03-10-2016.- El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) presentó la iniciativa de Ley General de Inclusión, Participación y Desarrollo Integral de las Juventudes, para poner a este sector en el centro de las decisiones de los tres órdenes de gobierno, la sociedad y de “todos los modelos de familia”.

En conferencia de prensa señaló que a pesar de que los jóvenes son más del 30 por ciento de la población, México “ha sido incapaz de adoptar medidas legislativas, administrativas y de política pública necesarias para garantizar el ejercicio y goce efectivo de sus derechos humanos” que aseguren su bienestar y formación integral, en condiciones de igualdad y seguridad.

En este sentido se debe modificar el artículo 73 constitucional para facultar a la Cámara de Diputados a legislar en la materia. Recordó la existencia de una iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales, pidió revisarla a fondo y avanzar en la modificación de la reglamentación secundaria.

“El Congreso está en falta, le debe a la juventud mexicana la aprobación de la reforma constitucional para que la Cámara de Diputados tenga la facultad de legislar en la materia. Parece absurdo que necesitáramos la facultad, porque hablamos de derechos de personas”, enfatizó.

Con esta iniciativa de ley se busca “derribar los muros del autoritarismo, la injustica y el olvido que tienen a la población juvenil en la falta de derechos elementales: educación, salud, vida libre de violencia, a elegir y vivir con preferencias religiosas, sexuales y personales. Es decir, el derecho a vivir en libertad”, expresó.

“Ser joven en México es sinónimo de pertenecer a un sector socialmente invisibilizado, políticamente ignorado, reprimido o criminalizado, económicamente relegado y normativamente olvidado”.

Pidió firmar la Convención Interamericana de Derechos de los Jóvenes, que les permitirá hacer uso del derecho de objeción de conciencia, muy relacionado con el servicio militar, “para que puedan optar”.

Señaló que 51 por ciento de los jóvenes enfrenta algún grado de pobreza, destacando los de entre 12 y 17 años, y prevalece “una preocupante tendencia a la alza”; 52 por ciento tiene un nivel de escolaridad de secundaria o menor, y la pobreza es factor determinante para la deserción escolar de quienes llegan al nivel medio superior, y más del 25 por ciento vive en hogares con algún grado de inseguridad alimentaria.

Hernández Soriana mencionó que de acuerdo con datos del Cuarto Informe de Gobierno, a julio de este año, la cuarta causa de muerte en menores de 15 años fue el homicidio, y en materia de suicidios, se llegó a una cifra similar a la de 2014.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) refiere que en México más de 11 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años se enfrentan a violencia e integración en pandillas; 37 por ciento ha sufrido violencia en la escuela; 21 por ciento aceptó que ingresó con una arma al plantel, y 53 por ciento pertenece a una banda.

Son preocupantes los casos de homicidios de jóvenes de entre 15 y 17 años de edad, pues tiene una tasa de mortalidad que casi se ha triplicado en los últimos cinco años, de 5.3 por cada 100 mil habitantes. “Estamos heredando a las próximas generaciones una sociedad cada vez más violenta”.

Respecto a los derechos laborales, la proporción de jóvenes en el empleo informal es de 61.7 por ciento, de los cuales 67 por ciento no reciben remuneración u obtienen hasta dos salarios mínimos.

En embarazos adolescentes, México es el primer lugar mundial, pues una de cada cinco mujeres gestando, tiene entre 15 y 19 años, sin contar la cifra gris que existe en niñas de 10 a 14 años.

“Son datos de la precaria y vulnerable situación en la que se encuentran los jóvenes y el desesperanzador escenario que nos espera en tanto no se cuente con un marco legal que construya y fortalezca un sistema nacional de garantía de sus derechos humanos”, advirtió.

Son grandes contingentes de jóvenes sin expectativas, baja educación, pocas oportunidades de acceder al trabajo y el riesgo de ser cooptados por el crimen organizado, que implican la reproducción de la pobreza, la exclusión y la violencia, lo cual es “inadmisible pues en lugar de revertir, perpetúa la desigualdad y la desesperanza”.

Para reconstruir el tejido social, fortalecer su cohesión, lograr el crecimiento equitativo y sostenible y alcanzar la paz y la seguridad, subrayó, es fundamental responder a esas circunstancias y problemáticas particulares en el marco de una ley específica.

La iniciativa crea un canal institucional para hacer vinculantes demandas y necesidades de los jóvenes, mediante un subsistema de participación, “que funcione como pirámide pues la base de las demandas y opiniones inicia en el nivel local y llega al federal, haciendo posible su procesamiento en el denominado Sistema Nacional para la Inclusión, Participación y Desarrollo de las Juventudes”.

Además, en todo ámbito de decisión y participación se consideran las tres principales regiones geográficas del país, así como su composición pluriétnica y pluricultural.

Al participar, el diputado Juan Fernando Rubio Quiroz (PRD), dijo que esta iniciativa es fundamental para establecer y fortalecer los mecanismos de integración entre los jóvenes, de ahí que la reforma constitucional sea clave.

"Tenemos que garantizarles un mejor futuro. Así como tenemos una ley para niñas y niños, para adultos mayores, hace falta un mecanismo de inclusión para jóvenes y debemos prepararlos para que tomen las riendas del país, con algo que ayude a fortalecer, formar y sentar las bases”.

La directora de Investigación y Estudios sobre Juventud, del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), Mónica Valdéz González, destacó la importancia de impulsar la reforma constitucional que faculte a la Cámara de Diputados a legislar en temas de juventud.

“En cada legislatura acumulamos iniciativas que se quedan en el tintero y es momento de sentarse a debatir este tipo de consideraciones, con los grupos parlamentarios y con las comisiones que las tienen para dialogar puntualmente sobre su necesidad e importancia”.

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