20- 09- 2016.- Los migrantes mexicanos en Estados Unidos representan uno de los asuntos más importantes para nuestro país, en especial por el respeto a los derechos humanos. Por ello, las instituciones y órganos de gobierno de México deben buscar soluciones y canales de cooperación para que nuestros connacionales reciban un trato digno, afirmó la diputada Gina Cruz Blackledge, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.

A pesar de la disminución de mexicanos migrantes al vecino país a partir de 2008, los problemas que enfrentan al ingresar de manera irregular continúan: desde la violencia que sufren en su trayecto a manos de la delincuencia, violaciones a sus derechos humanos en México y EU, hasta las leyes antinmigrantes que criminalizan su entrada ilegal.

Destacó que este fenómeno es un tema prioritario en la agenda nacional e internacional que exige actualizar la legislación y las políticas públicas para ordenar y regular sus implicaciones sociales, económicas y culturales, a fin de salvaguardar los derechos humanos de la población migrante y evitar que se le criminalice.

Durante el Seminario “Visión y Perspectivas de la Política Exterior de México”, sostuvo que la protección y asistencia migratoria promueven el respeto a los derechos de las personas, incluyendo el debido proceso de ley; evitar daños y perjuicios a ellas o a sus intereses; vigilar que no se cometan injusticias o arbitrariedades de parte de autoridades extranjeras, y combatir actos de discriminación.

Resaltó la actividad consular para prestar ayuda y asistencia a connacionales, brindar orientación y asesoría, y tomar medidas para asegurar su adecuada representación ante las autoridades locales, en particular en apoyo a la comunidad mexicana en Estados Unidos, que es la más numerosa de todas las que residen allí y la mayor migración mexicana en el mundo, y está concentrada en California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada y Colorado.

Señaló que el desplazamiento de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos es esencialmente un fenómeno laboral impulsado por la interacción de factores que operan en ambos lados de la frontera.

En la mesa de análisis “Relaciones con Estados Unidos de América: protección y asistencia a la diáspora”, Jacob Prado González, director general de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Cancillería, destacó el perfeccionamiento de la estrategia de atención a los migrantes en Estados Unidos, a través de los 51 consulados existentes, cuyos funcionarios se capacitan constantemente.

Refirió la elaboración de un nuevo protocolo de atención en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para los menores migrantes no acompañados, en el cual se priorizarán los motivos del infante para determinar su estatus en otro país, porque puede ser víctima de violencia familiar o comunitaria, y por eso huye de su país de origen en busca de mejor calidad de vida.

Anunció que en noviembre entrante se emitirá un nuevo protocolo con ONU Mujeres para establecer un enfoque de género en el fenómeno migrante, -ya que tiene muchas peculiaridades que no se habían atendido, como la trata de personas-, que se reforzará con la ventanilla integral en los 51 consulados existentes en Estados Unidos para consolidar la “sensibilización de género”.

Además, se fortalecerá la protección a migrantes indígenas como un grupo vulnerable que requiere una estrategia específica para resolver sus problemas. Todos estos programas buscan empoderar a los migrantes a fin de que conozcan sus derechos y sean respetados.

Pablo Vázquez Camacho, director general de Planeación Estratégica y Vinculación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), solicitó al Congreso armonizar el marco jurídico en materia educativa con Estados Unidos, para promover el intercambio académico y revaliden los conocimientos adquiridos por los migrantes mexicanos.

Destacó la importancia de que los legisladores conozcan los programas para migrantes y los apoyen mediante iniciativas jurídicas que contribuyan a empoderarlos por medio de la educación.

Explicó que el IME impulsa un Programa de Atención Estratégica para migrantes, basada en la integración de las comunidades, para cerrar la brecha de desigualdad económica, social, laboral, educativa, de vivienda y cultural. Sólo así se les ofrecerán más herramientas para su desarrollo integral, cumplan sus obligaciones y exijan el respeto a sus derechos.

En esa medida, agregó, se fomentará su vinculación productiva con México, más allá de las remesas que envían con la transferencia de conocimientos que beneficie a las zonas donde nacieron.

Se diseñará una Red Global de Talentos de mexicanos en el extranjero para frenar la fuga de cerebros, mediante la participación de migrantes con grado de licenciatura, maestría y doctorado, con el propósito de cambiar el paradigma del conocimiento y se comparta con más personas, detalló.

Elaine Levine, especialista del Centro de Investigación sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, refirió que prevalece la “gran polarización” en Estados Unidos en torno a la migración, ya que todos los sectores coinciden en que se requiere una reforma para atender el fenómeno, mientras que los republicanos apuestan a ganar la elección presidencial y ser primera fuerza en el Congreso para establecer su directriz sobre el tema.

Apuntó que resolver esta dicotomía no se garantiza después de conocer al ganador de la presidencia del vecino país del norte, en noviembre entrante, porque puede persistir el impasse condicionado a la preminencia en la conformación del Congreso, como ha ocurrido hasta ahora.

