• Analizará 352 casos en dos etapas: la primera contempla los ocurridos en la 59, 60 y 61 legislaturas, y la segunda los de la 62 y 63
• Cada denuncia se resolverá en el orden en que fue presentada, sostuvo la diputada Guillén Vicente
• La finalidad es dar pronta respuesta y abatir rezago: Ibarra Hinojosa

06-10-2016.- La Subcomisión de Examen Previo aprobó por unanimidad el acuerdo de trabajo para la atención y desahogo de 352 denuncias de juicio político, acumuladas a lo largo de 10 años.

El acuerdo de la subcomisión, que copresiden los diputados Mercedes Guillén Vicente (PRI) y Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), presidentes de la Comisión de Gobernación y de Justicia, respectivamente, establece que el análisis se realizará en dos etapas: la primera contempla las denuncias recibidas en la 59, 60 y 61 legislaturas y la segunda abordará los casos presentados en la 62 y 63.

La diputada Guillén Vicente, explicó que al estar “en falta la instalación de esta instancia desde hace 10 años”, deben trabajar en un mecanismo que permita cumplir lo acordado recientemente por la Junta de Coordinación Política, respecto a resolver los casos en el orden en que fueron presentados.

Informó que el análisis se realizará expediente por expediente y pasarán, si fuera el caso, al Pleno de las comisiones de Puntos Constitucionales, de Gobernación y la de Justicia, que tomarán el acuerdo de llevar el asunto a la Sección Instructora. Una vez que se encuentre abierto el periodo de pruebas, continuó, se turnará en su momento al Pleno de la Cámara de Diputados, para que emita un pronunciamiento, y después al Senado de la República.

Comentó que el acuerdo de trabajo consiste en realizar el estudio de cada una de las solicitudes de juicio político. “No hay ninguna intención de hacerlo en bloque, sólo se hará así en el caso de posible aprobación de dictámenes”.

Este singular panorama, continuó, nos obliga a generar nuevas soluciones a nuestra actividad. Por un lado, desahogar el rezago en las denuncias de manera sostenida, dentro de los límites humanos posibles y, por otro, abordar con sumo cuidado cada una para emitir una resolución apegada a derecho, explicó.

Agregó que por acuerdo de la Subcomisión, se solicitó a la Secretaría General de la Cámara de Diputados la entrega-recepción de los expedientes de juicio político que, a lo largo de tres legislaturas, ha venido conservando. En razón de ello, la secretaría técnica de la Subcomisión procedió a la recepción y contabilización de los documentos que se presentaron.

El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, explicó que el acuerdo de trabajo se generó a fin de establecer las reglas generales para el desahogo de los 352 asuntos turnados, las cuales contemplan dividir el análisis de las denuncias en dos etapas.

La primera de ellas, explicó, consiste en entrar al estudio en conjunto de las denuncias admitidas en las 59, 60 y 61 legislaturas, con la finalidad de dar una pronta respuesta y abatir parte del rezago. En la segunda, se abordarán las presentadas en la 62 y 63 legislaturas, una vez que estén plenamente identificadas.

En su intervención, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (MC) precisó que son preocupantes las denuncias recientes, por lo que pidió iniciar los trabajos con estos expedientes y dejar para un análisis posterior aquellos casos que tengan más antigüedad.

El legislador del PRD, Rafael Hernández Soriano, sostuvo que valdría la pena señalar los casos que prescriben, cuando la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que sólo podrán ser enjuiciados durante su cargo y un año después. “Habría que ver si son revisables o no, aunque los funcionarios ya no estén en su cargo o tengan más de un año de haberse retirado”.

El priísta Abel Murrieta Gutiérrez coincidió en que el acuerdo de trabajo propuesto por la Subcomisión es adecuado. Dijo que los asuntos recientes son en apariencia, lo más importante; sin embargo, lo más relevante es cumplir con la legalidad del procedimiento, porque en cualquier rama del derecho la prescripción no se da automáticamente, se tiene que declarar por más improcedentes que sean”.

De la misma bancada, Armando Luna Canales sostuvo: “entiendo la necesidad de desahogar el trabajo de los últimos años, pero lo establecido en el acuerdo es oportuno y lógico. Más que darle vueltas a este asunto, debemos agilizar el trabajo y asumir nuestra responsabilidad, determinando criterios objetivos”.

El diputado Alfredo Basurto Román (Morena) solicitó que los análisis de las denuncias se realicen en primera instancia con aquellos que ya prescribieron; segundo, ver los que están por prescribir y, en tercer lugar, estudiar los que están vigentes. “Esto permitirá que nosotros nos deslindemos de cualquier responsabilidad política hacia los ciudadanos, porque existe un derecho de petición de un particular o de una instancia de llevar a juicio político o de procedencia”, agregó.

La legisladora Guillén Vicente explicó que el juicio político es distinto a un desafuero o algún procedimiento penal contra un funcionario; por lo tanto, está sujeto a otras leyes, en este caso, a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Este es solamente un examen que únicamente nos permitirá tener elementos para otras instancias o secciones, precisó.

El documento destaca, entre sus acuerdos, que la Subcomisión de Examen Previo se apoyará de una secretaría técnica, encargada de analizar las conductas y los elementos probatorios contenidos en las denuncias, y elaborará los proyectos de dictamen correspondientes, los cuales estarán sujetos a la aprobación de sus integrantes.

Esta instancia procurará que las denuncias notoriamente improcedentes se resuelvan en un mismo acto, de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; contará con 30 días hábiles a partir de la fecha en que se apruebe el orden del día, para el análisis de las denuncias en él inscritas.

De acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, artículo 10, la Subcomisión de Examen Previo se conforma por 10 integrantes de las comisiones de Gobernación y de Justicia, sus dos presidentes y dos secretarios.

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