• Plantean incrementar impuestos a cigarros para compensar recortes

• Se necesitan políticas públicas para desincentivar consumo de bebidas azucaradas, señalan

05-10-2016.- Asociaciones e institutos diversos pidieron a la Cámara de Diputados evitar recortes en telecomunicaciones, tecnologías de la información, transporte ferroviario y salud, especialmente para la atención de enfermedades derivadas del consumo del tabaco, del sobrepeso, y la obesidad, así como la diabetes.

En reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dar a conocer sus posicionamientos respecto del paquete económico 2017, propusieron hacer reajustes para evitar el deterioro de sectores importantes para el desarrollo de México.

De la Fundación Interamericana del Corazón- México, el director de Iniciativas para el Control del Tabaco, Erick Antonio Ochoa, propuso elevar el gravamen por cada cigarro de 35 a 42 centavos, con lo que se recaudarían 3 mil millones de pesos más, suficientes para cubrir dos terceras partes del recorte al sector salud.

Precisó que en México mueren más de 66 mil personas al año a causa del cigarrillo, de las cuales el 10 por ciento nunca fumaron; en su mayoría eran mujeres.

Mencionó que el Instituto Nacional de Cancerología recibirá el siguiente año un 31 por ciento menos de lo ya ajustado este año; el programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, 25 por ciento, mientras que en el caso del Seguro Popular, será de 12 por ciento.

Luis Manuel Encarnación Cruz, coordinador de la Plataforma Estratégica contra el Sobrepeso y la Obesidad (ContraPESO), planteó reformar el artículo 2 fracción primera inciso g) párrafo segundo y adicionar un párrafo último de la Ley del IEPS, para aumentar el impuesto a las bebidas azucararas de uno a dos pesos por litro, y que los recursos recaudados, en particular el 20 por ciento, se destinen al objetivo social de prevenir la obesidad.

Relató que ContraPESO suma más de 40 organizaciones de la sociedad civil y busca impulsar una serie de políticas públicas en materia de prevención, para desincentivar aquellos factores de riesgo que inciden en el aumento del sobrepeso y la obesidad, en particular el consumo de bebidas azucararas, que causan 24 mil muertes al año.

En México, cerca de siete de cada diez adultos tienen obesidad y sobrepeso; uno de cada tres niños también, así como uno de cada tres adolescentes. El costo es altísimo, tan solo la atención directa e indirecta genera una erogación de alrededor de 80 mil millones de pesos para el sistema de salud. Aunado a ello, están enfermedades como la diabetes, la segunda causa de muerte, provocando más de 94 mil decesos anuales.

Reconoció que el impuesto a las bebidas azucaradas está cumpliendo con el objetivo de disminuir el consumo. A partir de 2014, hay una reducción en esta ingesta de los litros per cápita a nivel poblacional y en estos dos años de implementación, 2014 y 2015, se observa una reducción de 6.5 litros por persona y por año.

“Esto tiene impacto significativo si consideramos que al consumir una sola bebida azucarara al día, aumenta la posibilidad de obesidad en adultos en 27 por ciento y en niños en 55 por ciento. Ahí tenemos los beneficios muy claros�, añadió.

Federico González Celaya, presidente del Consejo Nacional de Bancos de Alimentos de México, propuso aumentar el estímulo fiscal del 5 al 15 por ciento a las empresas que donen alimentos a alguna institución que atienda a familias que sufren hambre, a través de una reforma el artículo 27, fracción 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), indicó. Estimó que esto se ayudaría al Estado mexicano a mitigar ese fenómeno y se garantizaría una mejor calidad de vida a la población. Pidió que los diputados analicen con seriedad la petición.

Explicó que a nivel nacional hay 28 millones y de personas con carencia alimentaria, uno de cada 4 mexicanos, 11.4 millones en pobreza extrema; sin embargo, apuntó se desperdician 19 millones de toneladas de alimentos al año, equivalente al 37 por ciento de la producción total.

Ese desperdicio tiene un valor monetario de 126 mil millones de pesos, es decir, 1.5 veces el presupuesto de la Sagarpa; “de esa dimensión es el problema�, advirtió.

Se requiere, afirmó, recuperar esos productos mediante mayores deducciones fiscales a las empresas donadoras, las cuales prefieren tirar esos alimentos. “Si se recuperara sólo el 50 por ciento de la perdida de alimento, no habría necesidad de gastar en programas sociales para combatir el hambre, y esos recursos podrían destinarse al desarrollo y educación, que son las soluciones de fondo a los problemas del país�.

En representación de mil 800 organizaciones de la Sociedad Civil, Miguel de la Vega solicitó eliminar las fracciones quinta y novena del artículo 82, así como el 82 Ter de la iniciativa fiscal 2017 que, reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ya que “son anticonstitucionales�.

Agregó que la aprobación de esas fracciones generaría inequidad y liquidación de patrimonios de cientos de donatarias autorizadas, acabaría con miles de trabajos y dejaría absoluta indefensión de quienes sobreviven o requieren de sus servicios.

“Estamos a favor de la transparencia y rendición de cuentas, de que se persigan las malas prácticas y se aplique la ley, pero también estamos a favor de que se facilite el cumplimiento de las obligaciones y que no se inhiba el desarrollo en el ejercicio de la libertad de asociación�, afirmó.

Explicó que ese sector representa una importante estrategia en la vida y desarrollo del país; sin embargo, con estas disposiciones prácticamente se liquidarían organizaciones al obligarlas a donar todo su patrimonio si en tres meses no resuelven omisiones administrativas.