En la mesa “Relaciones con América Latina y el Caribe: la Alianza del Pacífico, la diputada Marcela González Salas, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, cuestionó los motivos que han impedido lograr acuerdos entre las naciones de Latinoamérica, cuando tienen tantas similitudes como el idioma, religión, arquitectura, cultura, agricultura e incluso la comida. La Unión Europea se tardó 40 años en unificarse, pese a prevalecer muchas diferencias, precisó.

El embajador Manuel Rodríguez Arriaga, titular de la “Cátedra Fernando Solana”, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, sostuvo que el gran desafío no sólo para Latinoamérica sino para todos los países en materia de política exterior, es que dicha estrategia contribuya de manera efectiva al proyecto nacional de cada país para que logren desarrollo económico, social y de las instituciones.

“Si no hay una política con sentido ético y visión de largo plazo, difícilmente se satisfacen los objetivos fundamentales de estabilidad y desarrollo consistentes con justicia. Si dejamos de ver hacia adelante podemos quedarnos entrampados, como ha sucedido en América Latina, en ideologías, en errores de cálculo y en ineficiencia que han impedido llegar a acuerdos regionales que beneficien a todos”.

La colaboración entre los poderes Ejecutivo y Legislativo exige reflexionar sobre estos temas para identificar conclusiones y tomar decisiones que vayan más allá de los intereses de corto plazo y partidistas y se diseñe una política exterior de Estado, aseveró.

Afirmó que se requiere revisar conceptos tradicionales sin abandonar principios y valores ni el sentido ético de la política exterior e interior de cada nación, porque ambas coexisten y se deben entrelazar adecuadamente para que sean eficaces de manera pragmática, porque “todos queremos mayor comercio e inversiones para generar más empleos y se reflejen efectos inmediatos a través del apoyo internacional hacia las políticas internas de desarrollo”.

Reyna Torres Mendivil, directora general para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), consideró que la relación de México con la región debe cambiar de paradigma, con el propósito de que sean más pragmáticas para que se logren resultados que contribuyan a promover el desarrollo integral de los países.

Ante el fenómeno migratorio regional vinculado con el desarrollo y la seguridad debe reflexionarse para identificar una estrategia de política exterior de México con visión pragmática, que establezca bases del manejo interinstitucional con Centroamérica.

La consideró una oportunidad histórica para construir instituciones, mecanismos y programas que regulen dicha migración, a fin de reducir los 500 puntos informales de cruce fronterizo cuando son ocho formales.

Miriam Medel García, directora general adjunta para la Integración Regional en América Latina y el Caribe de la SRE, explicó las bondades que ofrece la Alianza del Pacífico para sus cuatro integrantes -México, Chile, Colombia y Perú-, como un mecanismo de integración que busca la libre circulación de bienes y servicios, movimiento de personas, capitales y cooperación.

Afirmó que parte del éxito radica en su estructura con “base pragmática”, con un mecanismo que da dirección política, ya que en cinco años los presidentes de esos países se han reunidos once veces, reflejando una voluntad clara para revisar el acuerdo.

Informó que analizan la creación de una visa de la Alianza del Pacífico para no solicitar dicho documento a los visitantes de cada una de las cuatro naciones y el flujo migratorio se realice en condiciones de equidad y respeto, en un marco de servicios consulares en apoyo a los ciudadanos.

En la discusión de la mesa “Mecanismos de coordinación con el Poder Legislativo en materia de política exterior de México”, la directora general adjunta de Coordinación Política de la SRE, Montserrat Iglesias Servín, destacó la importancia de las Reuniones Interparlamentarias con Estados Unidos, ya que pueden abonar a la estrategia del gobierno para fortalecer la imagen de México en aquel país, “ante la complicada coyuntura electoral actual, caracterizada por discursos de odio y racismo”.

Es necesario reconocer la importancia de México ante Estados Unidos, pues hay un comercio bilateral de más de 500 millones de dólares; es el primer o segundo socio comercial de 30 estados de la Unión Americana; 12 millones de mexicanos nacieron en aquel territorio, y 2.7 millones podrían ser elegibles para la ciudadanía.

De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Marlene Alcántara Domínguez se pronunció por impulsar una política exterior de Estado, que debe formularse y conducirse en el respeto de las tareas de cada poder.

Planteó que es fundamental vincular a los poderes Ejecutivo y Legislativo y establecer una coordinación entre ambos, una interdependencia para hallar un contrapeso real que no existe en el marco constitucional. Llamó a construir esos contrapesos para realizar una política exterior de Estado, no coyuntural, de gobiernos o partidos.

El titular de la Unidad de Diplomacia Parlamentaria de la CD Javier Vega Camargo, dijo que la diplomacia parlamentaria permitirá privilegiar el diálogo, la capacidad de comunicación en distintas plataformas con todos los países “y en particular donde podamos encontrar cierta cerrazón del Ejecutivo”.

Además, dijo, dar pasos relevantes para conocer mejores prácticas, marcos jurídicos de otros países y contribuir a atender las acciones de vinculación con otras naciones. “En un mundo que se hace cada vez más chico, necesitamos tener una participación de todos los actores de la manera más profesionalizada posible”, subrayó.

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