06- 10- 2016.- Diputados de las distintas fracciones parlamentarias presentaron un total de 14 iniciativas en materia de eliminación de la capitalización de intereses por créditos hipotecarios, acoso sexual en dependencias y defensorías de habla indígena, así como abandono, por parte de sus descendientes, de adultos mayores que no puedan cuidarse a sí mismos.

No a capitalizar intereses de créditos insolutos de Infonavit

La diputada del PRI, María del Rocío Rebollo Mendoza, presentó propuesta de reforma al artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el fin de eliminar la capitalización de los intereses de saldos insolutos de créditos otorgados a trabajadores, ya que “es una figura prohibida en la legislación que regula los contratos civiles�; además, provoca que el adeudo crezca y sea impagable.

En ese contexto, “no podemos seguir permitiendo que una legislación que organiza y reglamenta la garantía social de la vivienda en beneficio de los trabajadores, permita la práctica del llamado anatocismo en la documentación de sus créditos�, subrayó la legisladora. Se turnó a la Comisión de Vivienda.

Evitar acoso y hostigamiento en dependencias

Del PAN, la diputada María Eloisa Talavera Hernández, planteó cambios al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para establecer como obligación de los Poderes de la Unión y la CDMX, así como del ISSSTE, la CNBV y demás, la implementación de medidas y procedimientos para prevenir, atender y sancionar los casos de acoso y hostigamiento sexual.

Mencionó que, de acuerdo con datos del INEGI, los espacios laborales son el tercer lugar donde las mujeres son violentadas en sus derechos humanos; 26 de cada cien mujeres asalariadas enfrentaron actos de discriminación laboral; de ellas, el 19 por ciento fueron víctimas de acoso y hostigamiento sexual. Se envió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Necesario defensorías con dialectos indígenas

México tiene una población penitenciaria de más de 260 mil personas, de las cuales el 3.4 por ciento son indígenas, quienes durante su proceso judicial carecen de defensores que hablen su lengua originaria, lo que genera gran injusticia en este sector, aseguró el diputado Victoriano Wences Real, del PRD.

Por lo anterior, propuso reformar el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para instaurar que “tratándose de población indígena, la Federación y los estados garantizarán que el servicio de defensoría pública se brinde en las lenguas que hable el ciudadano solicitante del servicio�. Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Promueven instaurar Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón

La diputada Sharon Cuenca Ayala (PVEM) pidió declarar el 5 de abril de cada año como el Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón, padecimiento que, alertó, aumentó 50 por ciento en tan solo una década, generando altos costos económicos, tanto para instituciones del sector Salud como para el productivo, con un costo anual promedio por paciente de más de 100 mil pesos.

Puntualizó que, en México, cada día 22 personas pierden la vida por dicha enfermedad, según la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores Torácicos del Instituto Nacional de Cancerología, lo que la convierte en la segunda causa de muerte por tumores malignos en el hombre y la octava en mujeres. Se mandó a la comisión de Gobernación.

Buscan que San Lázaro participe en la elección de miembros del Consejo de Salubridad

La diputada Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley General de Salud, con la finalidad de instaurar que la Cámara de Diputados participe en la elección de candidatos para la integración del Consejo de Salubridad General.

La legisladora explicó que “si bien el consejo estará integrado por un presidente, que será el titular de Salud, un secretario y trece vocales titulares, dos de ellos serán el presidente de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, el resto deben ser electos y removidos por la Cámara de Diputados, a propuesta del Ejecutivo�.

Procedimientos administrativos deben tener mayor certeza

Con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos al debido proceso y audiencia en procedimientos administrativos que una autoridad instruya frente a particulares, sean personas físicas o morales, la diputada de Nueva Alianza, Mirna Isabel Saldívar Paz, presentó iniciativa de reformas a los artículos 56 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Esto, para instaurar que una vez concluido el periodo probatorio, las actuaciones se pondrán a disposición de los interesados, con el propósito de que eventualmente formulen sus alegatos, de manera para que sean considerados por la autoridad al dictar la resolución respectiva. Una vez concluido el periodo de alegatos, se tendrá por acabado el trámite conducente a las substanciación del expediente y, en consecuencia, se procederá a dictar por escrito la resolución que corresponda, con lo que concluirá el procedimiento administrativo. Fue turnado a la comisión de Justicia.

