• El ciudadano será protagonista de su propio desarrollo en las urbes; respeto total a los derechos humanos

12-10-2016.- La Cámara de Diputados aprobó con cambios el dictamen a la minuta que expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y reforma el artículo tercero de la Ley de Planeación, y lo devolvió al Senado para sus efectos constitucionales.

El dictamen, avalado por 303 votos a favor, 31 en contra y 15 abstenciones, destaca que este marco jurídico responde a los retos del país para planear las ciudades, a fin de combatir el desorden, las carencias y el deterioro urbano, asociados a la falta de programación y a la poca cultura de prevención.

“Así se logrará una efectiva ordenación del territorio, a través de una política de Estado, que defina claramente obligaciones y sanciones para quien infrinja la ley, ya que es imprescindible renovar la visión del modelo urbano con el que han construido las ciudades”, señala.

Con esta nueva ley, se armoniza la regulación con los estándares internacionales en materia de protección civil, impulsa planes de desarrollo que incorporan, de forma obligatoria, la gestión integral del riesgo y da herramientas a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que participen en la regulación y sanción de asentamientos humanos.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Pablo Bedolla López (PRI), presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, resaltó que la nueva ley establece un decálogo de principios que regirán las políticas y programas para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano.

Además, la norma asegura el derecho a la ciudad, la equidad de inclusión, el derecho a la propiedad urbana, la productividad y eficiencia, así como la protección y progresividad del espacio público, la sustentabilidad ambiental, la accesibilidad y movilidad. También alienta la inclusión.

Lo que plantea el dictamen es desinteresado, colaborativo y flexible, ya que reenfoca los esfuerzos gubernamentales para garantizar que los espacios públicos permitan la evolución de la ciudad, a través del tiempo, donde “todo ciudadano tenga la posibilidad de ser protagonista de su propio desarrollo en las urbes de acuerdo con sus necesidades, preferencias y capacidades, en un marco de certidumbre jurídica, donde se garantice el respeto total a los derechos humanos”, precisó.

También fortalece los instrumentos de planeación, regulación y desarrollo de los asentamientos humanos en particular, atendiendo a la gobernanza metropolitana y al crecimiento urbano, agregó.

El diputado de Morena, Juan Romero Tenorio, presentó una moción suspensiva para que el dictamen fuera devuelto a comisiones, para atender omisiones y contradicciones. En votación económica, el Pleno no la aceptó a discusión.

En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos (Encuentro Social), destacó la facultad de la Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para expedir normas oficiales mexicanas que establezcan los lineamientos, criterios y especificaciones técnicas, para construir las vialidades y espacios públicos.

Resalta, continuó, la creación de un Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para la consulta, asesoría, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales en materia de asentamientos humanos; la conformación de consejos locales y municipales de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano, para asegurar la consulta, opinión y deliberación de las políticas en la materia, y planear el desarrollo urbano y metropolitano en las entidades federativas y municipios.

Por Nueva Alianza, el legislador Mariano Lara Salazar refirió los 10 principios básicos del nuevo marco jurídico: equidad e inclusión; derecho a la propiedad urbana; coherencia y racionalidad; participación democrática; transparencia; productividad y eficiencia; protección y progresividad del espacio público; resilencia, seguridad urbana y riesgo; sustentabilidad ambiental y accesibilidad universal y movilidad.

Subrayó la importancia de la utilización y aprovechamiento racional del suelo como materia prima de la planeación territorial, por lo que se prioriza su adecuada regulación.

Incorpora el concepto de resilencia urbana, como la capacidad de una comunidad expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en el corto plazo y de manera eficiente, por medio de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, para lograr una eficiente protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos, detalló.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Salvador Zamora Zamora resaltó que se atendieron las propuestas de respeto a la autonomía y soberanía municipal; la jerarquización de los sujetos de la movilidad, donde se acuñó el concepto correcto de la reducción de riesgos de desastres.

Se evitó, comentó, que la delimitación de las zonas metropolitanas fuera un tema político y que se concibiera como un tema de carácter técnico, logrando que las zonas metropolitanas, como la de Guadalajara, que concentra municipios como Tlajomulco, Zapopan, Guadalajara, entre otros, mantuvieran un esquema metropolitano que tantos años les ha costado.

No obstante, aclaró, esta ley general no resuelve los retos y circunstancias de las próximas décadas.

