25-10-2016.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a fin de facultar a la presidencia del CONAPRED para que emita y suscriba resoluciones e informes especiales.

Al fundamentar el dictamen avalado por 422 votos a favor, 3 abstenciones y 1 en contra, el diputado Armando Luna Canales (PRI) dijo que se establecen medidas administrativas de reparación que deriven de quejas por presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, que resulten atribuidas a particulares, personas físicas o morales, servidores públicos federales y poderes federales, así como la facultad de delegar dichas atribuciones al titular de la Dirección General Adjunta de Quejas de este organismo.

El dictamen que se envió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, reforma los artículos 3, 30, 35, y precisa que cada año podrá renovarse un máximo de seis integrantes de la Asamblea Consultiva del CONAPRED, lo que favorecerá la profesionalización y toma de decisiones.

En cuanto a los artículos transitorios, Luna Canales indicó que la renovación de los asambleístas se propondrá mediante acuerdo de la propia Asamblea Consultiva y estarán a consideración de la Junta de Gobierno.

Destacó la importancia de que es importante que el respeto a los derechos humanos sea el eje central de la vida pública y privada; por ello, esta reforma obliga a las instituciones a trabajar activamente. “Estamos obligados a que la única intolerancia permitida sea en contra de la discriminación, por lo cual es de gran relevancia tener autoridades bien articuladas”.

Puntualizó que la lucha contra la discriminación exige que la acción de la autoridad sea eficiente y eficaz en la erradicación de todos los tipos de segregación. “Sin duda, la prohibición de cualquier tipo de discriminación es la piedra angular del futuro de nuestro país”.

La también priista Alma Lilia Luna Munguía afirmó que el programa de acción de su partido refrenda la decisión de combatir la discriminación, marginación y exclusión social para avanzar a un pleno reconocimiento de los derechos de las personas.

“En el grupo parlamentario del PRI queremos aportar a México una mejor calidad de vida contribuyendo con reformas que garanticen la estabilidad integral y emocional de las personas, actuando siempre con los mismos valores y principios”, indicó.

El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn del PAN comentó que el país se encuentra en una grave crisis, no solo de derechos humanos e inseguridad, también social, ya que se está perdiendo el respeto y la dignidad de las personas; por tal razón, puntualizó, con esta reforma se brindará mayor certeza jurídica a los ciudadanos y habrá una mejor efectividad en el desarrollo de las funciones de la autoridad.

“La discriminación es un problema tan grave que posiblemente sea el motivo que defina el resultado de la elección presidencial en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en el PAN estamos por fortalecer a las instituciones encargadas de erradicar este mal”, aseguró.

La diputada Maricela Contreras Julián, del PRD, comentó que con estos cambios se eliminan las actitudes que afectan el ejercicio de los derechos y las libertades en igualdad de condiciones debido a los prejuicios, estereotipos y estigmas que dañan a la sociedad.

Por ello, el PRD vota a favor de esta minuta, porque fortalece al CONAPRED, y hace frente a una cultura discriminatoria que niega derechos de manera constante, aseguró.

El diputado José Alberto Couttolenc Buentello (PVEM) mencionó que actos discriminatorios que menoscaban la dignidad de diversos grupos sociales se dan cada vez más en todo el país; ante ello, es urgente actualizar y armonizar el marco normativo vigente con la finalidad de dar dirección incluyente a las políticas públicas.

“Es pertinente fortalecer la figura del presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a fin de que pueda emitir y suscribir resoluciones”, apuntó.

Roberto Cañedo Jiménez (Morena) comentó que la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México indica que nueve de cada 10 mujeres, discapacitados, indígenas, homosexuales, adultos mayores y pertenecientes a minorías religiosas, sufren o han sufrido de discriminación.

Ante esto, indicó que no existe al momento un mecanismo homologado, adecuado, expedito y ágil para la atención de quejas por presuntos actos de discriminación; por ello, subrayó que este dictamen es bienvenido, toda vez que dotará de nuevas atribuciones al CONAPRED y lo hará más funcional.

Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, dijo que la discriminación es una triste y cruda realidad que nos alcanza día a día a todos. De acuerdo con cifras de Coneval, tres de cada diez mujeres sufren de discriminación salarial.

Comentó que una persona de 40 años no consigue trabajo; 80 por ciento de los ciudadanos cree que no se respetan sus derechos por cultura, acento, color de piel o religión, y 44 por ciento piensa que no existe respeto por los derechos de los indígenas. En el caso de discapacitados, 23.5 por ciento no está dispuesto a vivir solo con uno de ellos. Por otra parte, 78 por ciento considera que es muy difícil recibir apoyo económico.

Ante ello, Sánchez Orozco puntualizó que esta iniciativa es un avance para que la discriminación se erradique y pidió que en la discusión del PEF-2017 se etiqueten recursos suficientes para todas las instancias y dependencias públicas locales, federales y municipales para que la exclusión no siga siendo un problema.

Por Nueva Alianza, Carmen Victoria Campa Almaral aseguró que su fracción parlamentaria se suma a toda medida que combata y erradique cualquier forma de discriminación, ya que, agregó, “el principio fundamental de mi fracción es la igualdad y dignidad de las personas”.

Abdies Pineda Morín (PES) aseguró que su bancada está a favor de eliminar disposiciones que impongan requisitos discriminatorios de ingreso y permanencia a escuelas y trabajos; de la creación de licencias de paternidad; homologación de condiciones de derechos y prestaciones para grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad.

Es importante hacer ajustes en materia de accesibilidad física, de información y comunicación, de adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad, del diseño y distribución de comunicaciones oficiales, convocatorias públicas, libros de texto, licitaciones en formato Braille o en lenguas indígenas, así como del uso de intérpretes de lenguas de señas y de traductores de lenguas indígenas.

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