06-09-2016.- En el análisis del Cuarto Informe de Gobierno, en materia de Política Interior, diputados del PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano, así como el legislador Independiente, aseguraron que el país padece una crisis humanitaria, de violencia, de instituciones, de corrupción y legitimidad.

A su vez, legisladores del PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social, reconocieron logros en materia de seguridad pública, como reducción de los homicidios dolosos, secuestros y robo a vehículos, gracias a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad.

La diputada del PRI, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, destacó que la política interior de México es eficaz, respetuosa de la diversidad y la salvaguarda de los derechos de todos. “Reivindica sus resultados en una gobernabilidad democrática que confirma el sentido de nuestras reformas y el apoyo mayoritario a la transformación nacional y al rumbo que ha tomado el país”.

Dijo que durante los primeros cuatro años, el gobierno federal ha fomentado el diálogo y el acuerdo como fórmula para que las “cosas buenas cuenten y cuenten mucho”. Gracias a esto, continuó, la transformación de México es real y avanza de manera clara e innegable. “Hay reformas estructurales en marcha y preservamos libertades, aunado a la construcción de una sociedad de derechos”.

El priista Álvaro Ibarra Hinojosa señaló que Enrique Peña Nieto, luego de haber recibido un país en guerra, gobierna un México en creciente paz. “Lejos de promover una absurda guerra, le apuesta a la fraternidad con seguridad y justicia”. Añadió que los delitos de alto impacto han disminuido, así como los homicidios, los secuestros y las extorsiones.

Hoy, afirmó, se asegura que los recursos públicos lleguen a las personas que más lo necesiten y, con la Plataforma Digital Nacional, “todos los ciudadanos podrán acceder a un sistema de denuncias públicas por hechos de corrupción y faltas administrativas”. En materia de derechos humanos, añadió, la actual administración se abrió a la revisión y supervisión, se impulsa el respeto de los mismos y se reconocen los problemas en esta materia.

Por Acción Nacional, el diputado Marco Antonio Gama Basarte consideró que lo que existe es “fracaso gubernamental”, ya que la administración no responde a los problemas más sentidos de la sociedad. “Vemos un México que enfrenta serios problemas en distintas regiones del país donde los índices de seguridad y violencia van en ascenso y nos colocan en el lugar 140 de 164 países evaluados por el Instituto para la Economía y la Paz, apenas por encima de Palestina, Sudán, Libia, Afganistán, Irak o Siria”.

Subrayó que la nación mexicana se caracteriza por un conflicto social que no ha encontrado los cauces adecuados de distensión o solución por parte del gobierno. “Carreteras bloqueadas, robo e incendio de autobuses, poblados cercados por grupos de presión, saqueos, escuelas cerradas, empresas en quiebra, asesinatos de alcaldes. Todo esto es una constante que no se reconoce ni atiende”, afirmó.

La diputada panista, Nelly del Carmen Márquez Zapata, indicó que a cuatro años de gobierno se fracasó en materia de seguridad pública, pues los datos oficiales así lo indican. “Los homicidios dolosos tuvieron un repunte desde marzo del 2015, al aumentar de mil 200 al mes a más de mil 800 en julio del 2016; mientras, de agosto de 2015 a julio de 2016 se reportaron 16 mil 832 homicidios dolosos”.

Resaltó que este informe sólo arroja datos preocupantes “no solamente porque nos dijeron que sabían gobernar y han demostrado lo contrario, sino porque se ha puesto en juego el clima de paz y orden que debe prevalecer. El PAN seguirá trabajando, analizando los resultados, revisando propuestas y exigiendo cuentas al gobierno, pues México merece un mejor destino y entorno que el que hoy enfrenta”.

Erick Juárez Blanquet, legislador del PRD, puntualizó que México vive la mayor crisis humanitaria, de violencia, de instituciones, de corrupción y legitimidad. Los indicadores muestran un repunte sostenido de la violencia en varias regiones del país, con el nivel más alto de homicidios en lo que va del sexenio, además de los secuestros y extorsiones. “Son 78 mil muertos acumulados que hacen del país un verdadero panteón”, agregó.

Consideró que Enrique Peña Nieto perdió legitimidad desde hace mucho tiempo, debido a sus errores y desaciertos por la corrupción de la casa blanca, del departamento en Miami, de Malinalco y por los conflictos de interés. Afirmó que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia, poco podrán hacer en el corto plazo para enfrentar la deshonestidad.

