• Los expertos de Naciones Unidas entregarán informe preliminar este 7 de septiembre; reporte final, dentro de tres o cuatro meses

• Anticipan que se documentaron 61 casos de personas afectadas por actividades empresariales

• Conocen contaminación del Río Santiago y la inconclusa construcción de la presa “El Zapotillo”

05-09-2016.- Diputados presidentes y secretarios de diversas comisiones legislativas sostuvieron una reunión con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Empresas, para conocer la situación que enfrenta el país en esta materia.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Víctor Manuel Giorgana Jiménez (PRI), resaltó la necesidad de saber, en su momento, los resultados de este grupo de expertos sobre “la realidad de México, y ampliar el horizonte legislativo que se desarrolla en la materia”.

Manifestó su disposición de atender las recomendaciones que pudieran hacer, mantener el diálogo y efectuar un trabajo de armonización y alineamiento de leyes nacionales con tratados y convenios internacionales de los que México es parte.

El presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, Pavel Sulyandziga, explicó que la encomienda es divulgar los principios rectores del organismo internacional sobre las empresas y los derechos humanos, así como promover las buenas prácticas sobre la elaboración de leyes y políticas nacionales en la materia.

Informó que luego de su visita y análisis, se realizará un informe de la situación respecto a las actividades empresariales y los derechos humanos y, posteriormente, formularán recomendaciones de lo que sería necesario implementar para mejorar la situación.

Aclaró que de momento no pueden compartir resultados, “porque falta otro día de trabajo y se presentará el informe preliminar el 7 de septiembre”. El reporte completo estará en tres o cuatro meses.

Al participar, el experto del grupo, Dante Pesce, señaló que en México han observado una falta de armonización de políticas en los tres niveles del Estado y hay áreas grises de responsabilidad frente a los impactos negativos.

Dijo que tienen 61 casos documentados de personas perjudicadas por tareas empresariales, varios de ellos generados por entidades estatales, y se cuenta con testimonios de 80 víctimas afectadas directamente por actividades corporativas.

Con esto, expresó, se busca un diálogo constructivo y hacer recomendaciones basadas en la información más fidedigna y equilibrada posible.

Añadió que el grupo fue invitado al país para observar el nivel de conocimiento y uso de los principios de integración al marco de políticas públicas y prácticas empresariales, y hacer recomendaciones a las autoridades sobre las acciones que lidere el gobierno.

Al plantear sus cuestionamientos, la diputada Candelaria Ochoa Ávalos (MC), secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, se refirió a la contaminación del Rio Santiago, y al caso de la presa “El Zapotillo”, la cual tiene una inversión multimillonaria que después de casi ocho años no tiene conclusión; es más, continuó, ni se está construyendo y ya ha afectado a la población.

Solicitó la intervención de este grupo en el tema de los asesinatos de periodistas, en el que “México tiene un alto índice”. Señaló que en Veracruz, en este sexenio cerca de 15 periodistas han sido muertos, supuestamente en accidentes o por vínculos con el crimen organizado “y una serie de construcciones que se han elaborado a partir de ahí”.

La presidenta de la Comisión de Energía, diputada Georgina Trujillo Zentella (PRI), dijo que a raíz de la reforma energética y de los nuevos ordenamientos en la materia, se prevén procedimientos que deben seguir las empresas para cumplir con la anticipación de los impactos ambientales y sociales.

Refirió que está previsto que los nuevos contratos que se llevan a cabo bajo el amparo de la reforma energética, deben cumplir con todos los protocolos internacionales, no solamente los establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sino también los nuevos que se han incorporado en la legislación.

La presidenta de la Comisión Trabajo y Previsión Social, diputada Ana Georgina Zapata Lucero (PRI), resaltó que México ha dado pasos importantes en derechos humanos; sin embargo, reconoció que todavía falta mucho por hacer e hizo votos por conocer las experiencias extranjeras, darle trámite y viabilidad, con el propósito de fortalecerlos en el país.

