07- 09- 2016.- El presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Ignacio Pichardo Lechuga, estimó que a finales de septiembre se tendrá listo el capitulado de la nueva Ley General de Aguas, que contemple integrar el concepto caudal ecológico, para garantizar “una visión ecosistémica del agua”, una de las preocupaciones en la que se enfocan los diputados.

Afirmó que urge cambiar el marco jurídico que maneja el recurso hídrico ante la elevada emergencia en la que se encuentran algunas zonas.

Por ello, refirió la necesidad de crear infraestructura para embalses en un país con estrés hídrico y temporadas de altos niveles de lluvias y otras de escasez, propiciando la construcción de trasvases, opción última que debiera utilizarse para dotar de agua a una población, con la prelación hacia el consumo humano.

En reunión con investigadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), para conocer la situación actual y perspectivas del sector hídrico del país, Pichardo Lechuga resaltó la importancia de que el conocimiento científico y tecnológico sea el fundamento para diseñar la Ley General de Aguas.

El diputado priista garantizó que se diseñará un instrumento legal moderno, con un capitulado claro y expedito como lo han recomendado los expertos en el tema, el cual se analizará con los diversos sectores para llevar a buen puerto este proyecto.

Mencionó que el Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hace su propio trabajo. El propósito de los legisladores es conjuntar ambas propuestas, sobre todo porque existe coincidencia en el 90 por ciento de las proposiciones, y sólo se debatirá en el diez por ciento, donde no haya acuerdo.

El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) pidió garantizar la democracia hídrica en la nueva ley, y preguntó a los especialistas que en caso de crearse un órgano colegiado integrado por 400 distritos que manejen el agua en todo el país, quiénes lo conformarían.

El perredista Oscar Ferrer Abalos estimó que en las zonas áridas, semiáridas y desérticas el principal problema es la falta de agua, por lo que será indispensable incluir en la nueva normatividad la obligatoriedad de las instituciones gubernamentales, construir reservorios artificiales, ya que en estas zonas los centros poblacionales aumentan de manera importante. Pidió ampliar la información respecto al fracking (factura hidráulica) y la creación de trasvases.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios (PRD) preguntó cómo calcular los efectos del cambio climático cuando esto varía constantemente.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Angie Dennisse Hauffen Torres, expresó su interés por el tema del fracking, ya que los mantos acuíferos aportan el 70 por ciento del consumo del agua. También consideró que se debe destinar inversión en energías renovables en el próximo presupuesto.

En tanto, la diputada Nadia Haydee Vega Olivas (PAN) manifestó su interés por conocer la información respecto al agua en el subsuelo y si ésta se tiene cuantificada en todo el territorio mexicano.

La diputada María Chávez García (Morena) cuestionó sobre la privatización-concesión como solución a la administración del agua. Asimismo, si es acertado que la ley prohíba la fractura hidráulica en todo el país.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (Morena) inquirió si el IMTA se encuentra en capacidad de llevar a cabo el software para el cobro de los servicios del agua y si se puede desarrollar para aplicarlo. Además, cuestionó la viabilidad del caudal ecológico y si hay condiciones y experiencias para realizarlo.

Por el PRI, el diputado Germán Escobar Manjarrez pidió profundizar en el tema del agua para uso agrícola y su visión respecto a la urgencia de la nueva ley.

De la misma bancada, Evelio Plata Inzunza cuestionó si el IMTA tiene conocimiento de la cantidad de agua que se desperdicia en nuestro país y cuál es la necesidad de inversión para que ese líquido no se tire.

Garantizar sustentabilidad del recurso hídrico

Sergio Armando Trelles Jasso, investigador y subcoordinador de Planeación Hídrica del IMTA, aseveró que la nueva Ley General de Aguas debe ser un marco jurídico coherente y bien estructurado que atienda todos los aspectos -humano, ecológico, productivo, económico y cultural- y que sea armónico con los tratados internacionales y no sólo con Estados Unidos.

Afirmó que el problema central en el manejo del recurso es la no sustentabilidad, ya que acceder a este servicio genera crisis recurrentes, cada vez más graves, en todos los niveles del quehacer social, debido a la escasez, contaminación y el cambio climático que propicia riesgos de desastres, que destruyen la cantidad y calidad de recursos, rompiendo el equilibrio.

Propuso que la nueva ley establezca prioritariamente el concepto de “gobernanza hídrica”, que evite crisis en el abasto y manejo integral del recurso, ya que como como nación se necesita controlar la gestión que impida perderlo; de lo contrario, advirtió, el país se hará inviable.