De un mes a cuatro años de cárcel a quien abandone adultos mayores

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos (PES) propuso modificaciones al artículo 335 del Código Penal Federal, para sancionar al que abandone a un niño, adulto mayor incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma -teniendo obligación de cuidarlo-, con penas que van de un mes a cuatro años de prisión, privándolo además de la patria potestad o la tutela.

Datos de la encuesta realizada en 2015 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que en México hay 119 millones 530 mil 753 habitantes, de los cuales 7.2 por ciento son personas que tienen 65 años o más, informó la diputada. Se turnó a la Comisión de Justicia.

Que estaciones de radio indígenas puedan acceder a publicidad del gobierno

De Morena, Virgilio Caballero Pedraza solicitó reformas al artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión, a fin de generar un padrón público a consulta para que las concesionarias indígenas de uso social puedan acceder a información que les permita ejercer el derecho al financiamiento.

Actualmente, la legislación prevé la posibilidad de que concesionarias en manos de comunidades indígenas y pueblos originarios, tengan la posibilidad de obtener el financiamiento a partir de la venta de publicidad que estados y municipios destinan a comunicación social; sin embargo, el gobierno solo puede destinarles el uno por ciento, lo que es una limosna, aunque sí un primer paso. Se envió a las comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión.

Turnan a comisiones iniciativas en materia presupuestal, migración, matrimonio y embarazos forzados

La Cámara de Diputados recibió y turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 44 y 46 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, con el fin de establecer un procedimiento específico, y fijar plazos, además de fechas límite, para dar cumplimiento al dictamen de la Cuenta Pública.

La propuesta, suscrita por las diputadas Maricela Contreras Julián (PRD) y Minerva Hernández Ramos (PAN), plantea que en tal proceso de dictamen, participen de manera conjunta las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

De las mismas diputadas, la Mesa Directiva canalizó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, propuesta de modificación a los artículos 227 y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Esto, para normar que sean las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Vigilancia de la Auditoría Superior, las facultadas de forma exclusiva para elaborar el dictamen de la Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal.

Se recibió de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán (PES), proyecto de decreto que adiciona los artículos 12 y 19 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para que en los Centros de Atención se implementen mecanismos de participación para padres de familia o quien ejerza la tutela de niñas y niños. Se envió a la Comisión de Derechos de la Niñez para dictamen.

De igual forma, se recibió de la diputada Lorena Corona Valdés (PVEM), una iniciativa de reforma a los artículos 20, 29, 74 y 109 de la Ley de Migración, para facultar al INM la elaboración del protocolo de actuación para la determinación del interés superior de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado.

Además, para que los DIF Nacional y estatales coadyuven con el Instituto en la elaboración de una opinión vinculante que valore las circunstancias específicas de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado que esté bajo su cuidado y protección. Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios.

En el mismo sentido, se remitió a la Comisión de Asuntos Migratorios iniciativa de la diputada María �vila Serna y diputados del PVEM, que plantea cambios a los artículos 11, 29 y 112 de la Ley de Migración, para que cuando se trate de niñas, niños y adolescentes migrantes solos, las autoridades en todo momento salvaguarden su integridad, eviten exponerlos a riesgos, y provean su subsistencia.

Se recogió también de la diputada Khatia María Bolio Pinelo (PAN), iniciativa que reforma y adiciona los artículos 10 y 28 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

El proyecto, referido a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, indica que se entenderá al matrimonio forzado y/o el embarazo forzoso como explotación de una persona, además que se impondrá pena de 4 a 10 años de prisión y de 200 a 2 mil días multa, a quien obligue o imponga un embarazo con el fin de separar a la mujer de su hijo producto para entregarlo a un tercero.

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