Su compañero de bancada, Rafael Hernández Soriano, enfatizó que los casos de tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las apariciones de cadáveres, las violaciones a derechos humanos y el incremento de los índices de violencia criminal, así como el empoderamiento del crimen organizado, son focos que indican que la política de seguridad implementada por el gobierno ha fallado.

Expresó que es indispensable redireccionar el rumbo del país y, para ello, todos los ciudadanos debemos ayudar en esta tarea. “El PRD está convencido de que la reorientación de las acciones en materia de política interior es impostergable, el poder legislativo tiene que ejercer todas sus atribuciones que le corresponden para enderezar el camino de la nación”, subrayó.

Al defender la política interior del gobierno, el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (PVEM) mencionó que la seguridad pública es uno de los logros alcanzados en esta administración. Reconoció que los programas y acciones implementados en toda la República disminuyeron los homicidios dolosos, secuestros y robo a vehículos; además, se estableció como prioridad la captura de 122 cabecillas del crimen organizado y a la fecha se ha detenido a 101.

Agregó que el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia ha cambiado el entorno social, educativo, y deportivo. La política interna no sólo la construye el Ejecutivo federal, sino también el legislativo, los gobiernos estatales y la sociedad, por lo que es importante continuar una estrategia donde prevalezcan el diálogo y el consenso.

De ese mismo grupo parlamentario, la diputada Lía Limón García afirmó que este gobierno tiene una profunda vocación democrática y de inclusión social, así como de respeto a los derechos humanos. “Sólo condiciones de estabilidad y paz social, dan seguridad y certeza para el desarrollo. La protesta violenta, el arrebato y la fuerza, lejos de crear comunidad, dividen y dañan gravemente la economía, la vida social y la imagen del país”.

Destacó que uno de los avances importantes es la disminución de índices delictivos de 2012 a la fecha, reflejada en los casos de extorsión, robo, homicidio y secuestro. También, se ha establecido la Estrategia Nacional Antisecuestro, el fortalecimiento de la política penitenciaria y el impulso a un nuevo modelo de desarrollo policial y, en materia de derechos humanos, hay una reducción del 46 por ciento de las recomendaciones emitidas por la CNDH hacia la administración pública federal.

Por Morena, la legisladora Delfina Gómez Álvarez señaló que el cuarto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto se presenta en el peor momento de su gestión, ya que “su descrédito es fruto de la corrupción imperante, de la violencia incontenible, de la inseguridad amenazante y de la incapacidad para combatir la delincuencia organizada”. En política interior, resumió, el gobierno entrega malas cuentas por cuarto año consecutivo.

Dijo que su partido seguirá pugnando por que se respeten el Estado de derecho y las libertades políticas, de expresión y de manifestación; para que se revise el funcionamiento de todo el gobierno; se eliminen gastos improductivos, el derroche y los privilegios; por erradicar la corrupción; ejercer la política como imperativo ético y llevar a la práctica la austeridad republicana, como condición para alcanzar la gobernabilidad democrática que el país necesita.

También, de esa fracción, la diputada Sandra Luz Falcón Venegas estimó que el gobierno federal es el responsable directo del deterioro y la debilidad institucional de los ayuntamientos, ya que no se les respetan los recursos económicos para contar con la mínima infraestructura ni con las policías medianamente pagadas o capacitadas.

En materia de derechos humanos, indicó, “no se conoce la grave crisis de derechos humanos que vive México y que se agrava por el contexto de una estrategia de manipulación deliberada y encubrimiento de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, cometidas por los cuerpos de seguridad”. Lo único que se logra es hacer evidente “la incapacidad del Estado mexicano para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y proporcionar seguridad a los ciudadanos”.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (Movimiento Ciudadano) puntualizó que el combate a la corrupción es tema que ha adornado muchos discursos, alimentado iniciativas y movido múltiples reuniones, “pero que no ha dado ningún resultado en la práctica. Esto no hace más que alimentar el desencanto de la gente, alimentar la impopularidad de esta noble actividad, que es la política y alimentar a los movimientos radicales e intolerantes”.

Se tiene un Poder Ejecutivo debilitado y hay un vacío. “El Legislativo, debe asumir la conducción política del país. Llenemos esos huecos, suplamos esas deficiencias y a través de las atribuciones legislativas y las iniciativas de ley, de los puntos de acuerdo, de la fiscalización y supervisión a la que tenemos derecho, ayudemos a que México tome el rumbo”.

