06- 09- 2016.- Organizaciones de la sociedad civil integrantes del Colectivo por un Presupuesto Sostenible (Colectivo PESO) entregaron a diputados una iniciativa ciudadana que impulsa la apertura del Congreso y de las autoridades hacendarias, para que personas físicas y morales presenten sus propuestas y recomendaciones en el diseño del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Durante el foro internacional “El Poder Legislativo y su rol frente al Proceso Presupuestario”, organismos de ciudadanos mexicanos y especialistas de Brasil, Filipinas y Eslovenia coincidieron en la importancia de involucrar a la población en definir la inversión de los recursos públicos, a fin de apuntalar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestario.

La diputada Minerva Hernández Ramos (PAN), integrante del Caucus Anticorrupción, se comprometió a hacer propias las iniciativas ciudadanas e impulsarlas en el proceso legislativo. “Lucharemos en el Congreso para traducirlas en artículos del PEF o en iniciativas para modificar las leyes de Ingresos, de Derechos o de Responsabilidad Hacendaria o las que competan”.

Resaltó el compromiso y responsabilidad de los legisladores en incidir en redireccionar el presupuesto, sin descuidar los ingresos, porque para que haya gasto debe haber captación de recursos. Avaló la retroalimentación especializada con organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento del gasto público de la nación, ya que robustece la perspectiva y conocimiento de los parlamentarios para definir el presupuesto.

El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD), apuntó que el presupuesto es el instrumento legislativo más importante de México, pero lamentó “la forma atomizada” en que se integra cada año, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recibe las propuestas de cada dependencia y entidad pública, y llega al Congreso como un instrumento inamovible, con un margen pequeño de discusión.

Convocó a “repensar el diseño presupuestal para modificar la inercia que prevalece. Se debe modificar y revisar la integración y ejercicio del gasto en todas sus etapas y verificar cómo funciona, para dignificar el papel de los legisladores”.

Se pronunció por impulsar la institucionalización de la participación ciudadana en la discusión del presupuesto que vincule una nueva visión del desarrollo del país, a fin de que el Poder Legislativo sea un contrapeso en su definición. El objetivo, dijo, es garantizar la eficiencia del gasto público.

Propuso la creación de un órgano especializado de carácter bicameral que dote a las cámaras y órganos de gobierno de información fiscal y financiera, antes de elaborar el presupuesto frente a diversos escenarios económicos nacionales e internacionales, para evitar depender de declaraciones coyunturales y evaluar el impacto en las variables económicas.

Por Morena, el diputado Juan Romero Tenorio hizo suyas las recomendaciones presupuestarias del Colectivo PESO; las consideró como “líneas de acción legislativa en la revisión del Paquete Económico 2017” que obliga a implementarlas mediante puntos de acuerdo, iniciativas o reservas en la discusión final”.

Las iniciativas ciudadanas “obligan a todos los legisladores a adoptar una postura proactiva y encontrar nuevas definiciones de cómo la sociedad civil debe considerar al Congreso, porque el Poder Legislativo se ha separado de la sociedad civil en la recepción de propuestas, de crítica o evaluaciones sobre la forma de desarrollar la economía del país”.

“Las propuestas de las organizaciones civiles marcan un nuevo quehacer legislativo que cruzan por líneas fundamentales de transparencia, rendición de cuentas e impulsan la responsabilidad de los servidores públicos, porque una mala decisión genera perjuicios graves para muchos ciudadanos que por una mala política económica o administrativa no acceden a servicios básicos como la salud”, aseveró.

Liliana Ruíz Ortega, investigadora de Presupuestos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, presentó una iniciativa ciudadana que impulsa la participación de la población en las tres etapas del diseño y presentación del Paquete Económico.

El objetivo es garantizar el derecho a la colaboración y fomentar la confianza en el Congreso para mejorar la toma de decisiones y las políticas públicas.

Alfredo Elizondo, coordinador del Colectivo PESO, mencionó que las 10 organizaciones que forman parte del Colectivo Por un Presupuesto Sostenible, generaron alrededor de veinte recomendaciones para mejorar la parte de ingresos en el Presupuesto de Egresos la Federación (PEF) para el 2017.