El diputado de Morena, Renato Josafat Molina Arias refirió que las ciudades no pueden convertirse en el arquetipo territorial, orientadas únicamente a la producción, distribución y consumos masivos. La planeación urbana tiene que garantizar la convivencia armónica de intereses entre todos los sectores sociales, en particular con los que históricamente se tiene una deuda, como las comunidades indígenas, planteó.

Indicó que el habitante de la ciudad vive en un entorno físico conflictivo, denso y hostil, incómodo e inseguro, despersonalizado, paisajísticamente duro, que cuestiona diariamente la habitabilidad y la solidaridad de un modelo democrático deficitario y de producción desequilibrado urbanísticamente, insostenible ambientalmente e injusto socialmente.

Del PVEM, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez refirió que la planeación adecuada de ciudades compactas y habitables con mejores espacios públicos, soluciones integrales de movilidad y que dan prioridad al medio ambiente, contribuye a mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.

La nueva ley, indicó, engloba aspectos trascendentales como un sistema de planeación territorial, una estrategia nacional de ordenamiento, una coordinación metropolitana, planeación del desarrollo urbano, y la conformación de ciudades compactas de uso mixto. “Damos paso a la creación de ciudades más seguras, con mayor calidad de vida y estricto respeto a los derechos humanos”.

La diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del PRD, consideró que la ley debe seguir perfeccionándose con el objetivo de clarificar el funcionamiento, integración y temporalidad de los que formarán parte del consejo nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

También, manifestó que es necesario velar porque el progreso urbano no amenace bajo ninguna circunstancia la propiedad social, sobre todo la ejidal.

Ingrid Schemelensky Castro, del PAN, señaló que el nuevo ordenamiento jurídico resulta indispensable para un país mayoritariamente urbano que enfrenta una diversidad de problemas derivados de un crecimiento desequilibrado del territorio y población.

Comentó que la ley busca regular, planear, ordenar y, en particular, lograr una mejor gestión del fenómeno urbano, a partir de la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal. Además, la colaboración y concertación del sector social y privado en beneficio de los ciudadanos.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) apuntó que el 78 por ciento de los mexicanos vive en una ciudad, del cual el 60 por ciento está concentrado en tan sólo 59 ciudades y sus zonas conurbadas.

“De ahí la importancia de esta ley que por primera vez, efectivamente, toca los temas importantes: la realidad de la conurbación, la necesidad de la coordinación”, destacó.

Pro y contra

Para hablar en contra, la diputada Blandina Ramos Ramírez, de Morena, manifestó que la ley pone en riesgo el futuro del pueblo de México. “Es un proyecto basado en un análisis técnico, parcial y que en la etapa que nos compete está viciado por la ausencia de los sectores sociales.

En pro, el diputado Jonadab Martínez García (MC) dijo que por primera vez hay una Comisión Especial de Movilidad para atender los asuntos de las ciudades, incorporándose un capítulo de movilidad urbana sustentable.

De Morena, Roberto Cañedo Jiménez mencionó que el dictamen pretende desarticular la propiedad social de los ejidos para abrirle paso de manera implacable al capital, lo que dejará de lado los derechos adquiridos sobre el patrimonio. Por ello se pronunció en contra.

A favor, el diputado Juan Corral Mier (PAN), consideró inaplazable renovar la visión del modelo urbano con el que se ha construido las ciudades. Es necesario armonizar las regulaciones en materia con estándares internacionales e impulsar planes de desarrollo que incorporen de forma obligatoria la gestión que integran los riesgos.

El diputado Juan Romero Tenorio (Morena) se expresó en contra del dictamen, ya que excluye la participación de comunidades y pueblos indígenas en los procesos de consulta, y violenta el derecho de consulta previa a comunidades originarias, a los pueblos en zonas rurales.

Del PRI, Juan Antonio Meléndez Ortega indicó que el dictamen protege el uso de recursos naturales y da énfasis al gran reto que representa el agua en nuestras ciudades. Impulsa la reducción de riesgos de desastres, propone la elaboración de programas y acciones para la reducción de gases de efecto invernadero, y otorga claridad en las obligaciones para las entidades federativas y municipios. Se pronunció a favor.

En lo particular se reservaron los artículos 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 48 y 56, que posteriormente se aprobaron en términos del dictamen por 280 votos a favor, 26 en abstención y 31 en contra.

A continuación, el diputado Javier Bolaños Aguilar, levantó la sesión y citó para la que tendrá lugar mañana jueves 13 de octubre de 2016, a las 11 horas.

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