04-09-2016 Con el propósito de apoyar la inversión en un transporte en ciudades y áreas metropolitanas, que sea amigable con el medio ambiente y determinar un mecanismo de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, la diputada Sofía González Torres (PVEM) presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano.

En el documento, turnado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirma que la población debe contar con sistemas de transporte eficientes y una infraestructura urbana acorde para facilitar su movilidad.

La diputada, secretaria de la Comisión de Energía, plantea establecer regulaciones modernas en estas materias y definir el marco de concertación que permita su aplicación a nivel federal, estatal y municipal.

Indica que México ha tenido un proceso de urbanización muy intenso, que ha concentrado un gran porcentaje de la población en muchas ciudades del país, lo que ha ejercido una presión constante sobre la calidad del aire.

Esa contaminación generó, en 2010 y 2013, costos por 14 mil millones de pesos, de los cuales 11 mil 500 fueron pérdidas en productividad y dos mil 500 a gastos por muertes prematuras y hospitalizaciones por problemas respiratorios y cardiovasculares.

Uno de los factores más evidentes de esa contaminación es el crecimiento del parque vehicular y su uso indiscriminado, alentado porque faltan políticas integrales de transporte que favorezcan la movilidad urbana y la salud.

“Las contingencias ambientales que se vivieron recientemente en la Ciudad de México, o el progresivo empeoramiento de la calidad del aire en ciudades como Mexicali, Cuernavaca, Monterrey o Tijuana, entre otras, que registran tasas elevadas de hospitalizaciones y consultas médicas atribuibles a la contaminación, son señales claras de que algo se está haciendo mal”, enfatizó.

La Ley propuesta por la diputada González Torres crearía un Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable Urbano y Suburbano, como un fideicomiso operado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, (BANOBRAS), para impulsar inversiones en esta materia.

Dicho Fondo apoyaría proyectos amigables con el ambiente en los rubros de construcción, ampliación, modificación, mantenimiento mayor y equipamiento de sistemas de transporte masivo urbano y suburbano, renovación del transporte no masivo, así como ciclovías, vías compartidas o exclusivas para motocicletas.

Se contempla modificar el Artículo 2°A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para que de cada litro de gasolina vendido, se reorienten cinco centavos a monetizar ese fondo, y adicionar la fracción XI al Artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que esos recursos se excluyan de la recaudación federal participable.

Ello contribuiría a adoptar unidades y tecnologías amigables con el ambiente, y a modernizar el transporte, a favor de una mejor organización de las ciudades y la salud de sus residentes. “Es un objetivo impostergable para el país”, subrayó.

Se busca tambiénasegurar la integridad de los usuarios vulnerables de la vía pública; desarrollar y mejorar el transporte urbano y suburbano, para elevar la calidad de vida en las ciudades y proteger la salud de la población; además, ampliar y mejorar la infraestructura de vialidades, para propiciar eficiencia en los sistemas de transporte, mejorar la fluidez y garantizar la movilidad como un derecho de todos.

Asimismo, adecuar la infraestructura urbana para utilizar unidades de transporte menos contaminantes por sus emisiones de gases con efecto invernadero, y promover una mayor utilización de las bicicletas y motocicletas.

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