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Boletín N°. 2409 Conocen diputados dictamen para garantizar asistencia social a hijos de madres reclusas
  • También, el documento que crea el Registro Nacional de Cáncer

 

27-10-2016.- El Pleno conoció para trámite de publicidad dos dictámenes. El primero garantiza la asistencia social a todos los niños, niñas y adolescentes que nazcan o permanezcan en cualquier centro de prevención y readaptación social y sean hijas o hijos de madres reclusas.

 

Con una reforma al inciso m) y la adición de un inciso n) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, se busca proteger a los menores que viven con madres reclusas, y no tienen un nivel de vida óptimo, como lo mandata la legislación aplicable en la materia.

 

El dictamen, que será discutido y votado en próxima sesión, precisa que a esta población se le llama los “niños invisibles”, porque son menores que han estado ausentes de la atención de la sociedad, de las instituciones oficiales y de los beneficios de las políticas públicas en la materia.

 

Resalta la importancia de cumplir las disposiciones en el ámbito de la asistencia social, garantizando la concurrencia y colaboración de la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los sectores social y privado, con el propósito de proteger a la clase más vulnerable y desprotegida del país.

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, en cárceles de México hay 13 mil niños, hijos de mujeres presas. De ellos, mil 500 viven con su madre y o padre en prisión, con todo lo que ello implica en términos de desarrollo humano y libertad.

 

El segundo dictamen, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para crear el Registro Nacional del Cáncer, para impulsar la prevención, con base en estrategias de educación, tamizaje, atención y tratamiento de este padecimiento.

 

El registro se integrará con la información proveniente del Sistema Nacional de Información Básica en materia de salud. Además, la Secretaría del ramo deberá establecer, promover y coordinar el nuevo Registro Nacional de Cáncer, el cual será materia de salubridad general.

 

Según datos de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, anualmente “los gastos hospitalarios por cáncer representan en promedio 6 por ciento del total de los egresos en instituciones públicas, en el que prevalecen los tipos de cánceres de próstata, mama, cérvix, pulmón, colo-rectal y estómago”.

 

Comunicaciones

 

Los diputados Leticia Amparano Gamez (PAN), Salvador Zamora Zamora (Movimiento Ciudadano), Alfredo Anaya Orozco (PRI), Rocío Matesanz Santamaría (PAN), Rafael Hernández Soriano (PRD), Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), Adriana Ortiz Lanz (PRI) y Jonadab Martínez García (Movimiento Ciudadano), solicitaron retirar de los registros parlamentarios diversas iniciativas que habían presentado.

 

A las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, se mandó un informe de la Secretaría de Educación Pública que contiene información de las Unidades Responsables, sobre el Destino de los Recursos Federales que reciben las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2016.

 

La Secretaría de Salud remitió los informes correspondientes al tercer trimestre de 2016, sobre el presupuesto ejercido y entregado a los beneficiarios, a nivel capítulo y concepto de gasto, así como un reporte sobre el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores de desempeño, previstos en las Reglas de Operación. Se enviaron a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

 

Fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, una iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que reforma el artículo 41, fracción V, Apartado C, numeral 9 de la Constitución Política, a fin de fortalecer la participación ciudadana en las entidades federativas, dejando de considerar a la misma como una rama del derecho electoral y elevando su importancia y facultando a los órganos legislativos locales para crear Institutos de participación ciudadana, independientes de los organismos públicos locales en materia electoral.

 

 

 

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