• Iniciativa privada debe compartir con el Estado igualdad de riesgos y beneficios: diputados
• Se instala Subcomisi贸n de Seguimiento a estos proyectos, en el seno de la Comisi贸n de Vigilancia de la Auditor铆a Superior de la Federaci贸n (ASF)

23-09-2016 Ante el aumento de contratos para construir infraestructura en M茅xico, a trav茅s de las Asociaciones P煤blico-Privadas (APP), es fundamental dise帽ar nuevos marcos jur铆dicos que garanticen la fiscalizaci贸n, transparencia y rendici贸n de cuentas de los recursos que se invierten, adem谩s de alentar la participaci贸n ciudadana.

As铆 lo afirm贸 la diputada Alicia Barrientos Pantoja (Morena) durante la instalaci贸n de la Subcomisi贸n de Seguimiento de Proyectos de Asociaci贸n P煤blico-Privados, perteneciente a la Comisi贸n de Vigilancia de la Auditor铆a Superior de la Federaci贸n (ASF), de la que ser谩 su coordinadora.

Destac贸 que las APP, como esquemas de contrataci贸n, participaci贸n o alianzas, sustituyen al Estado en su obligaci贸n de ofrecer servicios como salud, educaci贸n, seguridad social y p煤blica e infraestructura urbana a la poblaci贸n, dificultando la rendici贸n de cuentas.

Por ello, es imprescindible 鈥渧igilar la manera en que los proyectos se licitan, identificar los intereses que verdaderamente hay detr谩s de 茅stos, los costos econ贸micos que suponen, el impacto ambiental y social, con tal de reducir los gastos y la distribuci贸n de beneficios de los mismos鈥�, asever贸.

Sobre todo por el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 del gobierno federal, dijo, el cual contiene 743 proyectos por un monto total de 7.7 billones de pesos en los sectores de comunicaciones y transportes, energ铆a, obra hidr谩ulica, salud, desarrollo urbano, vivienda y turismo.

Barrientos Pantoja coment贸 que en el Presupuesto de Egresos de la Federaci贸n (PEF) 2017, se propone la entrega de 11 proyectos a la iniciativa privada hasta por 25 a帽os, que compromete el pago de 18 mil 860 millones de pesos. Por ello, dijo, es de 鈥渧ital importancia que se vigilen los recursos p煤blicos que se ejercer谩n鈥�.

Al participar, el diputado Independiente, Manuel Clouthier Carrillo, afirm贸 que en la figura de las APP, el capital, los riesgos y el beneficio deben compartirse entre la iniciativa privada y el gobierno. Sin embargo, hay muchos casos donde el empresariado 鈥渢raslada al gobierno los costos, pero no los beneficios. Eso es un acto de corrupci贸n disfrazado de legalidad, que no se puede permitir鈥�, subray贸.

Record贸 la facultad que tiene la C谩mara de Diputados para aprobar el presupuesto y fiscalizar su debido ejercicio. Urgi贸 a no atentar contra el inter茅s general de la naci贸n, con este tipo de asociaciones.

La diputada de Morena, Araceli Dami谩n Gonz谩lez, expres贸 su preocupaci贸n por los proyectos de las APP, porque se vinculan con los derechos fundamentales de los mexicanos, como el acceso a la salud. Por ello, propuso 鈥渓a revisi贸n del marco jur铆dico para eliminar los huecos legales鈥� que pueden aprovecharse para no compartir riesgos en igualdad de condiciones.

Urgi贸 a revisar la correcta aplicaci贸n de recursos p煤blicos e identificar estrategias, para obligar a esas corporaciones privadas a cumplir sus obligaciones y actuar conforme a la ley en contra de quienes no la cumplan. 鈥淓s una tarea tit谩nica que debe lograrse鈥�, dijo.

Refiri贸 que 鈥渟e ve una serie de irregularidades en la construcci贸n de hospitales, tema relevante porque se compromete ese derecho. Hay nosocomios en M茅rida, Yucat谩n, que debieron haber operado desde el 2015 y la empresa privada no ha cumplido su obligaci贸n de entregar la obra鈥�.

Por el contrario, la compa帽铆a ha interpuesto una demanda judicial en tribunales internacionales y el gobierno mexicano enfrenta un juicio con la erogaci贸n de recursos que pudieron invertirse en otros prop贸sitos.

El diputado Francisco Javier Pinto, de Nueva Alianza, se comprometi贸 a vigilar el uso de recursos p煤blicos por m谩s de 18 mil millones de pesos en las APP para el pr贸ximo a帽o. Convoc贸 a estar pendientes de las licitaciones, de los intereses existentes y del impacto econ贸mico y ambiental, para garantizar la transparencia y rendici贸n de cuentas, a fin de dar respuestas a la ciudadan铆a sobre c贸mo y en qu茅 se gasta el presupuesto.

Aclar贸 que nadie en su sano juicio est谩 en contra de la inversi贸n privada, ya que genera el mayor n煤mero de empleos en el pa铆s, pero 鈥渟铆 debemos estar atentos en la forma en que se gasta el dinero en las Asociaciones P煤blico-Privadas, porque es ah铆 donde se puede lograr que verdaderamente funcionen estas inversiones en beneficio de los ciudadanos. Deben compartirse los riesgos y no s贸lo recuperar la inversi贸n y tener una utilidad鈥�.

El priista Javier Guerrero Garc铆a se帽al贸 la importancia que tiene la ASF para fiscalizar el uso del dinero en las APP. Propuso una reuni贸n con autoridades de la Auditor铆a, con el prop贸sito de conocer el nivel de cumplimiento de los contratos y obligaciones por parte de las empresas privadas que invierten en este esquema.

La idea es identificar las inconsistencias de las auditorias, las observaciones sobre el perfil de los contratos, en particular de la infraestructura hospitalaria, para recuperar la funci贸n de fiscalizaci贸n que tiene la C谩mara de Diputados. 鈥淓s estrat茅gico el trabajo que se desarrolle con la ASF para generar una agenda de realizaci贸n de auditor铆as鈥�.

Por otra parte, los integrantes de la Subcomisi贸n aprobaron por unanimidad el Plan de Trabajo, el cual prioriza la vigilancia de los proyectos de las APP, en apego al marco jur铆dico, para asegurar el control, fiscalizaci贸n y transparencia de los operadores.

Asimismo, acordaron elaborar un estudio y actualizaci贸n legislativa que fortalezca los mecanismos de transparencia y rendici贸n de cuentas en el monitoreo de los distintos proyectos de infraestructura que se plantean realizar en el pa铆s, mediante un ejercicio adecuado del gasto p煤blico que garantice la existencia de derechos de los ciudadanos, como el acceso a servicios p煤blicos.

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