A su vez, su compañero de bancada, legislador Víctor Manuel Sánchez Orozco, sostuvo que la conducción del gobierno federal en materia de derechos humanos ha evidenciado su grave displicencia ante el incremento generalizado de las violaciones que se dan.

Estimó que la gravedad de la crisis alcanza niveles solo vistos en territorios que atraviesan conflictos bélicos internacionales, ya que aproximadamente hay 30 mil desaparecidos, 150 mil homicidios y 280 mil desplazados. Sin embargo, “el gobierno federal ha resultado visiblemente rebasado”, ya que a casi un año de creada la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas, sólo ha localizado a 13.

De Nueva Alianza, el diputado Carlos Gutiérrez García señaló que en estos cuatro años de la presente administración se han generado avances; empero, “aún estamos en la construcción y reconstrucción de las instituciones y los mecanismos que sean capaces de cumplir con la importante tarea de promover el desarrollo integral de la población, dando respuesta a la diversidad de sus demandas sociales”.

Reconoció los logros alcanzados en la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad y el compromiso asumido por las mujeres y hombres que integran la Gendarmería Nacional. Urgió a solucionar el cúmulo de asuntos que siguen dañando la credibilidad y confianza en las instituciones responsables de la procuración de justicia, pues la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2015 acotó que el costo nacional a consecuencia de la inseguridad y el delito fue de 227 mil millones de pesos.

Su compañera de bancada, diputada Carmen Victoria Campa Almaral reconoció los avances que existen en salvaguardar los derechos humanos; sin embargo, dijo, no es suficiente, ya que persisten señalamientos de vulneración en los actos de gobierno sin que sea exclusivo del ámbito federal. Urge que las autoridades cumplan con su labor y se adecuen a las coyunturas políticas, económicas y sociales.

Subrayó que se cuenta con una estructura institucional sólida como el Sistema Nacional Anticorrupción; no obstante, las demandas de la sociedad son cero tolerancia y castigo a los funcionarios que incurran en actos sancionables, por lo que se debe velar por la correcta aplicación de parte de las instituciones.

Cynthia Gissel García Soberanes, legisladora de Encuentro Social, expresó que transformar a México resulta complicado, menos cuando se ha optado por una estrategia diferente, dinámica e integral. “Esperamos que los resultados sean para bien. Hay que reconocer que se obtuvieron frutos importantes, como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y la Disciplina Financiera”.

Llamó a coadyuvar en reformas de fondo en materia de seguridad, como la de Mando Único que vendría a darle fortaleza a la prevención del delito y el combate del mismo. Recomendó no tocar ni recortar el fondo para los estados ni la nómina educativa, al igual que el programa de zonas prioritarias. “Trabajemos en equipo y en coordinación con el Poder Ejecutivo y el Judicial. Aún faltan cosas para alcanzar una nación fuerte y poderosa, donde se respire libertad, progreso, modernidad, igualdad, solidaridad y confianza”.

La legisladora de ese mismo grupo parlamentario, Melissa Torres Sandoval expresó que en materia de seguridad pública y procuración de justicia, el gobierno federal decidió diseñar un nuevo enfoque de política interior, a fin de disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad y fortalecer el tejido social para inhibir las causas del delito y la violencia, así como construir policías profesionales.

El Cuarto Informe de Gobierno, expresó, nos muestra lo integrador del rumbo en el contexto del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, desde donde se impulsaron acciones para impactar en los ámbitos individual, familiar, escolar y comunitario.

El diputado independiente, Manuel Clouthier Carrillo, sostuvo que hablar de política interior obliga a dialogar sobre gobernabilidad, y destacó que tener a más de la mitad de los estados del país en crisis de violencia y gobernabilidad, porque los grupos criminales compiten con las autoridades por el monopolio del poder y de las armas, el control territorial y el cobro de los impuestos, “estamos hablando de un Estado fallido”.

Urgió a acabar con la impunidad “que maleduca a la clase gobernante y que tanto daño hace a la sociedad y a las instituciones democráticas del país”. Quizá parte del problema sea que los funcionarios del gobierno federal, quienes deberían mantener el orden en el ámbito interno de este país, “están muy preocupados y ocupados en la sucesión presidencial que se avecina para 2018, sin importarles qué país se entregará entonces”.

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