El propósito de las propuestas, dijo, es modificar artículos específicos de la Ley de Ingresos y el PEF, ante un contexto económico difícil por los bajos precios del petróleo, lo que deriva en menores recursos para el gasto, y por el crecimiento sostenido de la deuda pública.

Liliana Alvarado Baena, de ETHOS Laboratorio de Políticas Públicas, manifestó que hay una preocupación sobre la poca visibilidad que tiene el presupuesto de gastos fiscales, por lo que es necesario que este documento se presente al mismo tiempo que el Paquete Económico.

Con su presentación simultánea, aseguró, se dará más visibilidad a los egresos y se podrán tomar decisiones sobre las pérdidas recaudatorias, los ingresos y los gastos. Además, continuó, “hoy no existe un presupuesto de gastos fiscales ciudadano, no hay un PEF ciudadano. Tendría que hacerse un documento con información simple y fácil de entender para la población”.

Daniela Díaz Echeverría, de Fundar, explicó que sus propuestas se concentran en profundizar el acceso a la información y en la rendición de cuentas en el Presupuesto. Existe una carencia al respecto, reiteró.

Expuso que su propuesta es modificar el artículo 34, el cual regula el sistema de protección social en salud. “Se busca establecer la obligación de abrir el sistema de información”.

De México Evalúa, Esther Ongay, presentó algunas recomendaciones para el Paquete Económico 2017: mayor transparencia, rendición de cuentas, mayor contrapeso del Poder Legislativo en el proceso presupuestario, conocer cómo se gasta y se financia, los niveles de deuda y en qué se invierte.

Detalló que en los informes trimestrales y la Cuenta Pública, se propone hacer una explicación detallada de la variación entre el monto aprobado y el efectivamente ejercido a nivel programa, ramo y objeto específico. Y que cuando estas variaciones en el monto sobrepasen el 10 por ciento, se expliquen las causas y cuáles son los beneficios, agregó.

Del mismo modo, dijo, cuando las adecuaciones sean aún mayores, el Ejecutivo deberá presentar al Legislativo una explicación del por qué necesita estos cambios y esperar a su aprobación para poder ejercer ese dinero.

Por Filipinas, Anabelle M. Atillo, directora regional del Departamento de Presupuesto, explicó la estrategia de su país para diseñar un presupuesto con la participación de los ciudadanos; refirió la analogía de un matrimonio en donde ambas partes tienen los mismos intereses y eso garantiza no desviar los objetivos ni los recursos.

Se pronunció por empoderar a los ciudadanos mediante un Presupuesto Participativo, que es “clave para promover la transparencia y reducir la ineficiencia gubernamental en el ejercicio del gasto”. Es un proceso democrático que alienta la integración de las organizaciones civiles y monitorea los proyectos; los ciudadanos se vuelven socios efectivos del gobierno para evaluar el uso de los recursos, aseguró.

A nombre de la República de Eslovenia, Jorg Petrovik, vicepresidente del Tribunal de Cuentas, sostuvo que el diseño del presupuesto y el crecimiento de la deuda pública de un país exige reglas claras de control fiscal. Sólo así se logrará establecer la sustentabilidad del gasto público, a largo plazo, vinculado a los ciclos económicos, a fin de equilibrar las etapas de crecimiento con las de desaceleración.

Dijo que las reglas fiscales deben evitar el crecimiento de la deuda interna. Señaló la necesidad de que gobierno y sociedad civil trabajen en la definición del presupuesto y evaluar el crecimiento de la deuda pública, en un marco de flexibilidad que evite arriesgar al Estado.

De Brasil, Daniel Avelino, integrante del Instituto de Investigación Económica Aplicada, refirió las acciones de su nación para alentar la participación de la población en el diseño del gasto público. Destacó que las propuestas populares garantizan que los funcionarios cambien su proceder y tomen decisiones que mejoren la asignación y ejercicio presupuestal.

Apuntó que más de 90 organizaciones de la sociedad civil presentaron al gobierno y al Congreso brasileños una carta abierta para cambiar los parámetros del diseño presupuestal, que alentarán la transparencia.

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