“Lo que genera la reforma es que las sociedades civiles busquen no ser donatarias autorizadas puesto que ante una omisión su patrimonio podría estar en riesgo�, acotó.

José Carlos Femat Romero, director general de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, mencionó que de no instrumentarse la liberación de precios de forma total, se podrían generar condiciones de incertidumbre comercial y logística que dificulte las condiciones del mercado.

Coincidió con la necesidad de transitar en la liberación de precios, ya que esto fomentará la competencia efectiva y permitirá que los mexicanos gocen de beneficios tangibles derivados de la reforma energética.

Pidió a los legisladores establecer una regulación clara que otorgue certidumbre jurídica, en donde el mercado será quien fije precios con base en la oferta y la demanda, para lograr la total implementación de la reforma en la materia.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Enrique Solana Sentíes, calificó como un grave riesgo no regresar a la deducibilidad del cien por ciento a las prestaciones pagadas a los trabajadores, pues no se podrá reducir el índice de informalidad del país, “porque esas pequeñas que están pensando migrar a los nuevos esquemas, van a tener que pagar impuestos por las prestaciones sociales�.

Consideró indebido restringir los gastos reales y estrictamente indispensables que realizan los contribuyentes como el pago de las prestaciones, incluyendo la parte exenta de ellas. Por tal motivo, solicitó permitir se deduzcan al cien por ciento y, con esto, fomentar que se siga incrementando la formalidad en el sector laboral. “Vemos con preocupación que no podamos profundizar la formalización de los empleos�.

Externó su preocupación por el recorte presupuestal en la Secretaría de Turismo, el cual asciende al 33 por ciento, toda vez que este sector genera divisas y actividad económica. Hizo votos por emprender inversiones y seguir fomentando este rubro, a través de la apertura de nuevos destinos y desarrollos turísticos, así como permitir la participación de la iniciativa privada en este objetivo.

“Hoy con todos los riesgos que tenemos, incentivar la actividad económica del comercio y consumo interno es relevante. Esto sangró y secó mucha de la capacidad de consumo que tenían los mexicanos, al haberle retirado toda la depreciación�, afirmó.

Lorenzo Reyes Retana, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, expuso que se debe mantener el mismo estímulo en materia del IEPS, ya que este apoyo permite que los transportes terrestres de carga compitan con más equidad. Además, la carga ferroviaria disminuye el tráfico en las carreteras, lo que aligera las presiones presupuestales al erario.

Sostuvo que de los casi 44 mil millones de pesos que tuvo el ramo en el presupuesto para este año, el 97 por ciento se destinó a la infraestructura carretera y sólo el tres por ciento a la industria ferroviaria, esto se explica porque el mantenimiento de las vías está a cargo de los concesionarios.

La ratificación del estímulo fiscal permitiría dar seguridad jurídica, claridad en la equidad y neutralidad en la industria del transporte, lo cual contribuiría a que el ferrocarril pueda llegar a la meta de atender un 40 por ciento de este mercado en 15 años y disminuir el presupuesto para carreteras.

Francisco Uriostegui Pineda, presidente de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores, propuso que se les bajen los impuestos a 2.5 millones de pepenadores, y en lugar del 21 por ciento que se les cobra por IVA, paguen 5 centavos por los materiales ferrosos, plásticos y vidrios fibrosos, y por los metales no ferrosos 25 centavos. Con esto contribuirían con 516 millones de pesos al año en contribuciones. En total, aportarían más de 2 millones cada uno anualmente.

Señaló que estos pepenadores migrantes no tienen ninguna prestación social, pero si están obligados a pagar altos impuestos. “Es un crimen�, subrayó, porque se violentan sus derechos en las auditorías, cuando a las siderúrgicas se les condonan los pagos fiscales, pese a captar utilidades millonarias. “A nuestros pepenadores no les perdonan un sólo centavo, con el riesgo de aniquilarlos con la actual reforma fiscal�.

El vicepresidente de telecomunicaciones de la Cámara de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Miguel Calderón, advirtió que reducir 60 por ciento los programas que inciden en esta industria, tendría como resultado afectaciones directas al PIB, ya que este es un sector que compite de manera global.

“En muchos sentidos estas empresas dependen de programas de fomento, tanto a nivel federal como por parte de las entidades�.

Son alrededor de 19 mil empresas en este rubro, de las cuales, 90 por ciento son pequeñas y medianas, y en ellas laboran 1.2 millones de personas con empleos remunerados por encima de la media. “Representan el 9 por ciento del PIB�, resaltó.

El secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Agustín Rodríguez Fuentes, se manifestó a favor de una Reforma Fiscal que mejore el carácter progresivo de los impuestos a las empresas multinacionales y nacionales, así como la equidad del sistema tributario, el cual deberá dar pasos eficaces en la lucha contra el fraude fiscal, la elusión y la evasión.

Se requiere de un programa nacional de inspección, prevención y persecución del fraude fiscal y de la evasión de impuestos, ante el clima de incertidumbre económica que hoy se vive y que continuará. Hizo votos por impedir que el IVA siga siendo el impuesto central de la hacienda pública, ya que es el más injusto de todos y se aplica sin contemplar la capacidad de ingreso de las personas y de las familias, así como disminuir las exenciones fiscales a las grandes empresas.

Adelantó que propondrá a los partidos una modificación al artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que los impuestos que se generan o la carga fiscal que se le aplica a las prestaciones sociales, puedan ser exentas. “Eso sería de gran ayuda para el sector de los trabajadores; ojala que haya un programa de recuperación salarial�.

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