• “El reto es hacer más con menos presupuesto”: Cuanalo Santos
• Corrupción reduce inversión, desacelera crecimiento económico y estimula mercado informal: Hernández Ramos
• Ocho de cada 10 mexicanos consideran que el gobierno gasta impuestos de manera ineficiente y sin transparencia

05-09-2016.- El presidente del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop), diputado Gerardo Cuanalo Santos, planteó que para iniciar un análisis responsable y profundo sobre el presupuesto, los legisladores requieren información objetiva e independiente, así como instrumentos prácticos para la toma de decisiones, porque “el reto es hacer más con menos recursos”.

Refirió que hace unos meses, se recibieron los Precriterios de Política Económica 2017, los cuales anticipan nuevas restricciones al gasto público, además de que el Ejecutivo federal ha realizado dos grandes ajustes al gasto durante el presente año.

El primero, indicó, por 132 mil millones de pesos (mdp) y, el segundo por 31 mil (mdp), tanto en dependencias del sector central como en paraestatales.

Durante la inauguración del Foro Internacional “El Poder Legislativo y su rol frente al Proceso Presupuestario”, el legislador del PAN mencionó que hoy quedan grandes interrogantes para el ejercicio presupuestal del 2017, en el que se encuentra el saber cómo lograr reducir la dependencia de ingresos petroleros y cómo ampliar la base de captación de los ingresos fiscales.

Asimismo, cómo lograr que la asignación de recursos del gasto de gobierno se convierta en una palanca de crecimiento económico y genere progreso social, y cómo instrumentar un presupuesto más eficiente y transparente.

Este foro ofrece la oportunidad de reflexionar, discutir y estudiar estos planteamientos que nos permitan mejorar el análisis y aprobación del presupuesto de la mano de expertos en materia de finanzas públicas.

En el evento organizado por el Cesop, Cuanalo Santos destacó que es interés del comité a su cargo colaborar en el proceso presupuestario con el presente foro. “Espero que lo aprovechemos como un ejercicio de método comparativo que resulte en el fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales”.

“Estoy convencido de que es favorable alentar la participación activa e informada de la sociedad en la discusión presupuestaria, de manera que se convierta en una práctica dirigida a garantizar la transparencia presupuestal”, afirmó.

Agradeció al Centro Estudios de las Finanzas Públicas y al de Estudios Sociales y de Opinión Pública por sus contribuciones para un mejor entendimiento de las finanzas desde la dimensión de la vida social nacional. Asimismo, al grupo de diputados integrantes del llamado “Caucus legislativo”, integrado por diputadas y diputados especializados en los temas de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción, por contribuir en la realización del evento.

La diputada Minerva Hernández Ramos (PAN) mencionó que de acuerdo con datos de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo, la corrupción tiene un impacto económico con efectos perniciosos; por ejemplo, reducir la inversión, actuar como un impuesto de facto, desacelerar el crecimiento económico, estimular el mercado informal, entre otros.

La también Integrante del Caucus Anticorrupción, añadió que este fenómeno es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos democráticos y las prácticas corporativas justas; por ello, es necesario que integren elementos de transparencia en el análisis de los procesos presupuestarios.

Puntualizó que es más difícil abatir la desigualdad económica entre la población, cuando los vehículos de redistribución de la riqueza, no cumplen con los cometidos y tampoco inciden en modificar positivamente las condiciones de pobreza del país.

Se tiene un gasto público ineficiente, “gastamos mucho y gastamos mal, pero cómo gastar mejor, cuando uno de los efectos de la corrupción es incrementar en general los precios de productos y servicios, los cuales obviamente carecen de beneficios palpables para la ciudadanía”.

Destacó que no se debe olvidar que cada peso mal gastado implica un beneficio económico o personal para alguien y esto vuelve ineficiente al sistema presupuestario en su conjunto.

“La sociedad poco a poco considera que deja de tener sentido pagar impuestos, tarifas y contribuciones que sólo servirán para tener bienes y servicios públicos de deficiente calidad y que engrosa los bolsillos de la clase política, lo cual genera desconfianza en sus gobernantes”.

El diputado Vidal Llerenas Morales (Morena) propuso que para hacer una distribución equitativa de los recursos se cree una oficina de presupuesto en la que participe la sociedad civil. Esto es importante porque la Cámara de Diputados se ha limitado a asignar recursos a municipios de manera específica, lo cual genera sospechas de corrupción.

En los próximos días se discutirá uno de los paquetes presupuestales más complicados de la historia, por lo que resulta fundamental contar con mecanismos que permitan al Ejecutivo rendir cuentas y se impida tener más deuda.

“El año pasado entre la sobreestimación de ingresos y el recorte el gobierno pudo haber reasignados como 500 mil millones de pesos, pero debido a que posee una enorme capacidad discrecional para cambiar lo que esta Cámara aprueba, es decir, los registros están, pero no existen las explicaciones”.

“Uno puede encontrar que por tres años se ha movido una partida de Seguridad Nacional que se incrementa de cien millones a 7 mil 500 millones de pesos, sin encontrar un párrafo que explique por qué se elevó esta suma a este rubro”.

Marcelo Torres Cofiño, director General del Cesop, explicó que el análisis del proceso presupuestario debe concebirse y diseñarse desde una visión de gobierno abierto, sujeto a los principios de fiscalización y rendición de cuentas.

Con una evaluación permanente del escrutinio público, que verifique la eficacia de su asignación en sus políticas públicas, que rompa con el cerco de la ineficiencia y la corrupción que tanto daño ha hecho al progreso y la realización de la sociedad.

Detalló que de acuerdo con una encuesta realizada por el Cesop, la percepción de los ciudadanos en cuanto al tema del presupuesto e indicadores económicos señala que siete de cada diez personas consideran que se debe dar prioridad al gasto en programas de generación de empleos y no de asistencia social.

Por su parte, ocho de cada diez mexicanos piensan que el gobierno gasta los impuestos de manera ineficiente y sin transparencia, mientras que siete de cada diez afirman que el pago de impuestos es injusto en relación con los servicios que recibe.

En tanto, ocho de cada diez opinaron que la situación económica del país ha empeorado en los últimos 12 meses y que del 2013 al 2016 se registró un incremento acumulado del más del 20 por ciento en el precio de las gasolinas.

Alejandro González Arreola, representante del Colectivo “Por un Presupuesto Sostenible”, dijo que en México se tiene uno de los poderes Legislativos con más atribuciones en materia fiscal; sin embargo, es un Poder que sistemáticamente ha sido renuente a ejercer estas capacidades, políticas y técnicas.

“Tenemos un coctel de factores de altísimo riesgo: las constantes revisiones a la baja del crecimiento económico, precio de petróleo en los suelos” y un proceso de endeudamiento como proporción del Producto Interno Bruto en crecimiento del 30 por ciento en el último lustro, así como pensiones y gastos en salud que hace que la perspectiva de desarrollo a mediano y largo plazo sea adversa”.

Apuntó que el sistema fiscal está enfrascado en una visión miope de corto plazo, donde el Poder Legislativo es corresponsable y parte del sistema; sin embargo, tiene la posibilidad de avanzar en la materia si se crea una oficina de responsabilidad hacendaria, integrada por ambas Cámaras en la que se regule la participación pública en el proceso presupuestario.

Propuso que a través de las oficinas de responsabilidad hacendaria o consejos fiscales autónomos del Poder Ejecutivo se realicen investigaciones con un enfoque de sostenibilidad de las finanzas públicas desde una perspectiva de mediano y largo plazo, que incorpore variables de ingreso, gasto, deuda, pasivos que coadyuven al análisis del presupuesto.

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