Agregó que desde esa Comisión se han dado grandes avances, como la reforma a las tablas de enfermedades laborales y los permisos de cinco días con goce de salarios para los trabajadores. “La finalidad ha sido fortificar el marco laboral”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Armando Luna Canales (PRI), subrayó que en la Constitución, desde el 2011 a la fecha, ha habido un cambio drástico acerca de cómo se entienden los derechos humanos en el país y cómo los alcances de estas reformas a la Carta Magna están llevando a cosas que nunca se visualizaron.

Precisó que la Constitución tiene un mandato a las autoridades, de todos los órdenes de gobierno. “Somos responsables de proteger y difundir los derechos, pero se dejó fuera al sector privado, y con ello omitimos que hay empresas, que por su capacidad económica y presencia en el mercado, son capaces de violar las garantías de los individuos”.

A su vez, el diputado Gustavo Madero Muñoz (PAN), presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, aseguró que las consultas a los pueblos indígenas que realizan las empresas que van a instalarse en alguna zona del país, “es un trámite que hacen simplemente para cubrir un requisito, pero no para incluir o conciliar los intereses o visión de esa población”.

Dijo que, en México, pocas personas con grandes privilegios se apropian de los recursos y oportunidades de los grupos más vulnerables. Refirió la pobreza de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, y la extracción de sus recursos por compañías, que “imponen sus lógicas económicas con un gran costo cultural y social para las comunidades”.

Pavel Sulyandziga, presidente del Grupo de Trabajo, señaló que en México existe el índice más alto asesinatos de los defensores de derechos humanos, por lo que expresó su preocupación y estimó que debe preocupar al Estado y poner una atención especial.

Consideró que el Estado mexicano sí realiza un gran trabajo; sin embargo, dijo, si no hay resultados, esto repercutirá en la reputación del país. “Nosotros hemos visitado cuatro estados y escuchado muchos casos relacionados con violaciones concretas y es por eso que ahora vamos a preparar nuestro informe y a considerar todo lo que hemos visto y escuchado”.

También estimó que existe una gran falta de comprensión entre el gobierno y los representantes de la sociedad civil, pueblos indígenas, afectados o víctimas. “Aunque existe un espacio que nos une a todos, lo que falta es el deseo de encontrar los compromisos y colaboración; ese deseo se nos comunica a nosotros pero vemos que los conflictos siguen existiendo y sucediendo”.

Sulyandziga refirió que al observar a los representantes de las empresas y de las organizaciones de derechos humanos en México, se tiene la sensación de que no viven en la misma nación, sino en diferentes planetas porque no tienen contacto.

Consideró que existen muchos intereses alrededor de este tipo de relaciones, pero lo más importante es trabajar conjuntamente para que el país sea mejor y las decisiones beneficien a las comunidades. Hizo votos por que México y sus autoridades accedan a la unidad y la vida trascurra de forma más igualitaria para todos los sectores sociales.

Dante Pesce refirió que visitaron las zonas del Río Santiago y de la presa de “El Zapotillo” y lo que percibieron fue que existe en México una cultura, desde el punto de vista del desarrollo de proyectos de inversión, de carácter autoritario, la cual hoy en día no sería el modelo idóneo, porque se tiene una sociedad más educada, con expectativas más altas y organizada.

Subrayó que los principios rectores proponen un enfoque en donde la judicialización o el amparo son el último recurso, mientras que para las comunidades locales es el primero; entonces, cuando un proyecto no les gusta lo primero que buscan es el amparo, lo que implica repensar qué no se ha hecho bien y qué falla en el sistema.

Por ello, recomendó que las consultas previas de un proyecto sean lo más temprano posible y que permitan decir si éste es viable o si se tiene que ajustar.

Aseguró que hoy en día está demostrado que anticipar conflictos, prevenir y evitar impactos negativos, tienen un efecto positivo sobre las inversiones y la competitividad, ya que el mejor lugar para hacer negocios es donde el Estado de derecho se respeta plenamente.

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