo de identidad es el delito de más rápido crecimiento en el mundo y generalmente se usa para abrir cuentas de crédito, contratar líneas telefónicas, seguros de vida, realizar compras o para el cobro de seguros de salud, vida y pensiones.

Puntualizó que en un 67 por ciento de los casos, el robo de identidad se da por la pérdida de documentos, 63 por ciento por robo de carteras y portafolios y 53 por ciento por información tomada directamente de una tarjeta bancaria. “Es necesario que contemos con la legislación para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos y que los infractores o delincuentes sean castigados por la comisión de este hecho delictivo”.

César Flores Sosa, diputado del PAN, argumentó que esta irregularidad se ve beneficiada por la falta de controles de seguridad de las instituciones bancarias, el avance de las nuevas tecnologías, la especialización de los ciberdelincuentes y por la falta de la regulación de este tema. La usurpación de identidad se presenta, por ejemplo, en una apertura de las cuentas bancarias usando la credencial de elector con otra fotografía y con otra firma, detalló.

Se manifestó por tipificar la usurpación de identidad como un delito que busca no solamente proteger el patrimonio, sino la confianza de la persona. La legislación, añadió, debe ir a la par de las exigencias de un mundo interconectado y detectar las fallas para que estos delitos no queden en la impunidad y generen un alto costo social, siendo imperante tipificar este delito y garantizar la seguridad jurídica de todos los ciudadanos.

La diputada Gloria Himelda Félix Niebla (PRI) puntualizó que el robo de identidad es uno de los problemas que continuamente aquejan a la sociedad a nivel mundial y, por ende, México no es la excepción. Actualmente, los defraudadores y ladrones ya no buscan robarse una billetera solo para sustraer el dinero, sino para apropiarse de las identificaciones, para hacer uso indebido de tarjetas de crédito, de debido y de cheques.

Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), revelan que tan sólo en los primeros seis meses de 2016, se han detectado aproximadamente 33 mil casos de robo de identidad, la gran mayoría derivado de engaños a los usuarios. A septiembre de este año la delincuencia ha obtenido, a través del robo de identidad, entre mil 500 millones y mil 800 millones de pesos (mdp).

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