• En Comisión de Derechos Humanos, hay coincidencia en el 90 por ciento del articulado: Luna Canales
• Arely Gómez González, titular de la PGR, comparecerá en noviembre ante comisiones de Derechos Humanos y de Justicia

01-10-2016 La Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Armando Luna Canales (PRI), pondrá especial atención al impacto presupuestario que tendrá la minuta de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por los dispositivos tecnológicos que deberán usarse en la geolocalización y detención de personas y de quienes realizan la aprehensión.

Por ello, Luna Canales solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un estudio sobre el nivel de gasto que implicará poner en marcha este marco jurídico, ya que la minuta enviada por el Senado, el 29 de abril pasado a la Cámara de Diputados, “viene con un impacto presupuestal cero, y no es así, porque sí genera el uso de recursos”.

Indicó que en breve, la Comisión iniciará el análisis formal de la ley, en la cual se coincide en el 90 por ciento del articulado, pero insistió en evaluar el impacto presupuestal, porque los brazaletes que pueden instalarse como geolocalizadores tienen un costo de entre 4 mil y 6 mil pesos al mes, más los problemas técnicos que implican, ya que funcionan a través del celular, y se carece de una cobertura total del servicio no sólo en el territorio nacional, sino en el segundo piso del Periférico en la Ciudad de México.

Refirió que la mayoría de las detenciones se realiza actualmente en flagrancia y no por una orden de aprehensión, por lo que se tendrá que definir el mecanismo que deberá seguirse, ya que en el país 500 mil policías pueden aprehender, así como miles de militares, tanto marinos como soldados.

Durante una reunión de trabajo, Luna Canales explicó que el estudio de la minuta del Senado en materia de tortura, se trabajará en comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia; la primera, elaborará el dictamen correspondiente.

Comentó que la propuesta establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) será responsable y auxiliar para determinar si hubo o no tortura, de acuerdo al Protocolo de Estambul (Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, es el primer conjunto de reglas para documentar esa práctica y sus consecuencias).

El proceso exige peritajes de especialistas, que sólo tiene la CNDH para apoyar a las comisiones estatales que soliciten un servicio de esta índole, y eso exigiría más presupuesto.

Los diputados también evaluarán si no se afecta el debido proceso en las indagatorias. Resaltó que para tomar decisiones hay que saber de dónde saldrá el dinero para costear estas obligaciones, aunque precisó que no es sólo una cuestión económica, sino técnica.

Además, explicó, tienen que examinar otras repercusiones de tipo normativo, como la definición de exclusión de prueba de una declaración obtenida bajo tortura, que no puede ser válida y debe anularse en un juicio; evaluar la confesión de un delito y si existen testimonios de convicción, independientemente de que hubiera tortura; en ese caso, acotó, los abogados pueden anularlo.

Igualmente, establecer si es válido o no el argumento de la víctima de tortura cuando señala que hubo esa conducta y la autoridad obtiene otras pruebas, y si eso implica la nulidad del resto de las agravantes. Asimismo, estudiar a detalle la punibilidad.

El diputado Independiente, Manuel Clouthier Carrillo, aseveró que la tortura debe castigarse por oficio, porque se origina en la autoridad, ya que en el sistema judicial mexicano no se investiga.

Consideró que la implementación de esta nueva ley sí tendrá repercusión presupuestaría, porque se tendrá que capacitar a los policías para que investiguen; actualmente no lo hacen y arrancan una confesión bajo tortura. Refirió que “a los ministerios públicos y jueces nunca les importó cómo había sido obtenida la confesión, menos si había línea para resolver el caso”.

Apuntó que no hay desproporción en las penas que proponen diversas universidades en contra de quienes torturen, que son de 10 a 20 años. “Se abre la posibilidad de sancionar con más severidad que un homicidio”.

El diputado del PAN, José Antonio Salas Valencia, destacó la necesidad de conocer cuánto costará la contratación de más peritos en la CNDH, para determinar si hubo o no tortura, cuando las comisiones estatales soliciten un estudio de esa índole.

Por Morena, el legislador Alejandro Cañedo Jiménez propuso la realización de foros para conocer las propuestas de los organismos civiles e externos, como Amnistía Internacional, que ha elaborado un reporte sobre mujeres torturadas para que confesaran un delito que no cometieron, y se les encarceló.

Respecto a la iniciativa sobre matrimonio igualitario, Luna Canales informó que los integrantes de la comisión sostendrán una reunión de trabajo con el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para evaluar este tema y el de la minuta para erradicar y combatir la tortura.

Recordó que ese marco jurídico exige reformar el artículo cuarto constitucional y adecuar diversos ordenamientos legales como el Código Civil Federal, a fin de armonizarlos con principios de igualdad y no discriminación. La CNDH ha recomendado a los congresos estatales legislar en la materia.

En cuanto a la elaboración de la opinión presupuestal, resaltó la necesidad de realizar un balance transversal sobre el uso de dinero para salvaguardar los derechos humanos.

Informó que en noviembre próximo, las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia presidirán la comparecencia de la procuradora General de la República, Arely Gómez González, cuya fecha está por precisarse, dentro de la Glosa por el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

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