Este proceso debe apoyarse en la ciencia y los avances tecnológicos, y en los criterios que establezcan los investigadores para alentar una “democracia hídrica”, ya que el agua es el recurso más importante que se tiene por encima del petróleo.

Propuso la creación de 400 distritos hídricos, lo que podría resolver hasta el 90 por ciento de los problemas, a través de alentar una economía de escala en las comunidades rurales, con lo que se practicaría la solidaridad social en torno al recurso.

Señaló la necesidad de crear un Consejo Hídrico que tome las decisiones en un marco integral, considerando las opiniones de todos los sectores y establezca el aprovechamiento de los cuatro servicios hídricos básicos, como el abasto de agua potable, alcantarillado, saneamiento y drenaje pluvial, sobre todo porque nadie quiere invertir para evitar inundaciones.

Advirtió que el modelo vigente en el manejo del recurso hídrico a través de los municipios, no ha funcionado; los consejos asignados no cumplen con sus facultades y sólo se usan en los procesos electorales, por lo que propuso cambiar el marco actual se solucione esta problemática del agua.

Consideró que los usos productivos del agua se tienen que conciliar con el consumo humano, ya que se requiere generar riqueza sin depredar el ambiente, a fin de encontrar el equilibrio, porque no se puede generar energía destruyendo el medio ambiente por medio del fracking, por ejemplo. Deben identificarse otros métodos que generen empleo y dinero sin lesionar la preservación del recursos hídrico, apuntó.

Rebeca González Villela, doctora en Ciencias de la UNAM e investigadora del IMTA, destacó que la nueva Ley General de Aguas debe garantizar el derecho hídrico ambiental, paralelo al derecho humano para acceder a este recurso, mediante la preservación del caudal ecológico de los ríos, con la construcción de embalses que aseguren el mantenimiento de los ecosistemas.

Afirmó que el caudal ecológico alienta un desarrollo sustentable. “Tenemos el compromiso de revalorar el recurso como un bien vital y limitado que no puede considerarse un derecho económico, sino humano que tiene que conservarse para garantizar un futuro a las nuevas generaciones”.

Enfatizó que los trasvases -obra hidráulica para incrementar la disponibilidad de agua desde una cuenca vecina- generan pérdida de canales y calidad del recurso, con el riesgo de desplazar a especies vegetales y animales de alto valor económico.

El fracking, explicó, es muy peligroso porque contamina acuíferos, y el 70 por ciento del agua que se consume proviene de ahí. Su práctica requiere mucha agua, con el peligro de perder caudales, biodiversidad y alimentos, y reducir la generación de empleo en la agricultura, ganadería y turismo.

Tampoco recomendó la privatización del sector, porque se ofrecería el recurso a partir de intereses financieros de consorcios y corporaciones privadas que no les importa la vida del ser humano ni la naturaleza, sólo su beneficio económico. Además, en este esquema, por lo general, se aumenta el costo del agua.

Alfonso Banderas Tarabay, doctor en Ciencias por la UNAM e integrante del IMTA, propuso que el precio de los servicios del agua, debe ser el mismo en todo el país y la tarifa sea autoregulable, que incluya los costos de operación, mantenimiento y administración federal y municipal.

Enfatizó que sólo con una perspectiva integral del manejo hídrico se podrá recuperar la inversión que se realice para garantizar la prestación de los servicios. Propuso que un porcentaje de la tarifa se destine a la investigación de técnicas innovadoras, que contribuyan a preservar el recurso en el país. Destacó que todos, sin excusas, deberán pagar cada metro de agua que se consuma

Señaló que el 31. 6 por ciento del agua está disponible; el 6.2 se encuentra en el subsuelo; el 5.35, concesionado y el 71.6 por ciento se evapora para prestar servicios ambientales, como regulador del clima, a través del efecto invernadero, escudo contra rayos ultravioleta y fotosíntesis, entre otros beneficios.

Destacó que debe considerase el “valor intrínseco” del agua, es decir, la transformación que hace la naturaleza del recurso. “De establecer un costo, cada metro cúbico costaría 65 centavos, que es lo que invierte el sol para proveernos de lluvia”.

Con un enfoque así, el agua “deja de ser una mercancía y un pretexto para cobrarla; el sol es un patrocinador de la vida y el recurso es un ente dinámico con carácter vital que debe respetarse y conservarse para asegurar la sobrevivencia”.

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